Proyecto de ley busca blindar a parlamentarios

Debido a las numerosas denuncias por diferentes hechos punibles contra senadores y diputados, y ante la posibilidad de la pérdida de la investidura, se presentó un proyecto de ley que busca que sea el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el órgano que decida este punto y que el caso ya no sea tratado en las Cámaras del Congreso cuando lleguen los pedidos de la justicia.

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Actualmente, la pérdida de investidura se trata en la Cámara de la cual es representante el legislador, y a través de una votación se le retira o no, tal como ocurrió en el caso de Óscar González Daher en el período pasado, cuando saltó el escándalo de la filtración de audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y los senadores por amplia mayoría dejaron fuera del Senado a su colega.

También en esa ocasión, por el mismo hecho, se iba a tratar la pérdida de investidura del senador Jorge Oviedo Matto, quien renunció antes de, según él, ser “humillado como lo fue González Daher”.

Estos dos casos calaron hondamente en los parlamentarios, y más todavía porque están pendientes imputaciones contra algunos diputados. Por esa razón, la semana pasada en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que pretende que de ahora en más la pérdida de investidura no sea tan sencilla, y quieren que el TSJE trate los pedidos que llegan al Parlamento.

En el proyecto de ley se aclara que el TSJE será el que destituya o no al parlamentario, pero hace la expresa salvedad de que no se necesitará los votos de los tres miembros. Lo que da la opción de que un ministro de la Justicia Electoral pueda rechazar el pedido.

La intención clara es ir manipulando políticamente al TSJE para cada caso en particular, y que se vaya blindando a los requeridos por la justicia.

Argumentos

El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA), titular de la comisión especial destinada a reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura parlamentaria, fue el que presentó al pleno de la Cámara de Diputados el proyecto y las conclusiones que sacaron los asesores.

Se explicó también que se consultó con expertos jurídicos sobre los puntos del proyecto de ley, y al tener el visto bueno se lo presentó para que sea tratado en la Cámara Baja, aunque finalmente no se dio entrada al escrito y el tratamiento quedó pendiente para una próxima sesión, donde se expondrá todo el contenido del proyecto de ley.

Lo que se está tratando de hacer es que los parlamentarios no sean sometidos a sus pares para perder la investidura, debido a que existe la posibilidad de la unión de varias bancadas y que se expulse al afectado.

En ese contexto, tratan de llevar el debate a la Justicia Electoral, donde presumen que tendrán mayor poder para torcer la decisión final, ya que, como todos saben, ese órgano está altamente politizado. El TSJE es prácticamente el “cuartel” político de los partidos, donde cada sector tiene sus cupos de operadores y también es el rincón donde conviven los planilleros.

La cuestión es sencilla por donde se la mire; con este proyecto de ley lo que se busca, primero, es el tratamiento de la pérdida de investidura ya no sea público, como lo es en la Senado y en Diputados. De aprobarse la ley, irá al TSJE, donde entre cuatro paredes se tomará una resolución.

Lo segundo que se quiere conseguir es que una denuncia o pedido de pérdida de investidura vaya al TSJE y quede parada por semanas, que luego pueden ser meses y hasta años. Cosa que actualmente no ocurre en el Parlamento, donde una vez que se trate el tema tiene una resolución casi inmediata.

En pocas palabras, lo que se está es tratando de hacer es proteger a una clase, ya muy privilegiada, con leyes que la blinden de cualquier tipo de investigación penal.

La propuesta fija es que el Tribunal Electoral de la Capital (TEC) juzgue al legislador en primera instancia respetando el debido proceso y con la participación de un fiscal de turno.

En caso de que este tribunal falle contra el afecto, este tendrá la posibilidad de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Al tener la posibilidad de apelación, también incluso el caso podría llegar hasta la propia Corte Suprema de Justicia. Con estos tres pasos, el afectado puede tranquilamente estar cinco o más años sin perder su investidura.

Esta es la segunda intentona por blindar a los parlamentarios.

La primera fue la ley conocida como “autoblindaje”, que tenía como requisito indispensable para la pérdida de investidura que el legislador debía estar condenado por la Justicia para ser destituido. Esa ley fue vetada parcialmente por el Ejecutivo y luego derogada.

victor.franco@abc.com.py

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