La nueva fiscala general

Sandra Quiñónez tiene la misión ahora de levantar de nuevo la institución y hacer que la gente vuelva a confiar en sus fiscales. Por sobre todo, debe devolverle al Ministerio Público su independencia del poder político.

Sobre el perfil de la nueva fiscala general del Estado, tal vez, no hay muchos cuestionamientos. Es una funcionaria de carrera y no registra denuncias por corrupción o mal desempeño, excepto críticas especialmente de un sector político cuyos miembros fueron investigados por secuestro.

Lo que desde un principio se cuestionó fue el proceso de selección de la terna, que había quedado conformada justamente con el ahora ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y la agente de la unidad Anticorrupción, Victoria Acuña, además de la propia Sandra Quiñónez.

Para muchos, Díaz Verón ya ni siquiera debía haber llegado a integrar la terna, por todos los cuestionamientos que venía arrastrando. De hecho, salió de la peor manera posible de la institución, es decir, mientras gozaba de un permiso que él mismo se concedió cuando se desató el escándalo por su supuesto enriquecimiento ilícito.

El cartismo, que eligió a Sandra Quiñónez, alega haberla escogido justamente por su perfil idóneo y su trayectoria en la institución. Se sabe que ella es una de las principales investigadoras del grupo criminal EPP.

Sin embargo, ahora que Quiñónez va a ejercer su cargo de fiscala general del Estado, coincidentemente durante todo el próximo periodo presidencial, ojalá que los referentes del cartismo o de otra agrupación política que la posicionaron no la presionen para conseguir impunidad o favores en sus procesos, aunque es casi seguro que ello va a ocurrir en algún momento.

Pero lo que realmente la sociedad debe controlar es que la propia Sandra Quiñónez no se someta al chantaje de sus promotores, que no conceda favores o que no sea como todos sus predecesores. Solo con el tiempo podremos juzgar su gestión.

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