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El juez Gustavo Amarilla se opuso dos veces a “blanquear” al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, en el caso de presunta sobrefacturación del “superviaducto” de Madame Lynch y Avda. Aviadores del Chaco.
El magistrado remitió la causa a la Fiscalía General del Estado para que se expida sobre la desestimación de la denuncia. El fiscal de Delitos Económicos Nelson Ruiz pidió el archivo el 30 de mayo y se ratificó el 3 de julio.
Según los antecedentes, el agente solicitó la desestimación de la denuncia presentada por el ingeniero Hermann Pankow, proyectista de la obra que denunció cambios en su proyecto original que supuestamente se traducían en una reducción de materiales a favor de la empresa española Isolux Corsán, por un costo de G. 124.210 millones.
También, el denunciante alegó que las variaciones significaban un encarecimiento de la obra, en detrimento de la calidad.
El fiscal Ruiz concluyó que no cometieron irregularidades ni el ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona ni los miembros del comité evaluador Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia Centurión.
El investigador tuvo poco más de un mes el caso. En su escrito, descartó varios reclamos del proyectista. En primer lugar no encontró irregularidad cuando se eliminó a cinco empresas constructoras de las seis que concursaban en la licitación, llevada a cabo en julio de 2015, hace exactamente tres años.
“Se tiene el informe de Evaluación Técnica de las Ofertas y el dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas, de fecha 13 de agosto de 2015, donde se determinan los motivos de orden técnico y jurídico para la eliminación de las oferentes que no cumplieron con los requisitos establecidos en el PBC (pliego de bases y condiciones).
En materia de licitación pública la presentación de una sola oferta no es motivo para cancelar ni declarar desierta una licitación. En la licitación que nos ocupa, se han presentado seis oferentes, lo cual demuestra la abierta competencia del procedimiento.
La oferta única susceptible de ser adjudicada no implica ausencia de competencia, dado que todos los potenciales oferentes han tenido la misma información para preparar y presentar ofertas y del Informe de Evaluación de Ofertas; se puede determinar con meridiana claridad las causales de incumplimiento de las ofertas”, dice al respecto.
Asimismo, no encontró anormalidad en el cambio al proyecto original que reducen materiales para beneficiar a la empresa adjudicada.
Al respecto, dice que los cambios se encuentran sustentados tanto jurídica como técnicamente.
“En la modalidad de contrato surge la potestad del contratista adjudicado con la construcción de la obra de revisión del proyecto y reajuste. No resulta patente irregularidad o ilegitimidad alguna ya que fueron analizadas por la empresa fiscalizadora de la obra (Consorcio Caser) y por profesionales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y responden a las propias revisiones contenidas en el pliego de bases y condiciones”.
También asegura que el llamado a la licitación internacional correspondía por la “envergadura de la obra” y debido a que las potenciales ofertas de los proveedores nacionales pudieran ser insuficientes o la presentación de unos pocos encarecería el precio en perjuicio del costo total de la obra de referencia.
En cuanto a que los cambios efectuados por el contratista, el fiscal reconoce que se tradujeron en un incremento del costo en la suma de G. 822.300.875,25 monto asumido por la empresa contratista, considerando que la modalidad del contrato es a “suma alzada”, por lo que el MOPC no abonará el incremento.
Recusación y dos denuncias
El ingeniero Hermann Pankow, denunciante del caso y proyectista del “superviaducto”, presentó una recusación y también denuncias por presunto mal desempeño de funciones contra el fiscal Nelson Ruiz, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Fiscalía General del Estado.
Pankow asegura que el fiscal Ruiz nunca lo citó a declarar en carácter de testigo para ratificar su denuncia escrita. Además, precisó que llegó a reunirse con el investigador el 28 de mayo pasado, ocasión en que le mencionó que Juan Manuel Cano, viceministro de Obras Públicas, estaba “operando con el fiscal para el blanqueo que ocurrió un mes después”.
También, el denunciante solicita que se investiguen “posibles reuniones o comunicaciones frecuentes del agente fiscal con alguno de los abogados de los denunciados en este caso”.
A su vez, Pankow pide al Jurado que se indague “los motivos por los cuales el exfiscal José dos Santos salió de la causa, y si sufrió alguna vez recomendación de alguien para hacer lo que hizo Nelson Ruiz”. Finalmente, solicita que, en su carácter de denunciante de la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, se le permita participar activamente en esta investigación.
La obra y sus fallas
El “superviaducto” costó G. 124.210 millones y la obra estuvo a cargo de la firma española Isolux Corsán, investigada en su país por supuesta participación en un esquema de coimas para obtener contratos en varios países. En menos de dos meses, la obra ya presentaba fallas, como la inundación del túnel tras una lluvia, un apagón y la filtración en las paredes de su estructura.
Según el Ing. Hermann Pankow, las irregularidades en la estructura se dan por ítems que se dejaron de hacer y que habrían supuesto “ahorros” por casi US$ 3 millones.
La denuncia
La denuncia del proyectista del “superviaducto”, Ing. Hermann Pankow, fue por lesión de confianza y asociación criminal. Alcanzó tanto al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, como a los miembros del comité evaluador, Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia Centurión. El denunciante alegó cambios de su proyecto original en detrimento de la obra, con sobrecosto.
No hubo irregularidad
El fiscal de Delitos Económicos Nelson Ruiz pidió el 30 de mayo pasado la desestimación de la causa. Concluyó que no hubo irregularidades en el proyecto de licitación internacional por la obra de envergadura y tampoco en el hecho de que cinco de las seis empresas que se presentaron fueron eliminadas porque no cumplieron con los requisitos del pliego de bases y condiciones. También dijo que no hay daño patrimonial al Estado.
griselda@abc.com.py