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20 de Agosto de 2018

| Hubo auditoría

La Corte exige celeridad, pero ella es la más morosa

Por Víctor Franco Novarecci

La Corte Suprema de Justicia emplazó por 15 días a todos los jueces del país para que informen del estado en que se encuentran sus expedientes, a fin de ir combatiendo la mora judicial. Advirtió que en caso que no remitan el reporte, serán sancionados. Pero una auditoría a la máxima instancia judicial arrojó que es la Sala Penal la más morosa de todas.

La Corte Suprema de Justicia, en su sesión plenaria de la semana pasada, dispuso que en un plazo de 15 días, todos los magistrados de los Tribunales de Apelación y Tribunal de Cuentas, jueces de primera instancia de los distintos fueros y jueces de Paz, de todas las circunscripciones judiciales de la República, informen al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia la cantidad de expedientes en estado de sentencia que tengan en sus despachos.

En el caso de los jueces penales de garantías, los mismos tienen que reportar sobre las audiencias preliminares pendientes de sustanciación, y los jueces penales de sentencias deberán adjuntar el listado de juicios orales pendientes de realización, especificando las fechas fijadas para el efecto.

En caso que no se informe en tiempo y forma, los antecedentes serán remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y se anuncian sanciones para los jueces morosos.

La iniciativa es perfecta ya que lo que se busca en una administración de justicia es siempre que los procesos acaben según lo establecen los plazos legales; sin embargo muchos magistrados se molestaron con la advertencia de una sanción para los que estén en mora, ya que la misma Corte es la que está en deuda al respecto.

Este punto fue confirmado por el mismo director de Auditoría de Gestión Judicial, Mario Elizeche, quien en una conferencia de prensa dio a conocer los resultados de la auditoría que se realizó a las tres Salas de la Corte.

Según recordó Elizeche, el mismo presidente de la Corte, Dr. Raúl Torres Kirmser, en febrero pasado había pedido que se auditen las Salas Penal, Constitucional y Civil, como una medida para combatir la morosidad.

En su exposición Elizeche dijo que la Sala Penal de la Corte es la que cuenta con mayor “recarga” de trabajo, ya que en ella, los ministros integrantes tienen a su cargo todos los casos penales y además los de la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

Mora judicial

Lo que arrojó la auditoría con relación a que la Corte es el órgano judicial más moroso, es una realidad palpable a todas luces para cualquier abogado que camine por los pasillos de tribunales. Es sabido que cualquier acción que vaya a parar a la Corte puede dormir el sueño de los justos.

Para ejemplos se tienen muchísimos casos, pero podemos solo citar algunos donde la Corte fue cómplice de atroces dilaciones, como es el caso emblemático de Walter Bower, quien junto a los excomisarios Merardo Palacios y Osvaldo Vera, hace 18 años están procesados por un hecho de tortura.

Este caso avanzó lentamente y en gran medida por culpa de la Corte, cuya Sala Constitucional, integrada por Antonio Fretes, Víctor Núñez y José Altamirano (los dos últimos exministros), tardó cinco años en expedirse sobre las chicanas presentadas por la defensa.

Cinco años el caso quedó inmovilizado porque la máxima instancia judicial cajoneó el expediente pero solo por este incidente.

Luego también la Sala Penal tuvo por casi un año el caso paralizado al no resolver una de las recusaciones que se planteó contra el juez Gustavo Amarilla.

Estos son solo dos de los casos que la Corte congeló, con los que se benefició a Walter Bower y los demás procesados.

Otro caso emblemático donde la Corte favorece a los procesados es el conocido como “la niñera de oro” del senador Víctor Bogado, que fue a parar a la máxima instancia por una inconstitucionalidad planteada por el parlamentario que no quería que el juez Óscar Delgado tome intervención en el proceso y, para resolver la competencia o no del magistrado, los ministros tuvieron dos años cajoneado el expediente sin correrle vista al Ministerio Público. Pese a que se urgió en más de diez ocasiones los ministros dejaron que los tomos acumulasen polvo, hasta que la semana pasada le corrieron vista al fiscal René Fernández, para que conteste. Ahora la pregunta es cuánto tiempo más se van a tomar los ministros para resolver la acción de inconstitucionalidad.

Los casos de Rafael Filizzola por la compra de helicópteros también están trabado en la Corte, al igual que el proceso a Camilo Soares.

Todos estos casos demuestran que no solo en los juzgados o Tribunales de Alzada están parados los casos, sino en la misma CSJ que, paradójicamente, ahora anuncia castigo para los morosos, cuando que según una auditoría interna, son los ministros los que tienen parada la mayor cantidad de procesos.

victor.franco@abc.com.py

 
 

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