La abogacía Pro Bono suma a más profesionales

La Federación Interamericana de Abogados FIA (IABA), Capítulo Paraguay, y el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (Cidsep-UC), Área Derechos Humanos, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, firmaron recientemente un acuerdo como parte del Programa “Voluntarios Legales - Abogacía Pro Bono”.

A través del documento, ambas instituciones se comprometen a la ejecución de acciones mutuas que contribuyan a la accesibilidad a la justicia mediante la promoción, difusión y suscripción a la Red de Voluntarios Legales - Abogacía Pro Bono.

La firma del documento fue encabezada por el Prof. Dr. Carlos Alberto González Garabelli, director del Cidsep-UC; y el Prof. Dr. Hugo Estigarribia Gutiérrez, presidente de la FIA (IABA), Capítulo Paraguay.

Durante el acto de firma de acuerdo, Estigarribia destacó que por la importancia del Programa “Voluntarios Legales - Abogacía Pro Bono” este es el primer documento que la Federación Interamericana de Abogados rubrica en Paraguay.

Señaló además que en los países desarrollados, el trabajo Pro Bono es uno de los pilares en el ejercicio de la profesión.

“La función social del abogado es muy promocionada en los países del primer mundo. El profesional del Derecho se compromete a ofrecer ciertas horas de trabajo al año en beneficio de los más carenciados. Es un deber y un compromiso que también genera beneficios”, manifestó el titular de la FIA.

Señaló el compromiso de la FIA en nuestro país al firmar este acuerdo. “La Federación Interamericana de Abogados, con sus 38 socios en Paraguay, se compromete a colaborar en impulsar el voluntariado legal en nuestro país”.

“Confiamos en la labor del Cidsep en la institucionalización de la Abogacía Pro Bono en Paraguay, porque es un centro prestigioso de calidad ética y profesional”, agregó el presidente de la FIA, capítulo Paraguay.

En qué consiste el Programa y los responsables

El Programa “Voluntarios legales – Abogacía Pro Bono”, llevado adelante por el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (Cidsep-UC), de la Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción, tiene por propósito instalar en el Paraguay la cultura de la Abogacía Pro Bono para contribuir a mejorar el igualitario acceso a la justicia de personas, sectores o grupos en situación de desprotección legal por falta de recursos.

Lo hacen a través del voluntariado profesional o trabajo denominado Pro Bono de abogados/as, estudios jurídicos, y otros representantes de la comunidad legal, como un modelo institucionalizado y organizado de servicios legales.

Independientemente de la FIA, varios estudios jurídicos y abogados particulares, así como los denominados juniors y estudiantes de Derecho firmaron el compromiso de cumplir el servicio de voluntariado legal, con lo que se está desarrollando una nueva temática en el ejercicio de esta profesión.

La meta de este proyecto social

Hace un año, las abogadas Mónica Cáceres y Mariela Centurión participaron en Santiago de Chile del encuentro de la Red de Voluntarios que reunió a delegaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, México, Estados Unidos y del país anfitrión.

Ese fue el primer paso para llevar adelante una fuerte campaña de manera de captar en Paraguay abogados Pro Bono, una situación que no forma parte de la tradición jurídica en nuestro país.

Mónica Cáceres, componente de Justicia y Derechos Humanos del Cidsep, destacó en esa ocasión que en Paraguay el acceso al sistema judicial está condicionado, en su gran parte, por lo “económico”.

“Las personas que no tienen recursos o cuyos recursos son insuficientes no cuentan con servicios legales gratuitos cubiertos por el Estado en casos tales como víctimas de delitos de acción penal privada, ni qué decir, casos de daños”, expuso.

Dijo que también están incluidas en los grupos que no tienen acceso a la justicia las organizaciones de sociedad civil sin lucro, que aunque reciban donaciones, no pueden destinar parte de esos recursos a cubrir gastos legales.

Explicó que el Estado, a través de la Defensa Pública, provee de servicios judiciales a victimarios, pero no a las víctimas.

“También en materia de violencia si la víctima no tiene para pagar honorarios no tiene quién le asista técnicamente”.

Siguió exponiendo que: “Por lo tanto, es necesario que los abogados del sector privado entiendan que tienen un deber ético derivado de la misma profesión y una responsabilidad, puesto que tienen el monopolio de acceso a justicia de colaborar y contribuir con el Estado a proveer servicios legales gratuitos para mejorar el acceso a la justicia en Paraguay.

Al hablar de la meta de esta campaña internacional, la abogada Cáceres indicó: “El objetivo principalmente es revalorizar la función del abogado por el papel único y privilegiado que tiene en materia de acceso de justicia porque, si bien en Paraguay muchos profesionales del Derecho prestan servicio gratuito, los mismos no siempre están visibilizados y valorados”.

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