No serán extraditados

De hecho, todos los detenidos, presuntos miembros del PCC, también eran buscados en el Brasil por asaltos, robos, formación de cuadrillas y fuga de penitenciarías, delitos por los que también deberán rendir cuentas ante la justicia del vecino país. Del poder de los sospechosos –tres de los cuales fueron abatidos durante los enfrentamientos con miembros de la Policía Federal– se recuperaron 219.450 reales, G. 733.640.000 y US$ 1.275.030, que serían parte del botín de US$ 11.720.255, robado en la madrugada del lunes 24 de abril.

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó que ante un eventual pedido de extradición, las autoridades del país vecino definitivamente lo negarán, porque su Constitución prohíbe la entrega de brasileños a otro país para ser enjuiciados, pero ante esta negativa la Justicia de Brasil deberá realizar el proceso de juzgarlos por el hecho investigado en el Paraguay, explicó.

En la madrugada del lunes pasado, un comando integrado por al menos 70 maleantes fuertemente armados tomaron por asalto el local de Prosegur ubicado en el centro de la capital de Alto Paraná. Los criminales aislaron la zona colocando barricadas con francotiradores equipados con metrallas calibre .50 y vehículos blindados.

A balazos repelieron todos los intentos de la Policía de llegar hasta el lugar. Precisamente, estos no contaban con los armamentos adecuados y la suficiente cantidad de municiones. Luego, los intrusos volaron parte del edificio de Prosegur para acceder a la bóveda de la empresa, de donde se llevaron los US$ 11.720.255. Finalmente, los delincuentes emprendieron la huida por Hernandarias y pasaron en lanchas hacia el Brasil, a través del río Paraná, explicaron.

Actualmente, la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público ya está a disposición de los dos fiscales (Marcelo Saldívar y Denise Duarte) que investigan en Paraguay el golpe contra Prosegur y los asesorarán para agilizar los trámites de cooperación entre ambos países. El intercambio de información también servirá para que los demás criminales que participaron del atraco puedan ser identificados y detenidos en el futuro, explicaron. 

Inutilidad policial

Todo el operativo criminal duró más de tres horas; en todo ese tiempo los organismos de seguridad no tuvieron la capacidad de reacción para enviar refuerzos dotados con los vehículos, armamentos y cartuchos suficientes desde otras localidades aledañas para reprimir a la banda.

Es más, ni siquiera pudieron cerrar las vías que conducen a los distintos puertos clandestinos instalados sobre el Acaray y el Paraná para evitar que los delincuentes pudieran escapar con el millonario botín en dólares.

Mientras la Policía Nacional se resignaba a contemplar cómo el grupo comando escapaba en convoy hacia la frontera a través de Hernandarias, sus pares del vecinos país ya habían reforzado toda zona limítrofe con efectivos fuertemente armados, lo que permitió la captura de algunos sospechosos y la recuperación de parte del dinero, señalaron.

A esto se suman las sospechas de que hubo complicidad para el golpe de algunos miembros de la Policía en Ciudad del Este, donde operan cinco unidades de inteligencia y operativas, precisamente para evitar hechos similares. “Es imposible que la presencia de los 70 criminales del PCC haya pasado inadverido”, explicaron. La falta de reacción nuevamente se evidenció en filas de la Policía cuando, en los días posteriores al golpe que dejó por el suelo la imagen de la institución, solo pudieron capturar a criminales como Juan Carlos Benítez Ramírez, de 40 años, y Marcela Antunes Fortuna, de 35 años, esta última considera jefa administrativa del PCC en Alto Paraná y con 41 órdenes de captura en su país.

Sin embargo, ninguno de los autores materiales del gran golpe, ni sus encubridores, fueron apresados en territorio paraguayo.

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