24 de Setiembre de 2012

 

MANDATO JURÍDICO

La conducta humana como base de toda reacción jurídico-penal se manifiesta en el mundo externo, tanto en actos positivos como en omisiones. Ambas formas de comportamiento son relevantes para el derecho penal y esto se patentiza en el Título II del Código Penal, que se refiere a “El hecho punible” y que en su capítulo I-Presupuestos de la Punibilidad, artículo 15º regula la omisión de evitar un resultado.

Dicha norma establece que: “Al que omita impedir un resultado descrito en el tipo legal de un hecho punible de acción, se aplicará la sanción prevista para este solo cuando: 1. exista un mandato jurídico que obligue al omitente a impedir tal resultado; y 2. este mandato tenga la finalidad de proteger el bien jurídico amenazado de manera tan específica y directa que la omisión resulte, generalmente, tan grave como la producción activa del resultado”.

El Código Penal en la normativa descrita incluye una figura interesante, la omisión de evitar un resultado. Si se produce un resultado dañoso y la persona obligada a evitarlo por estar en posición de garante no lo evitara, será pasible de las penas contempladas en la ley para quienes realizaran la acción dañosa.

El mandato jurídico mencionado en la norma citada coloca en posición de garante a los señores Rivas y Lovera en sus calidades de autoridades de la Seam, en la materia específica de impactos ambientales.

Queda claro que la disposición sanitaria contenida en los artículos citados es explícita al establecer la obligación de toda persona sea natural o jurídica a amparar en todo momento este tipo de actividades (disposición de residuos) con los correspondientes permisos previos expedidos por la autoridad pertinente y el cumplimiento de cada uno de dichos compromisos (tal el caso de los planes de gestión ambiental).

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