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El pasado 14 de junio se dio a conocer que el STF brasileño dictaminó que los investigados en una causa judicial no podrían ser llevados a declarar coercitivamente, a menos que no se hayan presentado ante una convocatoria previa.
Esta aclaración judicial, que es válida para cualquier caso en los tribunales del Brasil, fue tomada por los partidarios del expresidente Lula da Silva como un sentencia que beneficiaba su situación procesal, y que llevaría a su liberación, además pronta.
Esto se basaba en lo ocurrido en marzo de 2016, cuando el político, hoy encarcelado por corrupto, había sido llevado a declarar en medio de un fuerte despliegue policial.
Aquella medida fue duramente criticada por sus partidarios, alegando que era innecesario conducir coercitivamente a Lula a declarar ante el Juzgado.
Así pues, tras esta última sentencia judicial, los defensores de Lula comenzaron a publicar que esta medida lo beneficiaba, y hasta tal punto que podría anular incluso su condena de prisión, y por tanto sería excarcelado en cualquier momento.
Sin embargo, esta medida nada tenía que ver con el juicio que lo condenó a 9 años y 6 meses de prisión, en primera instancia, ni con la apelación posterior, que dictó su condena final de 12 años y un mes, que cumple en la actualidad.
La noticia de la presunta excarcelación fue repetida incluso por medios de prensa “serios”, como lastimosamente ocurre cada vez más frecuentemente en estos días, donde la rapidez es más valorada que la precisión.
Incluso cuando el texto de la sentencia, cuyos extractos se publicaba, indica con claridad que la medida no afecta a juicios previos; y por tanto tampoco al de Lula.
El Tribunal Supremo destacó que “esta decisión no deshace interrogatorios realizados hasta la fecha, aunque los interrogados hayan sido coercitivamente conducidos para tal acto”.
Los sitios parcializados, dedicados a propagar tendenciosamente noticias falsas, simplemente obviaban publicar esta parte de la sentencia.
Pero los medios de prensa “serios”, sí la publicaban pero, increíblemente, igual utilizaban los mismos titulares usados por los sitios tendenciosos, sobre el supuesto beneficio legal obtenido por Lula, o incluso sobre su pronta liberación.
En conclusión, esta sentencia sobre la conducción coercitiva para declarar ante los juzgados, no invalida, ni tiene relación alguna con las pruebas presentadas en el juicio en el que se condenó a Lula da Silva.
Además, no afecta al fondo de las declaraciones realizadas por los investigados, sino simplemente a la forma en que el declarante puede ir a exponer dichas declaraciones.
Y, para rematar, para que no exista duda alguna, se establece expresamente que esta sentencia no puede ser usada para “deshacer” las declaraciones que ya fueron realizadas.
Esta situación presentada en torno a esta sentencia del Supremo brasileño pone en evidencia, una vez más, algunos grandes males en las comunicaciones de nuestro tiempo: el uso tendencioso de las poderosas redes sociales, la falta de capacidad analítica de los lectores para no dejarse arrastrar por noticias falsas y la falta de seriedad creciente de los medios, de los que se espera más objetividad en el trato de las noticias.