Seguridad, tema ineludible para el Gobierno entrante

Todos los oficiales consultados sobre cual era la necesidad más apremiante en la Policía, no dudaron en señalar la falta de móviles, no hay la suficiente cantidad de patrulleras disponibles, incluso hay dependencias que no cuentan con estos elementos y los agentes deben usar sus autos o pedir auxilio a los vecinos para cumplir con su deber.

Después se puede discutir sobre la calidad de la educación implementada en las instituciones de formación para los nuevos oficiales y suboficiales, a más de los cursos de perfeccionamientos y los controles internos para evitar y perseguir con éxito los hechos de corrupción entre los uniformados. Pero para exigir un trabajo impecable y honestidad a los uniformados, es fundamental dotarlos de los elementos básicos para desarrollar su trabajo. Buen salario y patrulleras disponibles las 24 horas del día, señalaron.

Un recuento rápido realizado en la Dirección de Prevención de Hechos Punibles señala que actualmente la institución cuenta con 500 comisarías distribuidas en todo el país, a más de las otras dependencias de Investigaciones, Antisecuestros, Antinarcóticos, Control de Automotores, Represión del Crimen Organizado, Contra Delitos Económicos, entre otros.

Sin embargo, para todas estas unidades solo se cuenta con unas 650 patrulleras aproximadamente, de las cuales 130 son nuevas y están en perfectas condiciones. Sin embargo, el resto tiene más de 10 años de uso, ya cumplieron su vida útil por lo que periódicamente deben ser reparadas, generalmente con recursos propios de cada dependencia. Lo ideal sería tener 1.200 vehículos, cuatro por cada unidad, apuntaron.

Otro elemento fundamental para el buen desempeño del organismo de seguridad es una buena provisión de carburantes. Actualmente se le asigna un cupo de 50.000 guaraníes de combustible por día para cada patrullera, que en la práctica es totalmente insuficiente para 24 horas de patrullaje. Lo recomendado es que cada vehículo tenga asignada 100.000 guaraníes o más en carburantes por día, explicaron.

Igualmente, los oficiales consultados puntualizaron que actualmente es fundamental aumentar la dotación de la Agrupación Motorizada Lince, creada para luchar contra los motochorros (criminales motorizados), que mantienen en zozobra a toda la población.

Un problema acuciante que actualmente enfrenta la institución policial es el aspecto edilicio. Casi la totalidad de las comisarías están en pésimas condiciones, necesitan una urgente reparación, o en todo caso un nuevo y mejorado edificio. Solo algunas dependencias de la capital y otras ciudades cabeceras fueron reacondicionadas en los últimos años.

Inclusive, todavía existen comisarías que fueron edificadas provisoriamente de madera y que por la falta de gestión se quedaron en precarias condiciones hasta ahora. Estas construcciones de tabla son comunes en el Alto Paraná, Itapúa y el norte del país. Lo más lamentable y hasta humillante para los uniformados es que algunas de estas comisarías fueron edificadas en zonas bajas y cada vez que se registran lluvias intensa quedan inundada. Muchos de estos casos se viralizaron en las redes sociales en la pasada temporada de precipitaciones.

El Gobierno entrante debe asegurarse también que las nuevas autoridades policiales cumplan con lo establecido en la nueva ley orgánica policial 5757/16, que aumentó a 43 la cantidad de comisarios generales y nuevas unidades, de lo contrario se crean situaciones de zozobra y malestar en la institución que repercuten directamente en el servicio a la ciudadanía.

Un ejemplo de aquello fue que el actual comandante Luis Carlos Rojas, decidió enviar a retiro a seis comisarios generales a mediado del años pasado, basándose en la antigua ley 222 de la Policía Nacional, en plena vigencia la nueva legislación, la 5757/16, que aseguraba a los mismos comisarios generales la asignación de nuevos cargos y las permanencia en la institución otros dos años como mínimo.

Más recientemente, el comandante Rojas dispuso que los departamentos de Investigación de Hechos Punibles de cada Dirección de Policía pasen a depender operativamente de los Directores de Policías departamentales. Sin embargo, la Ley 5757/16 dispone que estas unidades de investigación dependan directamente de la Dirección General de Hechos Punibles.

Pese a que el Comandante expuso varios argumentos al tomar esta determinación, nada puede justificar que haya cambiado una ley con una simple disposición. Aquello solo generó una serie de confusiones e incomodidades para los oficiales afectados que ahora tienen que comunicar todas sus actividades e investigaciones a los directores de Policías de cada departamento, situación que puede llevar al fracaso muchas operaciones.

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