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05 de Junio de 2017

| Blanqueos e imputaciones a la carta, en Delitos Económicos

Procesos corren según “clientes”

Por Griselda Centurión

En la misma semana donde se concretó el “blanqueo” del senador liberal Enzo Cardozo por un supuesto faltante de G. 35.000 millones en el Ministerio de Agricultura, y la salida procesal leve del “mecánico de oro” Miguel Carballo, sindicado como testaferro del senador colorado Víctor Bogado, Delitos Económicos presentó imputación contra el senador liberal Carlos Amarilla (antienmienda), por hechos acontecidos en la Gobernación del Departamento Central en 2012 y 2013. Las sospechosas actuaciones dejan entrever el “uso” político de los procesos.

En los últimos tiempos, los procesos en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción avanzan o se estancan dependiendo de intereses políticos. Si a eso se suma la intención de integrar la terna de la Fiscalía General, las imputaciones o desestimaciones cobran otro tinte aún más sospechoso.

Esto quedó demostrado cuando la fiscala Victoria Acuña decidió imputar por estafa a 20 personas, entre consultores, contadores, proveedores del Estado y fiscalizadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la investigación abierta por una “tragada” de G. 35.000 millones, monto que se debía ejecutar en varios proyectos en el marco del Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar, pero decidió excluir al exministro Enzo Cardozo, senador liberal que apoyó la enmienda constitucional para la reelección presidencial.

La agente no tuvo el mismo criterio de sus colegas de la Unidad, Claudia Criscioni (hoy jueza) y Alba Delvalle, que incluyeron en procesos similares a Cardozo, en carácter de ordenador de gastos. El parlamentario, de esta forma, soporta dos procesos por lesión de confianza, uno por el desvío de G. 68.000 millones y otro por el faltante de G. 3.700 millones.

Estas causas penales se estancaron en la audiencia preliminar y fueron “congeladas” en la Corte Suprema de Justicia.

Con el criterio de Acuña, el MAG y Enzo Cardozo serían víctimas de una estafa, por lo que se descarta la mala administración pese a que el exministro firmó las resoluciones por las cuales se aprobaron los proyectos de apoyo a la agricultura familiar y los millonarios desembolsos a distintos comités.

En esta causa, al igual que las iniciadas por Criscioni y Delvalle, existió el mismo modus operandi, debido a que tampoco se exigió un estudio de factibilidad de los proyectos a los que se destinaron los millonarios fondos. Con ese criterio, se abrieron los dos procesos al legislador por lesión de confianza.

El criterio de Acuña le valió ser auditada ahora por su propio fiscal adjunto Federico Espinoza.

Imputación, luego de 5 años

Luego de la exclusión de Cardozo de su imputación por el desvío en el MAG, la misma agente, Victoria Acuña, decidió imputar por lesión de confianza al senador liberal Carlos Amarilla, quien votó en contra de la enmienda constitucional.

La agente le hace responsable de un faltante de G. 9.000 millones durante su gestión en la Gobernación del Departamento Central, en los años 2012 y 2013.

Al ser opositor político, el senador dice que este proceso en realidad es un “pase de factura” por votar en contra de la enmienda constitucional.

“Esto tiene una motivación política; todos saben que me opuse a la enmienda. Uno de los ofrecimientos que me hicieron, además de dinero, era el de liberarme de un proceso como este. Somos hombres públicos, la cuestión de fondo no cambia. Demostraré que ninguna conducta mía puede ser reprochable”, aseguró Amarilla tras conocer su proceso.

Sin embargo, esto tampoco puede excluirlo de un proceso penal si hay indicios de mala administración del dinero público, pero llama la atención el momento en que se presentó la imputación.

Suspensión para planillero

El fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera solicitó una suspensión condicional de procedimiento para Miguel Ángel Carballo Gómez, el “mecánico de oro” y presunto testaferro del senador colorado Víctor Bogado, por el proceso que soporta por cobro indebido de honorarios.

El agente indica que Carballo reconoció el cobro indebido de honorarios en la Cámara de Diputados y la Municipalidad de Asunción y aceptó devolver la suma de G. 100 millones, que debe ser definido por el juez penal de garantías Óscar Delgado.

Según Cabrera, se corroboró que Carballo percibió desde julio de 2008 un salario de G. 5 millones en la comuna capitalina, y desde junio del 2013 fue nombrado funcionario permanente de la Cámara de Diputados, con un salario de G. 10.300.000, cuando Víctor Bogado era titular de la Cámara Baja.

Respecto al presunto enriquecimiento ilícito de Carballo, Cabrera decidió remitir al fiscal adjunto Federico Espinoza, para el análisis de la procedencia de la investigación. El “mecánico de oro” no podría justificar ser propietario de una empresa con capital de G. 5.000 millones y la compra de un lujoso departamento valuado en G. 450 millones, además de otros bienes. A su vez, se presume que otorgó un préstamo de nada menos que US$ 300.000 porque entabló un juicio de cobro por ese monto que debería justificar al ser funcionario público.

Buscan integrar la terna

Los fiscales Victoria Acuña y Martín Cabrera están en el centro de la opinión pública por sus decisiones en los casos de los senadores Enzo Cardozo, Carlos Amarilla y del supuesto “testaferro” de Víctor Bogado, mientras se encuentran concursando para integrar la terna para la fiscalía general del Estado.

De hecho, durante la audiencia pública la fiscala Acuña tuvo que responder una denuncia de sindicalistas de IPS, respecto a la desestimación del caso que afectaba al extitular y actual senador Fernando Silva Facetti. La investigadora dijo que corroboró con varias diligencias que no hubo perjuicio patrimonial en las adquisiciones de vehículos y otros contratos ejecutados durante la gestión del parlamentario.

Sin embargo, su decisión de no incluir al senador Enzo Cardozo en una tercera causa por lesión de confianza en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por el presunto perjuicio de G. 35.000 millones, le valió que su propio fiscal adjunto, Federico Espinoza (quien también aspira a integrar la terna para fiscal general), ordene la auditoría de la causa.

Respecto al actuar de Martín Cabrera en el caso del presunto “testaferro” de Víctor Bogado, Miguel Ángel Carballo, el agente no lo “blanqueó” de su caso de planillerismo, sino que pidió una salida procesal benigna de suspensión condicional del procedimiento, que significa la aceptación del hecho punible de cobro indebido de honorarios y la promesa de devolución de lo percibido irregularmente, que asciende a la suma de G. 100 millones.

Respecto al presunto enriquecimiento indebido de Carballo, el agente decidió remitir los antecedentes al adjunto Espinoza, quien dispuso que la directora de la Unidad Especializada, Patricia Doria, realice un dictamen sobre la procedencia de la investigación.

El presunto testaferro de Bogado no podría justificar la adquisición de un shopping (Paseo Vía Bella) en un exclusivo barrio de Asunción, por la suma de G. 1.900 millones, además de un departamento de G. 450 millones. A su vez, otorgó un préstamo por US$ 300.000, que quedó revelado al iniciar un proceso judicial de cobro.

Pese a estos reveladores hechos y una investigación detallada, el Ministerio Público no inició siquiera la investigación por enriquecimiento, con la finalidad de proteger a Bogado.

Silva Facetti, beneficiado luego de dos intentos

El senador liberal Fernando Silva Facetti también fue beneficiado por la fiscala de Delitos Económicos Victoria Acuña, que tras dos intentos logró “archivar” una denuncia de sindicalistas del Instituto de Previsión Social (IPS).

La misma Contraloría General había revelado groseras sobrefacturaciones en la compra de ambulancias y otros bienes para el IPS, durante la gestión de Silva Facetti, quien también apoyó la enmienda constitucional para la reelección presidencial.

La comparación del precio de mercado evidenció que el IPS pagó mucho más por vehículos y otros productos, cuyas provisiones se adjudicaron en licitaciones presumiblemente amañadas, según el dictamen del entonces contralor Rubén Velázquez. Cada ambulancia (30), por ejemplo, tuvo un costo de G. 348.900.000 siendo el precio de mercado G. 209.000.000, y el presunto perjuicio al Estado fue de G. 4.197.000.000.

La fiscala Acuña pidió la desestimación de la denuncia de forma sigilosa en el 2015, pero el juez Alcides Corbeta dio trámite de oposición. La fiscala adjunta Soledad Machuca rectificó el requerimiento y ordenó varias diligencias.

Finalmente, el año pasado, la investigadora volvió a pedir el archivo y Corbeta volvió a oponerse. En esa ocasión, el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, confirmó la desestimación.

griselda@abc.com.py

 
 

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