Hasta el momento la Sala Penal sigue en “mora”

Una causa por enriquecimiento ilícito del excomandante de policía Francisco Alvarenga y del exsuboficial de policía Roberto Osorio sigue sin destrabarse en la máxima instancia judicial. Con ello se demuestra una vez más, que al igual que los procesos de los políticos, también los uniformados reciben una “ayuda” para evitar que sus casos lleguen a juicio oral y público.

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En agosto pasado, el pleno de la Corte Suprema había emplazado a los jueces y camaristas de todo el país para que informen el estado de sus causas. En caso de arrojar disparidad, una vez cruzada las informaciones, se tomarían varias medidas disciplinarias, entre ellas la de remisión de los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados si se encontraban dilaciones extremas en los procesos.

Sin embargo dicha situación no la cumplen en la Corte Suprema de Justicia, ya que la Sala Penal tiene desde hace un año y tres meses cajoneada la causa por enriquecimiento ilícito del excomandante de la Policía Francisco Pastor Alvarenga, donde también fueron acusados su señora Mirta Rotela y su hijo Francisco Alvarenga Rotela.

La causa subió a la Corte en fecha 21 de junio del 2017, a raíz de una nueva apelación que plantearon contra la fijación de la audiencia preliminar. Sin embargo, hasta el momento la sala no fue integrada luego de la inhibición de los ministros Luis María Benítez Riera y Myriam Peña Candia, quienes se aportaron de la causa. El que sí aceptó fue Sindulfo Blanco.

Desde el 30 de agosto se encuentra en manos del camarista Gustavo Ocampos aceptar o no integrar la Sala Penal en dicho caso.

Debido a los incidentes que vinieron planteándose desde la admisión de la imputación ni siquiera se logró realizar la audiencia de imposición de medidas. El Ministerio Público había solicitado la prisión de la pareja.

En Octubre del 2015, los fiscales Aldo Cantero y Luis Piñánez, tras una investigación de ABC Color, habían imputado por enriquecimiento ilícito a Francisco Pastor Alvarenga y a su esposa Mirta Rotela, mientras que a su hijo, Francisco Alvarenga Rotela, requirió proceso por lavado de dinero.

En octubre del 2016, la Fiscalía resolvió acusarlos y solicitar que la causa sea elevada a juicio oral y público.

La acusación refiere que el matrimonio tuvo un crecimiento patrimonial desmedido y que no pueden justificar G. 1.046 millones como ingreso lícito. El crecimiento se dio supuestamente en el lapso de 1 año y 9 meses, período en el cual Alvarenga estuvo al frente de la Comandancia de la Policía Nacional.

En el 2013 declaró a la Contraloría que tenía como patrimonio G. 226.000.000 millones. Sin embargo, en el 2015, cuando abandonó la Comandancia, tras el escándalo del millonario desvío de dinero en la institución policial, declaró bienes por G. 2.400 millones.

Además, el Ministerio Público indica que el aumento patrimonial también consistió en la adquisición de múltiples vehículos, compra de un tractor., adquisición de departamentos, estancias de varias hectáreas de tierra, entre otros bienes. Entre el 2007 y 2014, el matrimonio compró cuatro inmuebles por los que pagaron más de G. 1.712 millones y 11 rodados por un total de G. 450.732.000. También en el 2014, Alvarenga compró dos departamentos céntricos, tasados en G. 171.051.000.

Con respecto al hijo, Francisco Alvarenga Rotela, está acusado por tener un Mercedes Benz CLK, comprado supuestamente con dinero obtenido del enriquecimiento ilícito.

Fiscales urgieron a la Sala Penal

Se ha vuelto costumbre en los últimos años que los agentes fiscales presenten urgimientos para que los procesos continúen.

En este caso le tocó el turno a los fiscales Luis Piñánez y Natalia Fúster, de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes presentaron el 12 de septiembre pasado dos urgimientos.

Uno de ellos es en la “Causa 99/2015 Francisco Alvarenga sobre enriquecimiento ilícito”, que se encuentra paralizada desde marzo de 2017. Y el otro es la “Causa 118/2015 Roberto Osorio Romer sobre enriquecimiento ilícito”.

Sobre el urgimiento, el fiscal Piñánez manifestó: “Es con el fin de que se destrabe y se realice la audiencia preliminar, es el único medio que tiene el Ministerio Público para hacer un reclamo de pronto despacho a la Máxima Instancia Judicial”.

Además refirió que con relación al otro proceso por lesión de confianza que tienen ambos uniformados y que iniciaron de manera paralela con esta, ya se encuentra en etapa de juicio oral y público.

Afirmó el fiscal que “la sociedad percibe una especie de impunidad de la justicia y eso engloba a fiscales y jueces, dando una percepción que no se hace nada, debido a recursos que muchas veces son dilatorios” .

Por otro lado, explicó que se exponen a una pena de 10 años por enriquecimiento ilícito.

perla.silguero@abc.com.py

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