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“El Algarrobal”, vinculado al senador Jorge Oviedo Matto, ofreció al Indi un desprendimiento del terreno inscripto como finca Nº 17.326 del distrito de Pozo Colorado, con una superficie de 10.312 hectáreas. El inmueble pertenece al distrito de Pozo Colorado del Departamento de Boquerón.
Según los tasadores del Ministerio de Obras Públicas los suelos son con estructura arenosa, arcillosa. El terreno es apto principalmente para la explotación ganadera y como alternativa la explotación forestal y algunos rubros agrícolas.
Los tasadores señalaron que montes con árboles nativos cubren el 25 por ciento del inmueble, el 15% la vegetación raleada y el 60 por ciento es campos naturales, con algunas pasturas naturales.
La tasación fue solicitada por el Indi ante una oferta realizada por “El Algarrobal” y para que comunidades indígenas, cuyos líderes solicitaron la compra en setiembre de 2011.
El 16 de setiembre, el entonces procurador general, Enrique García, envió una nota a los administradores de la empresa para que remitan una carta-oferta.
El 26 de octubre la firma ofertó su propiedad a 900 dólares la hectárea. Alega que el objetivo es solucionar un problema que tiene con la comunidad indígena Kelyenmagatecnia y exige que los pueblos nativos se den por satisfechos en la reivindicación ancestral sobre la estancia Puerto Colón.
El 8 de noviembre, la entonces titular del Indi, Lida Acuña, solicitó al MOPC la tasación del inmueble ofertado a la institución.
El 24 de noviembre, el secretario general del MOPC, abogado Gustavo Dávalos remitió al Indi el resultado de la tasación realizada por el ingeniero Federico Santacruz, jefe del Departamento de Avalúo Oficial, y los arquitectos, Juan Carlos Martínez y Gustavo Ruiz Wiezell, técnicos valuadores.
Los tasadores concluyeron que el Indi puede pagar G. 2.190.000 la hectárea, lo que totaliza la suma de G. 22.584.594.000 por las 10.312 hectáreas ofertadas por “El Algarrobal”.
Los técnicos del MOPC también recomendaron a las autoridades del Indi que realicen a) un buen estudio de antecedentes dominiales de la finca y su desprendimiento y b) trabajos de mediación de la misma (lo que deberán ser practicados por profesional idóneo y con instrumental adecuado, no con GPS navegador), a efectos de determinar en forma precisa las dimensiones lineales, angulares, superficie real y linderos actuales del desprendimiento ofertado al Indi.
Llamativamente, el entonces presidente del Indi, Óscar Ayala, y el exprocurador Enrique García, no solo ignoraron la tasación de los técnicos del MOPC, sino tampoco realizaron el estudio de los antecedentes dominiales y la medición del inmueble para saber con exactitud la superficie y linderos de la finca ofertada.
El Indi, con una sugestiva postura del extitular y del entonces procurador general, terminaron pagando a G. 2.847.000 la hectárea por 12.312 hectáreas, lo que totalizó la suma de G. 35.053.972.200.
Existen fuertes indicios de sobrefacturación, atendiendo que existe una tasación oficial. El pago que se hizo por el inmueble habría causado un daño al patrimonio del Indi, por lo que se estaría ante la comisión del hecho punible de lesión de confianza, que debería ser indagado por la Fiscalía.
El Ministerio Público tiene una investigación penal abierta al extitular del Indi Rubén Quesnel, quien ya está imputado por el hecho punible de lesión de confianza.
En este caso, el Indi vendió en G. 1.250 millones un inmueble de 25.000 hectáreas en el Chaco a Julia Beatriz Vargas Meza, quien solo sería una prestanombre. La finca se habría subfacturado.
Vargas Meza también fue imputada por la fiscal Alba Delvalle, quien tiene la causa.
La transferencia se hizo ante la escribana Maribel Esteche. Este hecho también sería ilegal, atendiendo que lo debería hacer la Escribanía Mayor de Gobierno, para evitar más gastos al Estado.
En el caso de “El Algarrobal” también se ignoró a la Escribanía Mayor.
cbenítez@abc.com.py