15 de Febrero de 2016

 

Nueva titular de la Corte debe exigir castigo a corruptos

Por Édgar Venerando Ruiz Díaz

La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la colorada Alicia Pucheta de Correa, prometió, para sus próximos 12 meses de mandato, su esfuerzo y total dedicación a favor del acceso a la información pública y al logro de una mayor cercanía de la justicia a la gente.

La promesa hecha por la alta magistrada forma parte de obligaciones legales propias de toda autoridad judicial y no necesita de anuncios para ponerlas en práctica, pues sabemos que los magistrados deben ser accesibles y transparentes sin que nadie los obligue ni amenace.

La consolidación del plan estratégico 2015-2016 sobre transparencia debe quedar a cargo de las redes sociales de internet o las ONG, con sus denuncias y pedidos de sanciones para quienes se niegan a revelar datos sobre holgazanes estatales que a costa del contribuyente ganan millones sin trabajar.

Por lo tanto, el anuncio de Doña Alicia forma parte de una retórica engañosa, generalmente utilizada por políticos inescrupulosos que muestran preocupaciones falsas mientras ignoran o miran de reojo otras realidades que merecen urgente atención.

Hubiera sido bueno que la nueva mandamás judicial anunciara nuevas medidas y exigencias para que los jueces lleven adelante procesos rápidos con castigos ejemplares para planilleros, saqueadores estatales y forajidos diversos.

Advertencias para chicaneros, sanciones por congelar expedientes, respaldo para magistrados que ignoran sugerencias y rechazan presiones políticas, premios para jueces valientes, reconocimientos o aumentos salariales para funcionarios que denuncian hechos de corrupción, pudieron haber formado parte de la promesa de la nueva titular de la Corte Suprema de Justicia.

Claro que sí, pero ¡por supuesto! que Doña Alicia puede mejorar su promesa para los próximos doce meses de mandato que le esperan. Todavía tiene tiempo de hacer historia exigiendo desde su presidencia el cumplimiento estricto de plazos procesales a los jueces así como la aplicación de medidas disciplinarias para quienes abusan del derecho tratando de mantener impunes a exintendentes ladrones, legisladores corruptos y exministros maleantes.

Con la ayuda de su vicepresidente primero José Raúl Torres Kirmser y la colaboración de su vicepresidenta segunda, Miryam Josefina Peña, la flamante titular de la máxima instancia judicial puede hacer historia exigiendo y controlando la buena marcha de las docenas de procesos abiertos a quienes merecen la cárcel.

eruizdiaz@abc.com.py

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