La violencia se institucionaliza en América Latina

El sociólogo mexicano Juan Mario Solís Delgadillo posee un doctorado en Asuntos Latinoamericanos, con énfasis en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca (España). También ejerce la docencia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de su país natal.

Al ser consultado sobre los resultados de su trabajo, expuso un atlas sobre la situación de violencia en la mayoría de los países de América Latina, basada en las tasas de homicidios. Atribuyó como principales causales de este problema a la debilidad fiscal de los Estados y la corrupción imperante. También citó otros factores de menor incidencia.

“América Latina es una región democrática, pero muy violenta. Hablamos de un continente donde se cometen al menos 157.000 homicidios al año, según datos oficiales de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. Esto representa más o menos el 37 por ciento de los asesinatos que se perpetran a nivel mundial en una región donde solamente vive el 8 por ciento de la población del planeta”, afirmó Solís Delgadillo.

–¿A qué se atribuyen justamente las principales causas de la violencia en la región latinoamericana?.

–Tenemos que partir de análisis más complejos de lo que se han hecho hasta ahora; pensamos que las variables explicativas más bien son de corte institucional. Percibimos que una de ellas puede ser la debilidad de los Estados, medida a partir de la bajísima presión fiscal que existe en la región. Otras variables podrían ser la corrupción, la militarización de las fuerzas policiales, la precarización en el acceso al mercado laboral, sobretodo de los jóvenes, y el último que está vinculado con el ámbito de las Relaciones Exteriores y sostenimiento de la política de la no intervención, que es una limitante para que los países puedan cooperar de manera fluida en materia policial.

–¿A qué se refiere esa la limitación de la intervención en la política exterior?

–Percibimos que existe una fuerte tendencia a celebrar convenios, tomarse la fotos entre los fiscales o presidentes de la región y comprometerse en materia de seguridad, pero la realidad nos indica que no hay grandes operaciones policiales en América Latina para frenar la expansión del crimen organizado, en especial de los carteles del narcotráfico que están experimentando una notoria expansión, no solo en los países del norte del continente, sino también en Sudamérica.

–¿Qué países se destacan por sus índices de asesinato en la región?

–Nosotros medimos la situación a partir de la tasa de homicidios por cien mil habitantes. En esos términos, los dos países más violentos en la región son Honduras, con una tasa de 70,4 homicidios por 100.000 habitantes, y Venezuela, con unas tasas muy altas (actualmente 64,3), que se han venido recrudenciendo durante los últimos 15 años. También figuran Jamaica, Guatemala, Trinidad y Tobago y El Salvador. Todas estas naciones comparten algo en común: están ubicados en el norte del continente y también están fuertemente vinculados en las zonas donde prolifera el tráfico de armas o la facilidad para acceder un arma de fuego de grueso calibre.

Más al sur nos vamos encontramos que esta letalidad es menor, pero no necesariamente porque sean menos violentos, sino porque no es tan fácil acceder a este tipo de armas. De esta manera, en países como Paraguay, Argentina, Uruguay o Chile las tasas de homicidios son notoriamente más bajas, pero nos podemos percatar que cuando hay incidencia letal en esos países, se da con armas blancas, armas contundentes o armas de fuego de calibre más pequeño.

–¿Qué información maneja Ud. sobre la situación de Paraguay en materia de seguridad?.

–Paraguay es un país donde, según nos arrojan los datos, no hay una fuerte incidencia delictiva, pero esto no quiere decir que tengamos que decir es un “país pacífico” . Sencillamente, no hay una tasa significativa de homicidios, como sí lo puede hay, por ejemplo, en Honduras, México o Brasil, que es un país muy próximo al Paraguay.

Lo que observamos en el país es que la violencia letal está localizada específicamente en el departamento de Canindeyú, que históricamente está vinculado con el tráfico de estupefacientes por la frontera que tiene el Brasil, y esto habla de la porosidad que hay en esta zona.

Infortunadamente, para nosotros, Paraguay es el único país donde no hemos podido encontrar información sobre todos los departamentos. Solamente hallamos datos de ocho de los 17 departamentos, y eso en término de investigación frustra un poco.

–¿El nivel de pobreza no tiene incidencia en la violencia en Paraguay?

–Estoy totalmente convencido de que la pobreza no es un factor que incide en la violencia. Insistir en el tema de pobreza no tiene ningún nexo causal lógico, sino que estamos criminalizando con ello a vastos grupos de la sociedad. Creo que la explicación está en otros lados, principalmente en la creciente corrupción en América Latina y ha asentado muy bien su funcionamiento, de tal suerte que es una institución muy funcional aunque moralmente incorrecta. Vivimos en un estado de corrupción, y los ciudadanos nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio malestar.

–¿De dónde parte esa hipótesis?

–Partimos de la base de que la violencia institucionalizada no es violenta por naturaleza, sino corruptora por naturaleza. A las bandas de crimen organizado no les conviene tener un Estado fallido, sino un Estado debilitado porque un Estado débil es fácilmente subceptible a la coima, y se da mediante el soborno a las autoridades, los políticos y funcionarios.

Solís Delgadillo explicó, además, que los mayores índices de criminalidad en la región se da principalmente en las regiones fronterizas o portuarias, como la frontera seca entre Paraguay y Brasil, donde el crimen organizado opera casi con impunidad, mediante la coima a las instituciones aduaneras y organismos de seguridad.

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