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El sistema judicial es muy permisivo para que los abogados puedan dilatar al máximo la tramitación de sus casos. Las leyes están al parecer hechas tan perfectamente para lograr que un profesional del derecho pueda litigar con tanta mala fe, y al llegar al final del año judicial podemos rescatar dos claros ejemplos de lo que señalamos.
El primero se trata nada menos que un exfiscal procesado al ser encontrando in fraganti cobrando una coima. Nos referimos a Rubén Villalba, quien por haber sido parte de la administración de justicia conoce perfectamente cuáles son los pasos para dilatar su proceso.
Rubén Villalba era fiscal y tenía un caso de estafa en el que estaba procesado el abogado Daniel Mitjans. Según la denuncia el agente le ofreció a su procesado una “ayuda” en su caso. Mitjans denunció eso a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía y se montó un operativo para desenmascarar a Villalba.
El 29 de agosto de 2014 se pactó entre Villalba y Mintjans un encuentro en el Club Internacional de Tenis (CIT) donde se pagaría la suma de G. 43.000.000 para llegar a un arreglo. El entonces fiscal llegó hasta el lugar señalado y recibió el dinero y cuando iba a retirarse del sitio fue detenido por los fiscales Luis Piñánez y René Fernández, quienes recuperaron el dinero que antes ya había sido fotocopiado.
Desde entonces Rubén Villalba estuvo procesado por cohecho pasivo (coima) e investigado. En febrero de 2015 Villalba fue acusado y se pidió juicio oral. Desde entonces, a poco de cumplirse dos años del hecho, la audiencia preliminar no se puede llevar a cabo. Nueve veces Rubén Villalba, bajo todo tipo de figuras meramente dilatorias, viene suspendiendo la diligencia.
La Cámara de Apelación cuarta sala ya había señalado en uno de sus fallos que se deberían levantar las medidas alternativas que pesan sobre el acusado, por no querer someterse a la justicia. Sin embargo el juez del caso Alcides Corbeta todavía no tomó esa determinación. Lo que sí hizo el magistrado fue sancionar pecuniariamente a Villalba con G. 19.626.250 por ejercicio abusivo del derecho.
Quesnel
A inicios del año 2013 el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) debía invertir G. 3.127.191.812 para las comunidades indígenas de Saehoyamaxa y Yakye Axa, pero el dinero nunca llegó a destino. Se abrió una investigación y todo apuntó que el retiro fue realizado por Rubén Darío Quesnel, quien era el titular.
La fiscalía logró detectar que el dinero que desapareció y hasta hoy no apareció un solo guaraní fue retirado de forma irregular de dos cuentas que el Indi tenía en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
El retiro fue realizado en cinco operaciones distintas entre el 11 de enero y el 6 de febrero del año 2013, durante la administración de Quesnel.
En este caso se pidió juicio oral para Rubén Darío Quesnel, Marlene Mendoza Ferreira (exdirectora de administración y finanzas del Indi), Éver Otazo Martínez ( funcionario de Contraloría General comisionado en el Indi) y Óscar Viera (expresidente de la Fundación Reforeast Par).
Hace más de un año que el caso está para juicio oral y público, pero el inicio ya fue pospuesto por diez veces, debido a las innumerables chicanas que Quesnel va presentando.
A cada citación el acusado cambia de abogado, presenta incidentes, recusa al tribunal de sentencia o apela a cualquier maniobra para evitar que se inicie el juicio. De esta manera Quesnel cierra un año judicial sin ser llevado a juicio. El mismo no tiene nada que perder ya que está preso en la cárcel de Tacumbú condenado por vender tierras en el Chaco que les pertenecían a los Ayoreos.
La justicia es tibia, no solo con Quesnel y Villalba, sino con muchos otros procesados y sus respectivos abogados. Hay políticos, empresarios y particulares que también frenan el curso de las investigaciones de la justicia con chicanas y no hay sanciones de parte de los magistrados. Las pocas veces que se dan los castigos pecuniarios son ínfimos en relación al ingreso que tienen algunos de los acusados.
Existen acordadas y también el mismo Código Procesal Penal prevén sanciones para abogados y procesados chicaneros. En el caso de los procesados muchos tienen medidas alternativas que se les puede revocar, para que se sometan al proceso, pero solo en algunos contados casos se hacen efectivas estas sanciones, en la mayoría de los casos todo transcurre dentro de una modorra judicial, que hace lejano el ideal de “justicia pronta y barata”.