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En el atraco ilegal fue asesinado el joven dirigente Rodrigo Quintana y su familia pidió a la fiscala Raquel Fernández incluir en la investigación a los que dieron la orden de ataque, pero la agente rechazó porque le preocupa más el morbo de que se conozca con quienes habló el presidente de la República. En el fuero penal, se pidió el control judicial pero el juez Alcides Corbeta se inhibió, y luego fue confirmado. En lo civil, el PLRA instauró un juicio de acciones preparatorias de indemnización de daños y perjuicios, que está sin juez.