Luis Ortigoza no se somete a la justicia

Luis Ortigoza estuvo al frente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desde el 29 de junio del 2012 hasta el 14 de abril del 2013, en ese periodo la justicia le abrió cuatro causas penales, en todas ellas por millonarios desvío de dinero; hasta la fecha el mismo no se somete a los procesos y sigue libre.

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Durante una administración, que no llegó al año, Luis Ortigoza fue procesado primero por la compra de 5.000 hectáreas de tierras en el departamento de la Cordillera de la firma San Agustín y eso causó un perjuicio de G. 48.000 millones, que estaría ligado al exsenador Jorge Oviedo Matto.

También hay un segundo proceso abierto contra el extitular del Indert por la venta irregular de 52.000 hectáreas en Alto Paraguay que derivó en un desfalco de G. 15.381.715.000.

El tercer proceso viene una vez más por la venta de tierras de la Reserva del Mbaracayú, cuyo perjuicio es de G. 40.000 millones al Estado, y finalmente se le abrió una investigación penal a Luis Ortigoza por la adjudicación a un ciudadano árabe de un lote de 10 hectáreas que correspondía al aeropuerto de Capitán Bado. Ali Hatem, el que adquirió estas tierras, pagó apenas el monto de G. 5.119.323 por las 10 hectáreas que tenían un valor mucho más elevado.

Todos estos procesos están trabados en los tribunales por diferentes chicanas que van presentando los abogados de Ortigoza cada vez que se trata de avanzar.

Cualquier ciudadano común con estos antecedentes ya estaría preso, sin embargo, Luis Ortigoza goza de medidas alternativas a la prisión en todos los procesos.

Medidas que se dan cuando el imputado se somete a la justicia, caso contrario debe estar en la cárcel, mas al parecer esta regla judicial para extitular del Indert no corre.

Cambio de abogado, recusaciones y todo tipo de dilaciones son presentadas por la defensa de Ortigoza para poder dilatar todos sus casos y la administración de justicia se presta a este tipo de maniobras, ya que no toma la decisión de levantarle sus medidas y obligarlo a que se someta a la justicia.

La excepción 

Un atisbo por tratar de encaminar los mandatos de la justicia dio el juez penal de Garantías Hugo Sosa Pasmor en octubre del año pasado, cuando se debía hacer la audiencia preliminar para Luis Ortigoza por el caso de la venta de las tierras en Capitán Bado al árabe Ali Hatem Barakat, pero su abogado Arias solicitó la suspensión de la audiencia atendiendo que apelaron el fallo por el cual la Cámara de Apelación confirmó al magistrado.

Esto fue tomado por el juez Sosa Pasmor como una chicana más que intentaba por décima vez suspender la diligencia y citó al abogado Álvaro Arias y a su cliente Luis Ortigoza para una audiencia disciplinaria.

En esa diligencia el magistrado sancionó con una multa de 100 días, equivalentes a G. 7.015.500, a Álvaro Arias y a Luis Ortigoza, debido a la actitud temeraria y dilatoria que demostraron durante el proceso abierto por tentativa de estafa, en el que presentaron una serie de incidentes meramente dilatorios, para que no se realice la audiencia preliminar.

En su resolución el magistrado Sosa Pasmor dijo que basó su fallo en la Acordada N° 709 del 28 de julio de 2011 dictada por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, lo resuelto por el juez fue apelado y el fallo fue confirmado por la Cámara de Apelación.

Lo que ahora se tendría que dar es que de proseguir Luis Ortigoza en su actitud de dilatar el avance de la justicia, se le levanten las medidas alternativas y se ordene su prisión.

Juicio oral 

El caso por la compra de tierras de la firma San Agustín ya se encuentra en la etapa de juicio oral, pero actualmente está paralizado desde el 7 de marzo del año pasado, ya que la Corte Suprema de Justicia no resuelve una inconstitucionalidad planteada por el diputado liberal Milciades Duré, quien está procesado en este caso junto a otros tres funcionarios públicos.

Dos veces se trató de realizar el juicio y en ambas ocasiones fue suspendido y la Corte se asocia al retardo de justicia al no resolver la acción, dejando pasar el tiempo para mantener impune un hecho que lesionó al Estado por el millonario monto de G. 48.000 millones, según consta en la acusación fiscal.

Situaciones como estas se dan también en los otros dos procesos que se le abrieron a Luis Ortigoza y que hacen que ninguno avance teniendo en cuenta las innumerables chicanas que van presentando. Esto ya le valió al extitular del Indert el mote de “rey de las chicanas”.

victor.franco@abc.com.py

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