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13 de Junio de 2016

| PARLAMENTARIO DILATA DESDE HACE DOS AÑOS PROCESO DE “NIÑERA DE ORO”

Víctor Bogado hace lo que quiere, apañado por la justicia

Por Griselda Centurión

Haciendo abuso de su cargo y los fueros parlamentarios que no deberían cubrirlo en un delito de acción penal pública, desde el 23 de octubre de 2013, el senador colorado Víctor Bogado hace lo que quiere con la justicia, ante la complicidad de jueces, camaristas y los propios ministros de la Corte, quienes no ponen fin a las chicanas desplegadas tanto por su defensa como por la de su “niñera de oro” Gabriela Quintana y su exjefe de gabinete Miguel Ángel Pérez, todos imputados por estafa y cobro indebido de honorarios. Según el Ministerio Público, el político propició que su empleada particular cobre salarios en Diputados e Itaipú.

El senador colorado logró algo inédito: anular la elevación a juicio oral y público de este proceso pese a que el acta de elevación es inapelable y este es el criterio en todos los casos, salvo en el suyo. Esto demuestra que la normativa se canjea de acuerdo a la cara del cliente.

Víctor Bogado logró también que su audiencia preliminar sea suspendida en ocho ocasiones sin ser “molestado” por los jueces que sin empacho se prestan a estas maniobras desde julio de 2014 (ver infografía de página).

Si bien para dilatar las defensas del parlamentario, su “niñera de oro” Gabriela Quintana y su exjefe de gabinete, Miguel Ángel Pérez, se turnan, es el político el que más chicanas presenta sin ser sancionado.

El parlamentario busca a toda costa no enfrentar juicio oral porque la acusación del Ministerio Público es hasta considerada “de cajón”, por la facilidad con la que se demostraría ante un tribunal de sentencia la comisión de los hechos punibles atribuidos al político.

Bogado está acusado como autor de estafa y cómplice del cobro indebido de honorarios de Gabriela Quintana.

Según la acusación penal, la “niñera” fue nombrada funcionaria permanente de Diputados por resolución N° 681 del 17 de febrero de 2010, función que desempeñaba hasta que saltó el caso en octubre de 2013, conforme la planilla de asistencia de la Dirección de Recursos Humanos de la institución.

Luego, el 4 de marzo de 2013 la mujer obtuvo su contratación en la Itaipú Binacional como asistente administrativa categoría II, con un salario mensual de G. 8.739.300 hasta el 11 de octubre de 2013, día que rescindieron su contrato tras el escándalo. Sin embargo, desde marzo hasta el mes de setiembre la “niñera” cobró en la Itaipú un total de G. 71.683.460, hecho que causó un perjuicio a la institución.

En cuanto a la participación de Bogado, según la Fiscalía por nota Nº 4446 del 5 de marzo de 2013 presentado el 8 de marzo de 2013, en su carácter –entonces– de presidente de la Cámara de Diputados, solicitó a la Itaipú el comisionamiento de Quintana “funcionaria permanente de la Itaipú” para prestar servicios en la Cámara de Diputados hasta el 31 de diciembre de 2013, lo que fue concedido. Con dicho comisionamiento consumado en marzo de 2013, se logra el doble cobro de remuneración.

Aceptó a abogado y luego se apartó

La última traba para el proceso del senador Víctor Bogado se dio con la inhibición del juez penal de garantías N° 3, Óscar Delgado López, que aceptó la intervención del abogado José Ignacio González Macchi y luego se apartó de este por “amistad”.

Ante esta situación, la jueza que resultó sorteada, María Gricelda Caballero, impugnó la inhibición de su colega porque este no acreditó su “amistad” con el profesional y no le denegó la personería al tener una causal, teniendo en cuenta que Víctor Bogado presentó a otros dos abogados para que lo representen: Víctor Galeano Perrone y Fausto Portillo.

Antes de apartarse, el juez Delgado fue recusado por la “niñera” Gabriela Quintana Venialgo e intentó en cuatro ocasiones realizar la audiencia preliminar, sin éxito.

Teniendo en cuenta que la Sala Penal de la Corte integrada por las ministras Alicia Pucheta y Miryam Peña y por el camarista Gustavo Ocampos tardó nueve meses en rechazar una recusación improcedente de Quintana contra la confirmación de Delgado por parte de la Cámara, se especula que el proceso podría volver a trabarse por varios meses más.

Según la acusación penal, con la complicidad del legislador colorado, la “niñera” Gabriela Quintana Venialgo cobraba dos sueldos del Estado sin trabajar.

De acuerdo a los antecedentes, la empleada particular de Víctor Bogado percibía como contratada de la Cámara de Diputados una remuneración de G. 1.300.000 al mes, en el 2008. Luego fue nombrada, en el 2010, y pasó a ganar nada menos que G. 13.237.400 mensuales en la Cámara Baja. A esto se suma que en febrero de 2013 fue contratada en Itaipú y recibió un salario más, de G. 8.739.300, de forma indebida.

Bogado había solicitado al entonces director de Itaipú, Franklin Boccia (ya fallecido) el comisionamiento de la mujer al Congreso pese a que sabía que en ese lugar ya percibía un salario desde 2008.

Boccia brindó al Ministerio Público una de las declaraciones más importantes que posibilitaron la apertura del proceso penal contra el político, pero lo hizo en carácter de testigo y no como anticipo jurisdiccional de prueba, por lo que ya no se contará con su relato en un eventual juicio oral, debido a que ya falleció. Esto beneficiaría a la defensa de Bogado, que pretende hacer creer que todo fue un “error administrativo”.

La Cámara dio una “manito” a político

En abril de 2015, la Cámara de Apelaciones le dio una “manito” al senador colorado Víctor Bogado y anuló la elevación a juicio oral y público que ordenó el juez penal de garantías Julián López.

Con argumentos rebuscados, los camaristas Emiliano Rolón Fernández (en ese entonces integrante de una terna para ministro de la Corte), Mirtha González de Caballero y Carlos Ortiz Barrios declararon la nulidad de los Autos Interlocutorios 933 y 934 de fecha 22 de diciembre de 2014, por los cuales se elevó a juicio la causa de estafa y cobro indebido de honorarios en la que están procesados el senador Bogado, la “niñera de oro” Gabriela Quintana y Miguel Ángel Pérez.

El Tribunal de Alzada alegó que el juez López dispuso la elevación de la causa a juicio oral luego de cinco días de haber culminado la diligencia, cuando debió hacerlo inmediatamente.

Pero si bien es cierto que los argumentos de la elevación a juicio oral se dieron a conocer el 22 de diciembre de 2014 con la resolución correspondiente, luego de tres días hábiles de haberse realizado la diligencia, el juez declaró la apertura del juicio oral inmediatamente culminada la preliminar como quedó constancia en el acta de la audiencia. Este procedimiento está previsto en el Artículo 356 del Código Procesal Penal.

A esto se suma que los camaristas pasaron por alto el artículo 461 del Código Procesal Penal que declara “el auto de apertura a juicio oral es irrecurrible”, como es la práctica constante en los Tribunales de Apelaciones. Sin embargo, en esta ocasión fue “letra muerta” y se declaró la nulidad de la resolución recurrida.

Nueva causa por “empleada” con sueldo del Estado

La fiscala Silvia Cabrera investiga una nueva denuncia contra una empleada particular de la exesposa del senador Víctor Bogado, que cobraría salario de la Justicia Electoral pero realizaría quehaceres en la casa familiar del político colorado.

La denuncia penal presentada por Kattya González y Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, es por los hechos punibles de cobro indebido de honorarios, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias; también alcanza a Bogado y su exesposa Guadalupe Aveiro.

El gremio de abogados expuso publicaciones periodísticas de ABC Color que demostraban otra utilización de recursos del Estado para provecho propio.

La “empleada de oro” denunciada es Cinthia Centurión Amarilla, quien percibe un salario de G. 2.300.000 de la Justicia Electoral y está comisionada a la oficina del Registro Electoral de Lambaré, ciudad donde está ubicada la residencia de las hijas y exesposa del legislador.

La “funcionaria” en realidad trabajaría para la exesposa de Bogado. Un equipo periodístico de ABC Color la monitoreó varios días y la encontró realizando quehaceres particulares como cargar gas y combustible a la Toyota Hilux de su “patrona”, llevar encomiendas, hacer de chofer y buscar de un exclusivo colegio privado de Asunción a las hijas del senador, acompañada de otra empleada. Todo en horario laboral. El día que fue abordada por una periodista, la mujer se desplazó raudamente a su “lugar de trabajo”, a las 15:00 y ni siquiera tenía una asignación específica, lo que la dejó en evidencia. Según los datos, Cinthia pasó de ganar G. 1.800.000 en 2010 a G. 2.300.000 y el TSJE pidió su “recategorización”, que significa el aumento salarial.

Según los documentos, es muy “trabajadora”, pues asiste a la oficina inclusive domingos y feriados. Además, en los cinco primeros meses de este año logró inscribir en el Registro Cívico Permanente a apenas cuatro personas. Un promedio que no llega siquiera a una inscripción por mes. Esto significa que cada inscripción realizada por Cinthia Centurión le cuesta al Estado la suma de G. 2.875.000.

La fiscala Cabrera retiró el viernes último el legajo de la “funcionaria” y planillas de marcación de asistencia.

griselda@abc.com.py

 
 

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