Justicia y fiscalía esperan desafuero de diputado Nicora

El juez Gustavo Amarilla ofició a la Cámara de Diputados para que disponga el desafuero de Nicora, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. La decisión queda en manos de los legisladores y de ella depende la continuidad de la investigación por el Ministerio Público, que finalmente deber acusar o adoptar otro requerimiento conclusivo en el caso.

Según los indicios colectados por la fiscala Portillo, en los meses de noviembre y diciembre del año 2012, el entonces presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos habría realizado una contratación masiva de personal, de 352 funcionarios, con fondos de Fuente 30, Recursos Institucionales.

Las contrataciones habrían sido aprobadas mediante resoluciones de la presidencia de la ANNP y los contratos habrían sido suscritos por el mismo titular de la institución.

De acuerdo al Ministerio Público, existe la sospecha de contrataciones supuestamente irregulares, llevadas a cabo en el período comprendido entre los meses de noviembre y diciembre del año 2012, habiéndose dado presuntamente situaciones tales como la contratación y posterior pago a personas que no habrían prestado servicio alguno para la institución, e incluso la presunta existencia de doble remuneración estatal, ya que presuntamente, algunos contratados eran funcionarios permanentes o contratados en otras instituciones públicas al momento en el que estuvieron contratados en la ANNP.

Estos hechos, al parecer, habrían causado un importante perjuicio económico a la Administración Nacional de Navegación y Puertos.

No existen constancias referidas al proceso previo a la contratación de los 352 funcionarios contratados, como tampoco existe constancia alguna sobre convocatorias o concursos para la contratación de los funcionarios.

Para la contratación de los presuntos planilleros, Nicora argumentó una supuesta huelga de funcionarios de Puertos. Así respondió a la fiscalía mediante la nota 745 del 12 de agosto de 2013.

“Las contrataciones temporales entre los meses de noviembre y diciembre fueron realizadas a fin de cubrir cargos de Personal Auxiliar y Asistente, previendo algún inconveniente entre los funcionarios permanentes, en caso de huelga y/o paro de los mismos, debido al cierre del Puerto de Asunción, establecido por Decreto del Poder Ejecutivo N° 10320/12 y además estas incorporaciones fueron motivadas ante el aumento de la demanda de trabajo en las distintas terminales portuarias”, puntualizó Nicora.

Sin embargo, el decreto mencionado es del 20 de diciembre de 2012 y las contrataciones habrían sido realizadas con mucha anterioridad.

Por otro lado, el asesor jurídico de la ANNP, abogado Hermann José Weinsensee Samson, informó que por mesa de entrada de la institución no obra notificación oficial relacionada a medidas de huelga o paro entre los meses de noviembre y diciembre del año 2012.

Es por ello que la fiscalía solicitó al Ministerio de Trabajo mediante Oficio N° 175 de fecha 22 de agosto de 2013, que informe sobre los antecedentes relacionados a tal posible huelga o paro debido al cierre del Puerto de Asunción.

Por Nota N° 953 del 29 de agosto de 2013, la directora general interina de Trabajo, abogada Gloria Cañete, envió los antecedentes, entre los que se encuentra un pedido de los sindicatos de los funcionarios de la ANNP de una convocatoria de reunión tripartita, el acta de la reunión, entre otros documentos. El pedido de los sindicatos fue presentado en fecha 26 de diciembre de 2012, luego de la firma de los contratos.

Otra investigación

El fiscal Martín Cabrera tiene a su cargo otra investigación contra el expresidente de la ANNP, actual diputado liberal, Fernando Nicora López Moreira, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Salyn Buzarquis y el expresidente de la República Federico Franco.

Las pesquisas también apuntan a los empresarios de origen árabe Nabil Bahjar Nasser Afieddin y Karin Nabil Nasser Safieddine, representantes de la firma Suisse Investment Corp SA.

La denuncia había sido radicada hace más de dos años en Ciudad del Este por sindicalistas de la ANNP y el caso quedó estancado hasta que el expediente de la acción fue derivado a Asunción en donde el fiscal general, Javier Díaz Verón, dispuso la intervención del fiscal Cabrera.

Los denunciados son responsables de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, según la acción penal.

Los delitos se consumaron cuando se firmó un contrato de alquiler de un antiguo valioso inmueble de la ANNP, que finalmente se comprobó que es de Aduanas, situado en la cabecera del Puente de la Amistad, plena zona primaria de la capital del Alto Paraná, dice la denuncia.

La denuncia refiere que con la anuencia del entonces presidente de la República, Federico Franco, el titular de Puertos decidió alquilar por 20 años la propiedad a la mencionada empresa de capital árabe.

Según el convenio, la firma extranjera debía pagar 30 millones de guaraníes mensuales, al tiempo que se comprometía a realizar inversiones por 55 millones de dólares en la construcción de un complejo comercial y hotelero con vista privilegiada al río. El contrato establecía además una extensión del alquiler por 50 años.

Según la Contraloría General de la República y la asesoría jurídica de Puertos, se fortalecen los indicios de la comisión de hechos punibles en el contrato de locación firmado por exautoridades de Puertos y la firma Suisse Investment Corp. SA, para la construcción de un edificio comercial en la zona primaria de Aduanas. Incluso recomendaron la anulación del contrato por la graves irregularidades.

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