Testimonio que compromete a diputado Núñez

El subcomisario Édgar Pérez Gallardo era el jefe de seguridad de Núñez y forma parte de los 40 imputados en esta causa.

Aclaró que no la totalidad de la firma que aparece en los cheques incautados por la fiscalía le corresponde.

“Especialmente las que tienen doble endoso, los cheques que se me entregaba eran libres de endoso de terceras personas, y al llegar al banco endosaba y entregaba al cajero y el mismo al decirme que no tenía fondo me entregaba el cheque sin sellar, para no tener problema la cuenta corriente. Yo los devolvía al gobernador en propias manos, puesto que todos los cheques que se me entregaron fueron los que él personalmente me entregó para su cobro, todos los cheques que efectivicé, el dinero completo los entregaba al gobernador, por el cual nunca se me reclamó ningún faltante ni se denunció ningún cheque que me ha entregado el gobernador”, manifestó en su declaración.

Explicó que nunca se quedó con la plata o el documento de pago requeridos por el ejecutivo departamental.

“Los cheques me entregaba el gobernador en propias manos, nunca recibí de ningún administrador; así también el dinero lo entregaba al gobernador en propias manos”, resaltó.

Indicó que no sabía absolutamente qué se hacía con el dinero. “Desconozco totalmente la administración de la gobernación, y quienes debían emitir los cheques, y proviniendo del titular de la gobernación, menos iba a desconfiar”, dijo.

Durante la audiencia, Pérez presentó la resolución de su nombramiento como edecán de la gobernación, así como su legajo donde consta que nunca cometió nunca serie de acto fuera de lugar durante su carrera policial.

Resaltó el artículo 38 del reglamento orgánico funcional de la Policía, donde el mismo nombrado como edecán dependía administrativamente de la jefatura del Dpto. de Pdte. Hayes, pero operacionalmente del gobernador de Pdte. Hayes y dentro de esas funciones su obligación era seguir órdenes directas y lícitas del gobernador.

Aclaró que en el momento de cobrar los cheques en banco, en ningún momento se le informó que los documentos eran hurtados, falsificados, o que no podía cobrarse por alguna falta administrativa, salvo la insuficiencia de fondos.

Enfatizó que como provenían del titular de la Gobernación no podría percatarse de la ilicitud de esos cheques.

“Dentro de mis funciones al cual fui asignado no cometí ningún hecho punible, por lo que no existe ninguna prohibición de realizar tareas que se me había encomendado, ya que era mi superior en ese entonces, tampoco no existía ninguna ilicitud a la tareas que me encomendó, me era imposible saber en qué iban a utilizar dichos fondos, ni qué destino le iban a dar, solo resalto que en mi caso dependía operacionalmente del señor gobernador. En la orden que me encomendó no había ninguna ilicitud, porque formaba parte de mi función seguir su directiva, y tal como resalté anteriormente no me reclamaron ningún cheque ni que haya faltante en la tarea que se encomendó”, declaró el policía.

La abogada Marta Román señaló que su defendido simplemente cumplió sus funciones conforme a la ley.

“Mi defendido es totalmente inocente del hecho que se investiga, teniendo en cuenta la función que desempeñaba en su carácter de policía nacional, sometido a la subordinación le está totalmente prohibido por ley cuestionar o deliberar las órdenes de su superior directo, salvo que sea ilícita, a lo cual tiene la obligación de negarse. En aquel entonces el ir a cobrar este cheque no era ilícito, puesto que la ilicitud está en el destino que le dio la Gobernación de Pdte. Hayes, y el hecho del acto desplegado por mi representado, en ese momento, no puede considerarse hecho punible”, afirmó.

El diputado colorado está procesado junto a otras 39 personas por los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Según el escrito del Ministerio Público, en su administración, durante el 2011, se desviaron G. 905.731.800 que debían ser destinados a ayudas sociales, ayuda a comunidades indígenas y a una emergencia declarada en el Chaco.

Las investigaciones realizada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción dan cuenta que el desvío ascendió a G. 1.200 millones aproximadamente, aunque no se amplió la imputación.

Núñez fue desaforado por sus colegas en la Cámara Baja. Actualmente ejerce su defensa a través del abogado Óscar Latorre.

El juez de garantía de la causa es Blas Ramón Cabriza, de la jurisdicción de Villa Hayes.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción además investiga una denuncia contra Núñez por obras que fueron pagadas pero que quedaron inconclusas en el Chaco, entre las que se encuentran un polideportivo, aljibes y salones de clases.

Funcionarios del Ministerio Público constataron durante el fin de semana que un polideportivo de Tte. Irala Fernández fue hecho a medias y finalmente terminado por los pobladores. También encontraron que unos 12 aljibes fueron construidos, pero que no se pudieron usar.

En ambos casos hay informes de la Contraloría General de la República que no le favorecen al diputado.

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