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Los otros acusados son el exconsejero Justo Gamarra, la escribana Martha Roa, los peritos Víctor Luis Blanco Samudio y Mario Echeverría. El cargo es por lesión de confianza.
Momentos antes de presentar la acusación habían sido recusados los fiscales Aldo Cantero y Claudia Criscioni, por lo que la responsabilidad recayó en René Fernández.
“El inmueble que ha sido objeto de compra, tenía la finalidad de la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. A través de la investigación, se estableció que estas tierras no son aptas para estos fines. Se han constatado a través de pericias e informes, que la mayor parte no son aptas para el cultivo, ya que se encuentran en una zona destinadas a la recreación y esparcimiento vacacional. En otra parcela, se constató que la tierra no es cultivable, por ser arcillosa”, explicó el fiscal Fernández.
El fiscal destacó que la compra se debía realizar, conforme a la Ley 622/60 (De colonización y urbanización de hecho) que toma en cuenta el valor fiscal de los últimos 15 años.
Indicó que si se tomaba en cuenta el valor fiscal durante ese tiempo, el costo de las tierras iba a ser de solo mil millones de guaraníes.
Las tierras estaban declaradas como colonizadas, pero por una resolución de Ortigoza ese estatus fue levantado días antes de la compra.
“Con la escritura pública Nº 103 del 28 de febrero de 2013, se demostrará que Ortigoza Samudio dispuso del patrimonio del Indert, causando un perjuicio patrimonial de G. 60.294.298.050. Asimismo, con el cheque N° 9446830, emitido por el Banco Nacional de Fomento, provenientes de la cuenta de Indert, de fecha 27 de marzo de 2013, se corroborará que parte del monto de la transferencia salió del patrimonio del Indert e ingresó a la cuenta corriente Nº 900317204, de Arnaldo Jara, en el Banco Visión”, explicó el fiscal.
Añadió: “Con la copia autenticada de un pagaré por valor de G. 600.000.000, se demostrará que Jara no pagó la suma de G. 717.796.200 a los acreedores, sino que estos recibieron un instrumento de crédito tras una renovación de la deuda que sigue pendiente”. Se refirió a la responsabilidad de Duré, en su carácter de exconsejero: “El acta Nº 15/12 de la Junta Asesora y de Control de Gestiones del Indert comprobará que los imputados Ortigoza, Gamarra y Duré resolvieron por unanimidad adquirir las tierras ofertadas por la firma San Agustín SA, por un valor de G. 10.500.000 la hectárea”.
Audiencia preliminar
Hasta ahora no se puede realizar la audiencia preliminar que estará a cargo del juez Rubén Riquelme. La diligencia ya se intentó realizar en varias ocasiones. Sin embargo, los incidentes presentados por los acusados dilatan la audiencia en la que el magistrado debe resolver si envía o no la causa a juicio oral como solicitó la fiscalía.
Se habla de una fuerte presión para blanquear el caso, debido a la vinculaciones políticas.
La firma San Agustín ya cobró G. 48.000 millones. Sin embargo, donó al Indert los G. 12.000 millones que faltan percibir.
El Ministerio Público desconoce este acuerdo, que seguramente los acusados usarán en la audiencia preliminar, para insistir en que no hubo daño al patrimonio del Estado.
Empero, los nuevos peritajes arrimados al expediente judicial ratifican, según el Ministerio Público, el perjuicio al patrimonio del Indert.
La fiscalía se mantiene en su acusación contra todos los involucrados, pese a la “donación” que hizo la empresa San Agustín, e insistirá en que los procesados afronten judicio oral por lesión de confianza y otros hechos punibles.