Frías estadísticas: Crimen con tendencia ascendente

Isidro Benítez (56) estaba terminando una jornada laboral más en su joyería ubicada en Lambaré, el pasado 8 de febrero, cuando, antes de poder entender lo que sucedía, sintió cómo un proyectil le marcaba un surco en el rostro mientras su brazo derecho recibía dos balazos cuando intentaba protegerse de forma instintiva.

Era un asalto perpetrado por dos sujetos que de entrada actuaron con suma violencia, incluso contra la esposa del joyero, a quien golpearon con la culata de una pistola pese a que no opuso resistencia alguna.

Al ver en peligro su vida y la de su mujer, Benítez tomó su arma de fuego y respondió a la agresión de los marginales.

Persiguió en moto por unas cuadras a los asaltantes que también iban en un biciclo, logró eliminar a uno de ellos y herir al otro, que posteriormente fue arrestado en el Hospital de Trauma al pedir asistencia médica por el tiro que recibió en el abdomen.

El hecho fue ampliamente comentado en las redes sociales con muestras de apoyo al joyero, quien se convirtió en una especie de héroe y reabrió el debate sobre la criminalidad, la sensación de inseguridad, la justicia por mano propia y los alcances de la ley en torno a la legítima defensa.

Crimen en aumento

Tal y como la sociedad lo percibe y sufre, los asaltos, robos, apropiación, entre otros, siguen en línea ascendente sobre todo en las ciudades del departamento Central. Los delitos contra la propiedad entre los años 2010 y 2015 aumentaron en 19,3 por ciento conforme el estudio denominado “Crimen, prisión e inseguridad”, presentado en diciembre pasado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (Inecip).

Las estadísticas policiales del 2016 no muestran un buen panorama, ya que la tendencia muestra que los robos y asaltos, lejos de disminuir, continúan en aumento, explica el Dr. Juan Martens, investigador y especialista en criminología del Inecip. Resalta que también los homicidios se han incrementado en el Departamento Central y Asunción, en más del 13 por ciento entre el 2014 y el 2015.

“La violencia es cada vez más fuerte. Asunción y Central son las zonas de mayor densidad poblacional. Viene gente de todas partes, por la migración interna, gente que está dispuesta a cometer delitos violentos”, advierte el especialista.

Doble inseguridad

Sostiene que este fenómeno ocurre ya que la mayoría migra del campo y, al no encontrar una salida laboral, recurre al delito para satisfacer sus necesidades.

A criterio del investigador, la gente está indefensa por partida doble: primero, porque las organizaciones estatales de seguridad, es decir, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, no funcionan; y, segundo, por la delincuencia común, “la que roba, la que mata”.

Otro punto a tener en cuenta es el de la impunidad y su efecto “criminógeno”, es decir –explica–, una persona que comete delito y no es sancionada o no recibe un castigo en el momento oportuno. “De nada sirve una sanción al tercer, cuarto, quinto año de haber cometido el hecho. El Estado debe resolver si existe culpabilidad o inocencia en seis meses o un año a más tardar”, alega.

El resultado de una condena tardía es que la ciudadanía muchas veces no conoce si el detenido fue castigado o no, por lo tanto da un mensaje al delincuente o al que planea cometer un hecho punible, de que si roba o mata saldrá impune, “porque el sistema no responde a las necesidades de la gente”.

Más oportunidades, menos crimen

La gente que proviene del interior y se instala en asentamientos precarios no encuentra el modo de insertarse laboralmente en el sistema porque no existen políticas de inserción social. El especialista sostiene que estas personas encuentran en la delincuencia un camino para satisfacer sus necesidades.

“En un Estado de derecho esa no es la solución. Necesitamos que el Estado provea seguridad a todos y que prevenga la delincuencia”, lo que será posible gracias a políticas para quienes migran del campo a la ciudad.

La inseguridad le afecta al laburante –dice–, al ciudadano de a pie. Los robos y asaltos son delitos “intrasectores”, es decir, ocurren en su mayoría dentro del mismo sector social, la clase media.

“Si tenemos un buen sistema de seguridad pública y un buen sistema de justicia penal, va a disminuir la delincuencia. Un delincuente es siempre un fracaso de la sociedad”, concluye.

Legítima defensa

La Constitución Nacional de 1992 en su artículo 15 establece que nadie podrá hacer justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia. Pero, se garantiza la legítima defensa y bajo esta premisa se rigen las leyes penales.

El artículo 19 del Código Penal (vigente desde 1997) establece que no obra antijurídicamente quien realizara una conducta descripta en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión, presente y antijurídica, a un bien jurídico propio o ajeno.

Un proyecto de ley próximo a ser tratado en la Cámara de Senadores apunta a flexibilizar las leyes a favor de los ciudadanos que hagan uso de la legítima defensa.

Según estudios existe un descenso de la criminalidad a nivel nacional, pero en contrapartida existen sectores en donde aumentó, como la capital del país y Central, zonas de mayor densidad poblacional. También en los departamentos con presencia de la FTC.

Estadísticas policiales revelan que uno de los mayores incrementos de denuncias de hechos punibles se registró en Central, sobre todo los delitos contra la propiedad (asaltos, robos). Entre el año 2010 y 2015 se observa un aumento del 19,3 por ciento en los reportes.

No solamente los delitos contra la propiedad siguen con tendencia ascendente en Central. También los homicidios, ya que desde el año 2012 se registró un incremento del 11,9 por ciento, convirtiendo al área metropolitana en una de las más inseguras.

Próxima nota: Justicia por mano propia y legítima defensa.

oscar.lescano@abc.com.py