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Uno de los abiertos opositores al juicio político es el senador liberal Carlos Amarilla, quien en declaraciones públicas a diversos medios dijo y repitió que enjuiciando a tres ministros de la máxima instancia judicial no se logrará la esperada reforma de la administración de justicia.
Según Amarilla, el enjuiciamiento de no todos los altos magistrados de la cúpula judicial tiene el propósito de ubicar en la Corte a hombres de confianza del Gobierno de turno.
En opinión del senador Miguel Angel López Perito, exsecretario presidencial durante el gobierno de Fernando Lugo y actual representante del izquierdista partido Avanza País, el libelo acusatorio carece de argumentos jurídicos sólidos.
López Perito entendió que con el promocionado juicio político, el Gobierno busca colocar en la máxima instancia judicial a sus funcionarios o leales para así contar con una “Corte Suprema a la medida”, como ocurrieron durante los gobiernos anteriores de los últimos diez años.
Los contrarios al juicio político de los ministros de la máxima instancia judicial, también sostienen que el proceso en realidad es un chantaje porque mientras destituye y nombra a nuevos leales, envía un mensaje de advertencia a los cinco que se quedan, en este caso a los ministros Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta de Correa, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica.
Para los disidentes colorados, las acusaciones contra los tres ministros de la Corte Suprema no son convincentes y no evidencian ningún real interés de mejorar la administración de justicia.
Según otros cuestionadores del juicio político, con estas nuevas acusaciones los actores políticos del Congreso están demostrando una vez más su interés de contar con jueces complacientes o funcionales a sus intereses.
En ese sentido, los críticos sostienen que el presidente del Congreso Nacional, senador Blas Llano, es uno de los principales impulsores de este movimiento mediático para ubicar en la Corte a allegados suyos con miras a presuntos negociados y otras repartijas que generalmente forman parte de la oculta realidad política.
Los comentarios también apuntan a supuestos intereses que tendría el presidente Horacio Cartes para contar con una Corte Suprema a control remoto con magistrados títeres, obedientes y funcionales para los intereses de la política del gobierno.
Para lograr el proceso y destitución de los ministros acusados, se necesitan 30 votos en el Senado. Actualmente se cuentan con 27 votos en la búsqueda de ese objetivo.
Los informes dicen que 18 senadores no votarán por el juicio político.
Los contrarios al juicio político de los ministros sostienen que el proceso es un chantaje porque mientras destituye y nombra a nuevos leales, envía un mensaje de advertencia a los que se quedan