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La denuncia presentada en el Ministerio Público por el representante legal del establecimiento, abogado Carlos Troche, se habría hecho con la única intención de justificar el cierre de un camino.
Los representantes legales de la estancia indicaron que personas desconocidas invadieron la propiedad, destruyeron alambradas y portones y que incluso como parte de la ocupación construyeron un puente sobre el río Karapã.
El agente del Ministerio Público se constituyó en la propiedad en cuestión para verificar la supuesta invasión del establecimiento por desconocidos. Bartomeu señaló que no encontró ningún tipo de usurpación de propiedad en el lugar, pero que analizará el caso con el fiscal adjunto de Alto Paraná y Canindeyú, Édgar Moreno, para desestimar el caso.
El agente del Ministerio Público afirmó que no encontró ningún invasor, sí el puente que fue reconstruido por los pobladores, tras haber caído el anterior por su deterioro por el paso del tiempo.