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PRESIDENTE FRANCO (De nuestra redacción regional). El Área 5 fue declarada zona exclusivamente residencial por Ordenanza N° 004/98. La legislación comunal establece que la altura máxima de las edificaciones no debe sobrepasar tres pisos, especificando que se refiere a la planta baja más dos pisos.
Dicha ordenanza fue modificada en 2004 y en el artículo referido a la altura máxima se agrega que se exceptúa una cobertura de terraza. Es decir, planta baja, más dos pisos y una terraza.
Pese a la vigencia de la citada norma, en la calle Las Cordilleras y San Pedro Oeste se construyó un edificio con cinco niveles de altura, es decir, planta baja más cuatro pisos. Esto motivó la queja de los vecinos, pues afirman que el sector no cuenta con infraestructura adecuada, como desagüe cloacal y conexión de agua para albergar a edificios de gran altura.
Además, repudian la violación de la citada ordenanza con complicidad de las autoridades municipales. La construcción está a cargo del propio concejal municipal, Wilfrido Benítez (ANR), quien no quiere identificar al dueño del predio. El edil reconoció en varias ocasiones que la obra viola la ordenanza, pero que el plano fue aprobado por la Comuna.
Los vecinos recurrieron a la Junta Municipal y al intendente Roque Godoy (PLRA). El jefe comunal prometió el cese de la obra, pero según los afectados, los trabajos no se interrumpieron.
El 1 de noviembre último, Godoy notificó para la clausura de la construcción, pero los trabajo no cesaron, según los denunciantes.
El edil Benítez intentó maniobrar en la Junta para “arreglar” la violación de la ordenanza, indicaron los pobladores del Área 5. Presentó una minuta en la que pidió la derogación de la normativa, pero ante el reclamo de los vecinos retiró su propuesta.
Esperaron algunas semanas y la misma presidenta de la Junta Municipal, Julia Ferreira (PLRA), presentó un proyecto para modificar la ordenanza. Paralelamente, empezaron a aparecer notas en las que supuestos habitantes del Área 5 solicitan que el sector sea declarado comercial.
Ante la falta de repuestas, ahora los afectados encaminaron su denuncia ante la Contraloría General de la República, a cargo de Enrique García. En el escrito, piden que se audite la Intendencia de la Municipalidad de Presidente Franco. Responsabilizan a Godoy de la falta de acción para frenar la construcción que viola la citada ordenanza.
Igualmente, presentaron denuncia ante la juez de faltas municipales, Lidia Fleitas de Gavilán.