Hay impunidad en casos de delitos contra el ambiente

Los jueces y fiscales otorgan impunidad a involucrados en delitos ambientales. Las investigaciones son superficiales o muy mal llevadas, que al final benefician a los responsables de la comisión de hechos punibles. En los casos en que se aplicaron sanciones, estas fueron muy leves. Esto se concluye en un estudio hecho por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y publicado en un libro titulado “Deforestación e impunidad”. Se analizaron 32 causas, que revelan la sospechosa actuación de agentes del Ministerio Público y magistrados.

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El análisis pormenorizado de 32 expedientes confirma la absoluta desidia con la que se tramitan las investigaciones relacionadas a delitos ambientales. Esto se refleja en los casos en que se requirieron escaso tiempo para investigarlos, en la inacción para la realización de actos y/o diligencias tendientes al esclarecimiento de los mismos o en la realización defectuosa de estos –muchas veces solo para cumplir con ciertas diligencias formales del proceso penal– y las salidas procesales que se dan a las causas, dice el estudio realizado por Inecip.

Por otra parte, el análisis de la mayoría de estos expedientes revela el desconocimiento de los alcances de normativas de forma y de fondo por parte de los operadores de justicia. Algunos de los ejemplos de los señalado, se evidenciaron en la utilización de la figura de la prórroga de sus investigaciones sin fundamentación que sustente el pedido, para luego no recolectar ningún elemento relevante en relación con las mismas, o cuando solicitan la aplicación de la figura del procedimiento abreviado a tipos penales cuya expectativa de pena no se compadece con la admisibilidad para la interposición de la figura. También de constatan cuando requieren prisión preventiva, sin que se reunan los mínimos presupuestos para su procedencia.

En cuanto a cuestiones de fondo, algunos representantes del Ministerio Público no diferencian los delitos de los crímenes. En consecuencia, requieren de manera infundada la aplicación de medidas cautelares de prisión preventiva.

Los operadores de justicia tampoco identifican las modalidades de participación en la comisión de los ilícitos ni observan la perpetración de otros delitos, que se desprenden de sus propios relatos fácticos. A esto se suman actitudes irresponsables y arbitrarias en el manejo del proceso. Esto último se verificó en algunos casos en que fiscales requirieron 15 días de plazo investigativo para luego plantear de manera absurda el sobreseimiento provisional de los procesados, o en otros, sobreseimiento definitivo y suspensión condicional del procedimiento, sin que el requerimiento cuente con ningún tipo de fundamentación que sostenga la decisión.

Impunidad

Ambos puntos señalados más arriba convergen en la responsabilidad de los fiscales y jueces actuantes en la impunidad de los delitos ambientales, pues no realizan actos investigativos relevantes para requerir sanción a los autores. Los fiscales, aún en contra de las disposiciones legales vigentes, son quienes solicitan salidas alternativas al juicio oral par dejarlos impune.

El libro se basó en una investigación realizada por el Instituto de Estudios en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). El estudio abarcó 32 causas penales. Se examinó la actuación de los agentes del Ministerio Público y de los jueces, entre los años 2000 y 2014.

Todos los documentos fueron proveídos por la fiscalía, mediante un pedido de informe que realizó el Inecip.

En el país existen 424 unidades fiscales, de las cuales solo 19 son especializada en medio ambiente.

En el libro se señala que la deforestación es un problema de grandes dimensiones en Paraguay. Entre los años 2000 y 2015 se destruyeron aproximadamente cinco millones de hectáreas.

Los registros sobre la deforestación develan el sistemático incumplimiento de las leyes penales y administrativas, que prohiben expresamente la destrucción de bosques en la Región Oriental y la regulan en la Occidental.

cbenitez@abc.com.py

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