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Es que el sometimiento de la Justicia hacia la clase política es tal que un magistrado o ministro de la Corte que falle en tal o cual sentido está expuesto a una represalia.
Con la renuncia del presidente de la República Horacio Cartes a la posibilidad de la reelección, el tema de la enmienda constitucional se fue al tacho.
Simplemente, se alargó por una cuestión de forma.
Durante todo este tiempo se coqueteó con dos posibilidades en el ámbito judicial.
La primera fue que la Corte Suprema de Justicia defina, a través del estudio de una acción de inconstitucionalidad, si la reunión de los 25 senadores reeleccionistas realizada el pasado 28 de marzo era legal.
En esa reunión se resolvieron los cambios de reglamentos del Senado, que finalmente no se llegaron a aplicar.
La segunda cuestión que se llevó a la justicia es la reunión del 31 de marzo por los propios senadores que aprobaron la media sanción en el proyecto de enmienda. Esto recayó por la vía del amparo en una jueza de la Niñez.
La Corte, tal como estaba previsto, hasta ahora no se expide sobre la acción. Tardó una eternidad en integrar el pleno, y cuando lo hizo, más de la mitad de los miembros fue recusada por los accionantes.
En el caso de la reunión de 31, en primera instancia la jueza Rosa González rechazó el amparo, y lo ratificó la Cámara, sin tocar el fondo de la cuestión.
Es evidente que se aguardó el desenlace político.
Pero aquí hay una responsabilidad de la justicia, para que no se repita una violación constitucional.
Fueron dos reuniones en las que la mayoría del Senado ignoró la presidencia de un Poder para acortar el camino de la enmienda.
Reuniones a puerta cerrada, sin convocatoria legal, con decisiones tomadas en 15 a 20 minutos, que se traducen en una violación constitucional. Va a ser lamentable que concluyan de esta forma los hechos de marzo, sin que la Justicia brinde una respuesta despojada de un tinte político.
Lo ocurrido semanas atrás no fue un hecho anecdótico.
Manifestantes heridos, propiedades privadas destrozadas, el Congreso incendiado y el asesinato de Rodrigo Quintana por parte de la Policía, tras un atropello en la sede del PLRA, sin olvidar que esa misma sede fue utilizada por algunos para preparar bombas, son hechos que derivaron de un proyecto político que ni siquiera tuvo el debate que ameritaba.
La clase política no dudará en repetir un atropello a la ley, con la excusa de la mayoría, cuando todo quede en el olvido y lo necesite. De la Justicia depende que ello no ocurra.
Sin definición
Hasta ahora, la justicia no es capaz de dar una respuesta a la legalidad de dos reuniones de la Cámara de Senadores en las que se ignoró al presidente del Congreso. La enmienda se fue al tacho por iniciativa del propio presidente Horacio Cartes, pero esto no significa que lo ocurrido deba quedar en el olvido.
ocaceres@abc.com.py