Ortigoza, en silencio ante graves acusaciones

Menos de un año de gestión al frente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) le valieron a Ignacio Luis Ortigoza nada menos que cuatro procesos penales. Sindicado por la Fiscalía de haber ocasionado un perjuicio multimillonario al Estado paraguayo, Ortigoza prefiere el silencio. Nunca declaró ante la Fiscalía y también se excusó de hacerlo ante la prensa. En la misma temática, su defensor Carlos Battaglia, dijo que tampoco hablará hasta que se realice la audiencia preliminar. Mientras, el Ministerio Público presentó dos acusaciones y, al parecer, las demás causas van por el mismo camino.

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Ignacio Luis Ortigoza asumió como presidente del Indert el 29 de junio del 2012 y se retiró el 14 de abril del 2013. De algunas resoluciones dictadas en aquel periodo, la Fiscalía aduce que ha ocasionado un perjuicio de más de G. 60.000 millones en tan solo dos casos.

Uno de ellos tiene relación con la compra de una propiedad de la firma San Agustín, con una extensión de 5.700 hectáreas, ubicada en Cordillera, cuyo costo total quedó pactado en unos G. 60.000 millones.

El Ministerio Público sostiene que el perjuicio ocasionado por dicha operación es de G. 46.884.846.163, monto que el Indert pagó el 27 de marzo de 2013. El monto total pactado era de G. 60.000 millones, pero la firma renunció al cobro del saldo. Para la Fiscalía, esta propiedad no vale más de G. 1.000 millones.

“Hay una serie de elementos que establecen que esta adquisición por un lado, no sirve para los fines para los cuales ha sido constituido el Indert, esta adquisición es muy superior al valor real del mercado, teniendo en consideración varios factores, por ejemplo que la misma se encontraba ocupada hace varios años existiendo juicios de adquisición prescriptiva, personas que ya han solicitado personalmente adquirir la propiedad por usucapión, también existen varias zonas de este inmueble que son inundables, con todas estas circunstancias el valor disminuye notablemente, lo cual no fue considerado al momento de la compra”, explicó el fiscal René Fernández.

La otra causa en la que se presentó acusación tiene su origen en la venta irregular de 52.000 hectáreas en la colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay, y que, según la Fiscalía, el perjuicio patrimonial de más de G. 15.000 millones.

“Ese monto surge de la diferencia entre el valor de esos inmuebles al momento de la operación deducido el monto de la venta, que en promedio estamos hablando de una suma de cada lote que con un valor vigente de unos G. 1.200 millones, habiendo sido vendidos esos inmuebles en G. 100 millones”, indicó Fernández.

TODAS LAS OPERACIONES QUE DERIVARON EN PROCESOS PENALES CONTRA IGNACIO LUIS ORTIGOZA

1) La compra de 5.000 hectáreas de tierra en Cordillera de la firma San Agustín, vinculada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, que según la Fiscalía causó un perjuicio de G. 47.000 millones. Además de Ortigoza, también están acusados el diputado Pedro Milciades Duré Argüello y el administrador de la estancia, Arnaldo Jara Alvarenga.

Esta, a pesar de ser la primera causa abierta contra el extitular del Indert Ignacio Luis Ortigoza, se encuentra paralizada hace más de un año, debido a recursos que impiden la realización de la preliminar.

2) La Fiscalía acusó a Ortigoza y otras 13 personas por lesión de confianza, por la venta irregular de 13 inmuebles (52.000 hectáreas), ubicados en colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay, y que, sostiene, causó un perjuicio de G. 15.381.715.000.

También han sido acusados los beneficiados con la venta: Enriqueta Guerreros de González, Hermes Barrios Gaona, Mirtha Graciela Díaz de Palacios, Elvio Aurelio Araújo Florentín, Martín López Agüero, Silo Guerrero Acosta, Mirta Lourdes Araújo Armoa, Antenor Dionicio González, Alfredo González Ramírez, Ide Joel González Ramírez, Lino Marín Brizuela, Bernardino Benítez González y Anselmo Benítez González.

3) Una de las causas es por la venta de tierras de la Reserva del Mbaracayú, cuyo perjuicio es de 40.000 millones al Estado.

Además de Ortigoza, también están procesados los beneficiarios del inmueble, Wilma Fernández Mancuello, Manuel Rouz Trinidad, David Chamorro López, Juan José Melgarejo Frutos y Luis Alberto Álvarez Giménez, y los funcionarios del Indert Feliciano Romero Rodríguez y Juan Ramón Sosa Fretes.

4) La adjudicación a un ciudadano árabe de un lote de 10 hectáreas que correspondía al aeropuerto de Capitán Bado. Ali Hatem pagó apenas el monto de G. 5.119.323 por el mismo.

Libertad de acusado depende de tasación

El juez penal de garantías Hugo Sosa espera la nómina de peritos registrados en la Corte Suprema de Justicia, para ordenar una nueva tasación de la propiedad ofrecida por la defensa de Ignacio Luis Ortigoza. Es ante la sospecha manifestada por la Fiscalía de que la misma habría sido sobrevaluada, para cubrir la elevada fianza establecida por el juzgado.

El 20 de abril pasado, el magistrado Sosa elevó a G. 8.000 millones la fianza de G. 1.300 millones inicialmente impuesta a Ortigoza y le dio un plazo de 20 días para cubrirla con inmuebles.

En aquella oportunidad, el juez advirtió a la defensa de que, en caso de incumplimiento, se revocará la medida alternativa a la prisión que tenía.

La decisión fue apelada por el abogado defensor Carlos Battaglia, quien alegó que su defendido ha cumplido con todos los requerimientos del juzgado y de la fiscalía y que cuenta con sobrado arraigo en el país. A su criterio, la fianza establecida por el juzgado es excesiva e innecesaria.

El 7 de mayo pasado, el Tribunal de Apelación, 1° sala, integrado por los camaristas Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez y Antonia López, ratificó la decisión de primera instancia, tras concluir que el monto establecido por el juzgado era razonable para evitar que el acusado evada la justicia.

Ante el resultado adverso, la defensa del extitular del Indert ofreció en fianza un inmueble ubicado en la zona norte de Fernando de la Mora, que según tasación del perito Diosnel Alarcón, está valuado en US$ 2.880.512. Se trata de una residencia, registrado a nombre de la esposa del acusado, Myriam Paiva Paredes.

Sin embargo, en vez de solucionar el problema, es posible que Ortigoza cree otro, de no confirmarse el valor referido por el citado perito.

Es que esta estimación ha sido objeto de cuestionamiento por parte de los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción René Fernández y Silvia Cabrera, para quienes la propiedad ha sido sobrevaluada.

Los representantes del Ministerio Público advierten que el inmueble fue adquirido por la esposa del acusado el 16 de marzo de 2010, por G. 100 millones.

“De la descripción ofrecida por dicha tasación, como también de las tomas fotográficas, la ubicación del lugar y el mejoramiento público que refiere dicho escrito, donde menciona los servicios que posee, como además que dicho inmueble se encuentra en una calle empedrada en su frente y laterales, sin embargo no refiere si en dicho inmueble, existen piscina, sauna, jacuzzi, entre otros. Consideramos que el precio pagado por el inmueble no condice con la tasación ofrecida, tampoco se encuentran las condiciones de dominio de dicho inmueble para saber si tiene o no algún embargo, por lo que consideramos insuficiente la caución ofrecida por la defensa técnica del señor Ignacio Luis Ortigoza”.

“Consideramos que el precio pagado por el inmueble no condice con la tasación ofrecida, tampoco se encuentran las condiciones de dominio de dicho inmueble para saber si tiene o no algún embargo, por lo que consideramos insuficiente la caución ofrecida por la defensa técnica del señor Ignacio Luis Ortigoza”, concluye el dictamen fiscal, que peticiona al juzgado la revocatoria de la medida alternativa de prisión otorgada al acusado al inicio del proceso.

El abogado Battaglia se excusó de hablar sobre esta cuestión y las demás que hacen al proceso.

rferre@abc.com.py

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