Hoy se inicia juicio por la masacre de Curuguaty

A tres años de la matanza de Curuguaty y que derivó en el juicio político al expresidente Fernando Lugo y su posterior destitución, hoy se intentará una vez más realizar el juicio oral y público a los 13 acusados con relación al caso, entre los cuales se encuentra una adolescente. El juzgamiento se llevará a cabo en el Palacio de Justicia de Asunción, donde también se tramita el juicio civil referente a la propiedad de las tierras que fueron escenario de la tragedia ocurrida el 15 de junio del 2012.

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El inicio del juicio para los acusados por la masacre de Curuguaty está prevista para las 08:30 y se llevará a cabo en medio de estrictas medidas de seguridad. El juzgamiento está a cargo del Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá integrado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Víctor Godoy, que reservó un plazo de seis meses para su conclusión.

Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López Peralta están acusados por los hechos de tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. También, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería por asociación criminal e invasión de inmueble, mientras que Felipe Nery Urbina está acusado de frustración a la persecución penal.

La 13er. acusada es una joven que tenía 17 años en ocasión de los hechos y por esta razón, será juzgada por el mismo colegiado pero en forma separada. La misma afronta los cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal en carácter de autora y de homicidio doloso en grado de tentativa, en carácter de cómplice. La legislación vigente establece una pena máxima de 8 años para los menores de edad.

La acusación está a cargo del fiscal Jalil Rachid se opuso a que el juicio sea trasladado de Salto del Guairá a Asunción. El planteamiento fue presentado por los defensores Vicente Morales y Guillermo Ferreiro y desde junio del año pasado se intenta realizar.

El episodio ocurrido el pasado 15 de junio en la estancia de la firma Campos Morombí, propiedad de los herederos del fallecido exsenador y empresario Blas N. Riquelme, es considerado como uno de los factores claves que derivaron en el juicio político y posterior destitución del expresidente Fernando Lugo. En la masacre perdieron la vida 11 campesinos y seis policías.

El fiscal Rachid sostiene en su acusación que los policías fueron víctimas, pues ingresaron desarmados al local con el propósito de dialogar con los líderes de la ocupación, circunstancias aprovechada por los ocupantes de las tierras para abrir fuego contra los uniformados, con lo cual se desató el enfrentamiento con el desgraciado resultado ya conocido.

“Los disparos iban dirigidos directamente hacia los policías, específicamente en las partes más vulnerables del cuerpo (zona de tórax, miembros superiores, cuello y cabeza), quienes hasta ese entonces se encontraban indefensos y la mayoría de los impactos de esas primeras ráfagas, alcanzaron a herir letalmente a varios de los efectivos del orden”, refiere la acusación.

La postura de la fiscalía es cuestionada por parcialidad por la defensa de los acusados, que tiene el acompañamiento de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay.

“En el caso Curuguaty existen muchas dudas no aclaradas, la impresión que tenemos es que no existió una investigación profunda y acabada de todos los hechos punibles ocurridos. (...) Un aspecto fundamental de lo que ahí ocurrió fue la tortura y las ejecuciones que se dieron en Marina Cue”, afirmó el abogado Roque Orrego, quien cuestionó en su momento la falta de procesamiento de agentes policiales.

Las medidas antidisturbios

La Corte Suprema de Justicia divulgó a la opinión pública el viernes último una serie de pautas de desarrollo y comportamiento en el juicio oral del caso Curuguaty, para evitar disturbios que afecten su desarrollo.

El comunicado precisa que el espacio disponible para la asistencia en la sala de juicio oral tiene capacidad para 60 personas, que ingresarán sin distingo por orden de llegada hasta completar el espacio mencionado. Para ingresar a la sala de juicio, los asistentes deberán presentar su cédula de identidad.

No se permitirá ingresar o portar dentro del recinto armas de cualquier tipo (salvo los agentes en servicio), petardos, etc., carteles, pancartas, megáfonos, distintivos o banderas, objetos contundentes o que sirvan para producir ruido (matracas, silbatos, etc.) o termos, guampas, mates, bombillas, aparatos electrónicos, cámaras fotográficas, filmadoras, grabadoras, celulares o walkies talkies.

Aquellas personas que deseen acompañar el juicio y no alcancen a ingresar a la sala por limitaciones de espacio, podrán hacerlo a través de una pantalla que será instalada en la plaza ubicada frente al Palacio de Justicia.

Restricciones

Para evitar inconvenientes, se dio a conocer una serie de restricciones para el ingreso a la sala de juicio oral y que son las siguientes:

- Niños menores de 12 años de edad.

- Personas que se comporten en forma incompatible con la seriedad de la audiencia.

- Personas que porten distintivos gremiales, partidarios o ideológicos.

- Personas que estén o no vinculadas a cualquiera de las partes vestidas con colores, leyendas o imágenes u otros distintivos que se relacionen con hechos vinculados al presente juicio.

- Miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que se encuentren uniformados, salvo cuando la Policía Nacional cumpla funciones de vigilancia.

rferre@abc.com.py

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