02 de Octubre de 2017

| Resistencia traba la verdad

Fiscalía rechazó indagar registros telefónicos

Por Griselda Centurión, ABC Color

El Ministerio Público rechazó pedir registros telefónicos del entorno cartista, tras las insistentes comunicaciones con el excomandante de la Policía, comisario Críspulo Sotelo, entre el 31 de marzo y 1 de abril. Se planteó un juicio civil, pero no corrió a tiempo y las compañías telefónicas pudieron haber borrado el elemento probatorio.

Pese a cuatro urgimientos y siendo que el primero tuvo lugar ya el 31 de julio, la fiscala María Raquel Fernández resolvió rechazar solicitar los registros telefónicos seis días antes de que los datos sean borrados por las compañías.

El plazo se cumplía ayer, domingo 1 de octubre, a seis meses del hecho, debido a que la práctica forense es que las compañías de teléfonos celulares guarden los registros por ese tiempo para auxiliar a la justicia.

El abogado querellante Guillermo Duarte Cacavelos, representante de la familia del joven dirigente liberal de La Colmena, Rodrigo Quintana, asesinado en el local partidario, pidió los registros de 21 teléfonos celulares que pertenecen a: el presidente de la República, Horacio Cartes; a los senadores colorados Juan Darío Monges y Lilian Samaniego, al exministro del Interior Tadeo Rojas; al actual ministro, Lorenzo Lezcano; y a los allegados del presidente, el empresario tabacalero José Ortiz, el abogado de Yacyretá Luis Canillas y Arnaldo Franco, secretario privado de la Presidencia.

La solicitud se dio luego de que la pericia del cruce de llamadas del excomandante de la Policía Nacional, comisario Críspulo Sotelo, revelara insistentes comunicaciones con personas ajenas al ámbito policial.

Por ejemplo, se supo que Ortiz se comunicó en 16 ocasiones con Sotelo, mientras que Canillas lo hizo unas 24 veces. Los dos lo hicieron más que el presidente Cartes, quien mantuvo 10 conversaciones con Sotelo entre el 31 de marzo y 1 de abril.

También, se conoció que Cartes, Ortiz y Canillas estaban en Mburuvicha Róga, y Sotelo estaba en la Comandancia.

Asimismo, saltó que Ortiz y Cartes se comunicaron con Sotelo, con dos minutos de diferencia, minutos antes de que se produjera el ataque al PLRA.

Específicamente, el gerente de Tabacalera del Este SA llamó a Sotelo a las 00:04 y habló por 1 minuto y medio. La comunicación fue desde un teléfono celular a nombre de la empresa Las Ventanas SA (ver infografía).

Dos minutos después de esa llamada, el entonces comandante se comunicó desde su celular con Cartes, que usa un teléfono a nombre de Palermo SA, a las 00:07, por unos 59 segundos. El ataque fue a las 00:22.

Para el Ministerio Público nada de esto es sospechoso y se rehúsa a descartar o confirmar si hubo órdenes. El caso llega al extremo de que pese a esos escasos minutos de diferencia entre las llamadas y el ataque, ni siquiera declararon Ortiz y Cartes en la causa por el homicidio. Sí lo hizo Sotelo, quien direccionó su testimonio a descartar alguna orden.

Contra reloj y en dos frentes 

Ante el revés en la Fiscalía, los abogados Guillermo Duarte y Santiago Lovera denunciaron a la investigadora por frustración de la persecución penal y pidieron el control judicial del proceso. Sin embargo, el juez penal de garantías Alcides Corbeta se inhibió del caso y resultó sorteado Paublino Escobar, quien tenía permiso la semana pasada y era interinado por su colega Rosarito Montanía. 

Esa magistrada no se expidió sobre las diligencias solicitadas para impedir la destrucción de los registros telefónicos. Argumentó que no sabía si su colega Escobar iba a impugnar su intervención, y que el mismo recién se reintegra mañana.

Jueza civil aceptó, pero no ofició

En lo civil, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) planteó una juicio de practicamiento de diligencias preparatorias para una demanda de indemnización de daños y perjuicios.

Hubo inhibición de los jueces Hugo Bécker y Walter Mendoza, pero el viernes aceptó intervenir la magistrada Civil y Comercial del Noveno Turno, Mafalda Cameron Luque, pero no quitó a tiempo el pedido de informe de 21 registros telefónicos de llamadas entrantes y salientes entre 31 de marzo y 1 de abril de este año, además de las ubicaciones de sus celdas.

El PLRA solicitó la intimación por el plazo de 24 horas a las empresas de telefonías celulares Telecel SA o Tigo Paraguay, Núcleo SA o Personal Paraguay, Claro Paraguay y Vox Paraguay. En teoría, las firmas solo guardaron hasta ayer los registros.

Se pretendía que las compañías remitan los registros de llamadas entrantes y salientes entre 31 de marzo y 1 de abril de este año, además de las ubicaciones de las celdas de 21 celulares que pertenecen a Cartes y a su entorno.

Según la demanda promovida por el Partido Liberal, estas personas estuvieron en contacto con el entonces comandante de la Policía Nacional, comisario Críspulo Sotelo, horas antes de la violación de las instalaciones del Partido Liberal Radical Auténtico y probablemente fueron los verdaderos responsables de la orden del atraco. 

“Este atropello indudablemente se gestó por orden de personas influyentes del Gobierno, quienes estuvieron en contacto permanente en los momentos previos al ataque, como así también en forma posterior”, dice la demanda.

“No aportar al morbo”

La fiscala Raquel Fernández rechazó pedir a las telefonías de celulares los registros de 21 teléfonos celulares utilizados por el entorno cartista en las insistentes comunicaciones con el entonces comandante de la Policía Nacional, Crio. Críspulo Sotelo, antes y después del atraco al PLRA en la madrugada del 1 de abril, donde fue asesinado el joven dirigente Rodrigo Quintana.

A la agente le pareció “impertinente e improcedente” el pedido de la querella adhesiva, pese a que el empresario tabacalero José Ortiz se comunicó con Sotelo en más ocasiones que el propio Cartes, y lo hizo desde Mburuvicha Róga.

La investigadora se preocupó más por no “aportar al morbo” de que se conozcan las comunicaciones del presidente de la República, Horacio Cartes, y su entorno, que descartar si hubo o no una orden de ataque al PLRA.

Sin embargo, la postura de no indagar al entorno de Cartes se vio desde el inicio de la investigación. El Ministerio Público, a cargo del fiscal general Javier Díaz Verón –que integra la terna para el rekutu– solo quiso dejar pegado al proceso de homicidio al suboficial segundo Gustavo Florentín, con un libreto armado de antemano que incluyó el manejo sospechoso de testimonios, y hasta la manipulación de la frecuencia policial de la policía, debido a que se comprobó el borrado de 131 comunicaciones antes, durante y después del ataque al PLRA.

En esta ocasión, Fernández se muestra renuente a agotar diligenciar todos los elementos que le pueden ayudar a descubrir la verdad.

La agente argumentó que no podrán conocerse los contenidos de las comunicaciones, solo los registros y las ubicaciones de las celdas telefónicas del entorno cartista.

Con este criterio, la misma desconoce los miles de procesos penales muchos inclusive con sentencias firmes, donde sus colegas armaron las causas con base en cruces de llamadas y ubicaciones de celdas de celulares.

“Es mi criterio jurídico no solicitar diligencias que no hacen al punto de la investigación, sinceramente para darles satisfacción a las personas. Mi trabajo no es darles el gusto a las personas y mucho menos buscar en el morbo de lo que son las llamadas entrantes y salientes que pudieran tener las diferentes personas”, dijo la agente en una entrevista con ABC Cardinal.

Consultada por el hecho de que le “preocupa” que salten llamadas, la misma indicó: “A mí no me preocupa nada, absolutamente nada. Yo no me voy a someter cuando que yo tengo un criterio jurídico que defiendo y fundamento. No todo lo que las partes piden constituyen un indicio, ni todos los indicios reunidos van a constituir una prueba”.

1. Falso

El abogado Guillermo Duarte indicó que el criterio de que los registros son “improcedentes” para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de homicidio es falso porque se restringe únicamente al análisis de la autoría, y lo que se busca es demostrar que hubo “instigadores o cómplices”.

2. Ilógico 

Donde se afirma que los cruces de llamadas no hacen a la prueba. “Hay suficientes procesos que tienen condenas firmes con estas pruebas, que si bien son indiciarias son suficientes para construir un umbral de certeza que el Código Penal admite para poder aplicar una sanción a otra persona”, enfatiza Duarte.

3. Arbitrario 

“La fiscala alega que no se va a poder conocer el contenido de las comunicaciones pero nunca se pretendió conocer, de hecho que tampoco se tienen los contenidos de miles de comunicaciones de gente del EPP, de homicidas, sino que esas comunicaciones sirven para construir otros nexos”, cuestiona Guillermo Duarte.

griselda@abc.com.py

 
 

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