Morosidad produce un daño tremendo a la justicia

La abogada Sandra Enciso Garcete, especializada en lo civil y comercial, describe su experiencia personal en la que radiografía la excesiva morosidad de nuestro sistema de justicia, en el que proliferan los litigantes de mala fe y los jueces haraganes, quienes, por no darse el trabajo de leer los expedientes, corren traslado del mismo, produciéndose así una dilación perpetua de los procesos. Las víctimas: los abogados.

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“Yo no quiero decir cómo tiene que trabajar un abogado. Cada uno sabe, y a todos nos tocó estar o no en la parte deudora o demandada, pero tampoco se tiene que permitir un ejercicio abusivo del derecho. Un litigante de mala fe, con la simple finalidad de procurar obtener una dilación perpetua del proceso, hace un daño tremendo al prestigio de nuestro sistema judicial”, afirma la abogada.

Para la doctora Enciso, en este sistema hay una realidad de la que no están ajenos los abogados: los grupos de poder.

“Yo me siento cómoda litigando con señores profesionales con letras mayúsculas, abogados que me ganen por ser más hábiles en el proceso, por tener más conocimiento y que demuestren y prueben sus pretensiones, y no que me ganen por ser masón o socio del juez. De eso es lo que estamos hartos los abogados independientes que recorremos los pasillos en busca de la justicia que quiere la ciudadanía”, remarca sin rebusques la profesional.

Parafrasea al profesor uruguayo Eduardo Couture, considerado el procesalista más influyente del derecho continental en el siglo XX.

“Sus ideas siguen tan vigentes en la actualidad, en pleno siglo XXI”, señala Enciso.

Couture sostiene que el proceso debe ser idóneo para el ejercicio de los derechos, lo suficientemente ágil como para no agotar por desaliento al actor y lo suficientemente seguro como para no angustiar por restricción al demandado.

“El proceso, que en sí mismo no es un medio de realización de la justicia, viene así a constituirse en un derecho con rango similar a la justicia misma”, afirma el letrado.

Un juicio ejecutivo dura hoy tres años, y sin finalizar

“El punto al que quiero llegar es que un juicio ejecutivo que está legislado en su totalidad en el Código Procesal Civil, contemplando todas las etapas, los recursos que pudieran hacer uso tanto la parte demandada como actora, si se cumplen los plazos, como lo establece la ley, debiera durar como máximo un período de 16 meses –un año cuatro meses–, porque justamente está legislado como un juicio especial, cuando que, en realidad, hoy día, un juicio ejecutivo prácticamente está durando tres años, y sin finalizar”, expone la profesional.

“Lo más triste es que los jueces, que son los que tienen que trabajar y rechazar in limine, por no querer leer y por no querer hacer su trabajo, se lavan las manos directamente corriendo traslado de esos disparates presentados”, agrega.

Se refiere a la excesiva morosidad dentro de un pésimo funcionamiento del sistema judicial.

Un caso puntual

La abogada hizo referencia a un caso puntual.

“Después de dos años, llegué al estadio de cumplimiento de la sentencia. Cumplí a cabalidad los trámites para realizar la subasta de los embargos. Nuevamente, se presentó la esposa del demandado a plantear un incidente señalando que ella se vio agraviada debido a que es condómina y, por lo tanto, le corresponde parte del inmueble y que se proceda a la subasta del 50%...”.

“Yo, como la parte actora, me allané y dije que estaba correcta su pretensión y, por tanto, que se proceda solamente a la subasta de los dos muebles embargados por el 50% con la finalidad de recuperar la acreencia de mi cliente, más nada...”.

“El juzgado resuelve correctamente a fin de reencauzar el proceso; por tanto, ordena la subasta de todos los muebles embargados solamente por el 50 por ciento, que es la parte que corresponde...”.

Insólito

“Lo insólito de todo es que la parte agraviada apela la resolución que le favorece, y lo más triste es que el juez le concede la apelación, cuando que le tendría que rechazar, ya que se había resuelto de la manera en que pretendía...”, relató.

El caso dijo que está en el Tribunal de Apelación, Primera Sala, desde el 29 de setiembre del año pasado para autos (de sentencia). “Desde setiembre a la fecha, no tengo respuesta; ni siquiera un proyecto de borrador...”.

Dijo haber presentado ya tres urgimientos, específicamente en el juzgado del doctor Paiva Valdovinos.

“El punto al que quiero llegar es que la excesiva morosidad, el pésimo funcionamiento del sistema judicial del cual somos víctimas los abogados, y no me enorgullece que haya colegas que hagan cualquier tipo de presentaciones e incidentes descabellados”, aseveró.

Más a cuestiones administrativas

La doctora Enciso comenta que los ministros de la Corte se abocan más a las cuestiones administrativas, y dejan de lado el cumplimiento de su verdadera función, que es confirmar o corregir los fallos.

“Mientras tanto, los jueces y camaristas no hacen su trabajo, porque no fallan en el tiempo en que tienen que fallar”.

Trae a colación el Código de Organización Judicial del año 81 sobre causales de enjuiciamiento. “La mitad de los magistrados deberían estar enjuiciados si es por eso”, agregó.

“La cantidad de expedientes que recibe un juzgado en tramitación de primera instancia es de 14.700. ¿Quién se va a poner al día?”, se pregunta.

Los juzgados nuevos, a partir del décimo tercero, tienen 4.500 expedientes. “Igual no están al día. Fíjese la diferencia: prácticamente le cuadruplica. Los juzgados nuevos son a partir del décimo tercero. Igual no están al día. O sea que los funcionarios judiciales son los que no funcionan. Autos para sentencia hay en un promedio de 630 por juzgado”.

“Si son 13, y hay 650 expedientes. Cuánto es el promedio en autos para sentencia. Es la prueba de que no trabajan”.

¿Qué hacen? “No trabajan. Rescato que hay una cantidad ínfima de funcionarios y de magistrados honestos y trabajadores, pero es tan poca la cantidad, que, como se dice, “una golondrina no hace primavera”.

holazar@abc.com.py

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