06 de Noviembre de 2017

| Caso Pablo Medina

Ministros estudian excepción

Por Marcia Ferreira

La Corte Suprema de Justicia debe sentar postura respecto a la viabilidad o no de la excepción de inconstitucionalidad planteada por Vilmar Acosta Marques, con el fin de excluir las pruebas presentadas por Fiscalía en el juicio por doble homicidio del periodista Pablo Medina y Antonia Almada, en el cual el político está acusado por instigación.

Las pruebas que la defensa pretende excluir son los informes remitidos por empresas telefónicas sobre llamadas entrantes y salientes realizadas desde líneas que utilizaban el acusado y personas vinculadas a él, así como la ubicación de los usuarios.

El principal cuestionamiento de la defensa tiene relación con la forma en que se obtuvo dicha prueba, a partir de un informe requerido por la Fiscalía, de conformidad con la facultad que le concede el artículo 228 del Código Procesal Penal. Para la defensa, el informe debió ser requerido con orden judicial y en las condiciones en que se hizo, vulneró el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada, garantizado por la Constitución en su artículo 36.

Este mismo argumento fue utilizado para plantear la nulidad tanto en la preliminar como en el juicio y fue rechazado en ambas ocasiones, tras constatarse que dichos informes no abarcan el contenido de las conversaciones y por lo tanto, no afectan la privacidad del acusado. Ahora, el abogado Ricardo Paredes radicó una excepción de inconstitucionalidad, para que la Sala Constitucional de la CSJ resuelva la cuestión.

El fiscal adjunto Augusto Salas solicitó al rechazo de la misma, tras sostener que la vía elegida por la defensa no es adecuada para el tratamiento de la cuestión. En ese sentido, destacó que la excepción de inconstitucionalidad no puede ser planteada contra una resolución judicial, sino contra una ley o instrumento normativo. A continuación, su argumento:

“El artículo 132 de la Constitución Nacional otorga a la CSJ, en forma genérica, la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de la resoluciones judiciales. En reglamentación a esta atribución, la ley procesal civil realiza una distinción entre la impugnación de inconstitucionalidad por la vía de la acción y de la excepción. En cuanto a esta última modalidad, dicho cuerpo normativo admite su oposición en la contestación de la demanda, en la reconvención o en el ejercicio de acto procesal equivalente en otros procesos.

Al respecto, señala la doctrina: ‘... Parece evidente que, en estas circunstancias, al legislador se le abre la posibilidad de darle a la excepción carácter preventivo, para evitar la aplicación de la ley, antes de que ella sea actuada por el órgano jurisdiccional; o bien darle el carácter correctivo, para evitar la aplicación de la ley, después de que ella sea actuada por el órgano jurisdiccional. El Código se decidió por la primera de las dos posibles soluciones, porque la estimó más ortodoxa y acorde con la letra y el espíritu de la CN. Tal puede verse en los artículos 538 al 549 del CPC, que en todos los casos admiten la excepción ante la invocación de la ley o instrumento normativo en que funda su pretensión cualquiera de los litigantes, ya sea en proceso de conocimiento ordinario, en juicios especiales, en incidentes o recursos deducidos en segunda o tercera instancia. Así, pues, la excepción únicamente podrá usarse preventivamente y queda reservada en forma exclusiva a la impugnación de leyes y otros instrumentos normativos.

Entendida la figura en estudio como medio de defensa ante la invocación de una ley instrumento normativo –reputado como institucional– por uno de los litigantes y como sustento de su pretensión, corresponde analizar cómo fue utilizada por la parte ahora recurrente.

En este punto, es menester recurrir a lo establecido en la legislación positiva, concretamente a lo reglado en el artículo 538 del CPC, que dispone ‘...la excepción de inconstitucionalidad deberá ser opuesta por el demandante o el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención, si estimare que estas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la CN. También deberá ser opuesta por el actor o en reconviniente, en el plazo de nueve días, cuando estimare que la contestación de la demanda o la reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional por las mismas razones...’.

Trasladadas estas reglas al proceso penal, implicarían que con la excepción de inconstitucionalidad se debería impugnar un requerimiento fundado en una norma jurídica, cualquiera sea su jerarquía, contradictoria con algún precepto constitucional. Eso es así, porque la excepción de inconstitucionalidad tiene una naturaleza preventiva, en el sentido de que la misma está destinada a evitar que el órgano jurisdiccional aplique una ley o normativa considerada inconstitucional. Además, de dicho artículo se deduce que este tipo de excepción tiene por objeto que se declare la inconstitucionalidad de una ley u otro instrumento normativo y en consecuencia, la inaplicabilidad de los mismos al caso concreto, tal como lo dispone el art. 542 del CPC (...)

De lo antedicho surge claramente que esta no es la vía procesal adecuada para pretender la rectificación, nulidad o modificación de fallos dispuestos en resoluciones judiciales ya que –de ser así– se estaría violentando la naturaleza preventiva propia de este mecanismo procesal”, concluye el escrito.

Agentes farreaban con Vilmar y alertaban sobre operativos

En la semana pasada, el tribunal de sentencia presidido por Ramón Trinidad Zelaya recibió el testimonio de un agente policial y un militar, que desnudaron la influencia que ejercía el acusado Vilmar Acosta Marques en la zona de Ypejhú, donde se desempeñó como intendente en dos ocasiones.

El subcomisario Rogelio David Sosa, profesional asignado a la división Homicidios de Asunción, relató que el principal obstáculo que afrontaban para realizar las tareas investigativas en Ypejhú era la fuga de información, debido a que muchos policías puestos por políticos en la zona, actuaban de campana.

Por esa razón, luego de algunos procedimientos frustrados, la primera medida que se vieron obligados a tomar era incomunicar al personal policial de la zona, para que no alertaran sobre los operativos.

“A nivel político había muchos inconvenientes en la zona. Inclusive puedo decir que había personales policiales puestos por estas personas políticas. Inclusive le puedo manifestar con propiedad que a cada allanamiento que teníamos que hacer, teníamos que llegar a los puestos policiales e incomunicar a esos personales policiales que se encontraban en los puestos para que no den aviso. Porque siempre llegábamos con 5 a 10 minutos de retraso, porque se alertaba de cada operativo que se hacía”, reveló el jefe policial.

De “parranda”

A su vez, el Cnel. Felipe Orrego, quien se desempeñó como comandante del destacamento de Ypejhú durante seis meses a partir de mayo de 2014, reveló que en ocasión de asistir a una cena de cumpleaños de Acosta observó a unos seis a siete agentes del departamento de Investigación de Delitos en una mesa.

El testigo comentó que en aquella oportunidad, el acusado comentó que había invitado a la diputada cartista Cristina Villalba (ANR), sindicada como “madrina” del clan Acosta, pero que la misma se excusó de ir, probablemente por mal tiempo.

Un dato clave que aportó el Cnel. Orrego es que solía comunicarse con el jefe comunal al 0983 614362 y a otro número que tenía el chofer, Arnaldo Cabrera.

El militar destacó que el propio Acosta le comentó su molestia con Medina por las publicaciones que hacía contra él y dijo que eran vox populi la enemistad entre ambos y la supuesta conexión de Vilmar con el narcotráfico.

Tras investigación, amenaza y crimen

Pablo Medina Velázquez, quien se desempeñó como corresponsal de nuestro diario durante 16 años en Curuguaty, fue acribillado en un camino vecinal de Villa Ygatimí en la tarde del 16 de octubre del 2014. En la ocasión también fue asesinada la joven Antonia Almada, quien viajaba en el asiento del acompañante.

La acusación presentada por la fiscala Sandra Quiñónez contra el intendente de Ypejhú sostiene que el móvil del crimen fue una serie de publicaciones que realizó nuestro compañero de tareas, sobre la implicancia del clan Acosta en una serie de ilícitos en la zona y por las cuales Medina recibía amenazas, inclusive.

Las molestias empezaron por publicaciones relacionadas con el narcotráfico y subieron de tono tras la publicación del nexo entre el ahora acusado y el asesinato del exintendente de Ypejhú Julián Núñez, baleado en una vía pública de la referida ciudad en la noche del 1 de agosto del 2014.

Vilmar Acosta Marques ha sido acusado por instigación del homicidio, mientras que su hermano Wilson Acosta Marques y su primo Flavio Acosta Riveros están imputados por la autoría material del crimen. Wilson permanece prófugo y Flavio está preso en el Brasil, donde afronta un proceso de extradición.

rferre@abc.com.py

 
 

ABC COLOR EN FACEBOOK

 
 
 

COMENTARIOS

Inicie Sesión o Regístrese para comentar.

- ABC Digital no se hace responsable por los comentarios generados o publicados por lectores.
- Los usuarios que utilicen datos falsos en los registros de ABC Digital serán bloqueados.
- Se anularán las cuentas de personas que utilizan este sitio para ofender, insultar, agraviar o publicar groserías. Los comentarios considerados inapropiados serán borrados.
- Los usuarios con más de tres reportes de abuso serán dados de baja.

 

Reportar error

Reportar comentario

Enviar a un amigo