Informe del MNP tras visitas a distintas instituciones

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A los hogares de abrigo:

“De cinco hogares visitados, se ha encontrado que el abrigo no garantiza el derecho a la identidad, que casi ningún hogar tenía apertura legal, que el ingreso no siempre se da por orden judicial y que la permanencia tiene un promedio, en estos hogares, de más de dos años. Se ha visto que las instituciones no comparten su evaluación con autoridades de los hogares, que el presupuesto no cubre en muchos casos rubros básicos, y que en un 40% de casos no hay vínculos familiares, así como que el abrigo no garantiza la escolarización”.

A los hogares de adultos mayores:

“Se ha encontrado en dos visitas una infraestructura adecuada, pero con necesidad de mantenimiento. Se vieron algunas vulneraciones al derecho a la identidad, así como muy pocos adultos con beneficio a la pensión. Se constataron carencias en cuanto a personal y provisión de medicamentos y un desprendimiento del vínculo familiar casi total y permanente para la mayoría. La minimización de sus relaciones sociales incide en su salud física y mental”.

A las comisarías:

“En siete comisarías se encontraron falencias parecidas: ‘demoras’ sin base legal, por falta de documentos y por adicciones varias, comunicación de la detención a la fiscalía pero no a la defensoría pública de turno, dificultades en el acceso a la justicia, problemas en la comunicación externa de detenidos, falta de capacitación para el uso de los Registros de detenidos, dificultades para la inspección médica al ingreso y durante la detención y condiciones de habitabilidad indignas”.

A la Agrupación Especializada:

“Se empezó a usar como lugar de reclusión de personal policial procesado en el ámbito de justicia policial, y en el fuero penal de civiles procesados y condenados por delitos comunes de cierta entidad como secuestro y tráfico de drogas. Funciona en la práctica como una cárcel, ya que la situación provisoria en su origen se institucionalizó con el paso del tiempo.

Los problemas de esta situación es que el personal policial no está entrenado para custodia de personas; la policía no cuenta con presupuesto para alimentos y servicios propios del ámbito de encierro de personas; las instalaciones son inadecuadas, sin seguridad suficiente, lo que limita la movilidad de los internos; deficiente atención sanitaria y sicológica; no hay separación de condenados y procesados”.

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