El regreso del terror

“Varios testimonios separados - pero coincidentes entre ellos - mencionaban haber sufrido un modus operandi común: todas las personas llevadas a la Policía Urbana, cerca de la Catedral. Ahí eran recibidas con golpes y otros vejámenes”, cuenta Dante Leguizamón, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, uno de los pocos que aquella noche pudo hablar con los detenidos.

Lea más: Represión, disturbios y heridos

Puntapiés, empujones, culatazos con escopeta y disparos de balines de goma. Estas son las actitudes violentas denunciadas por los detenidos aquella noche. Los testimonios documentados reflejan el terror que se vivió no solo en las calles, sino también en las dependencias policiales, tanto en la Policía Urbana, la Comisaría Tercera y la Agrupación Especializada.

Para quienes vivieron la oscura noche de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fue un deja vu. El retorno de un fantasma: el de las detenciones arbitrarias y las incomunicaciones sin orden judicial, en algunos casos por el solo hecho de haber estado en el lugar y momentos equivocados. Hechos a los que sobrevendría la tortura.

 “Constatamos lesiones visibles, varias de las personas que alegaban torturas, tenían rastros de golpes en los ojos, heridas de balines de goma, y otros tipos de situaciones. Incluso mujeres tenían rastros evidentes de haber sido golpeadas”, recuerda.

Lea más: Brutalidad, robos y arbitrariedad 

Además de la violencia física, los detenidos acusaron a los policías de robarles sus pertenencias. Eran chantajeados para ser liberados o les exigían dinero para no ser detenidos, les arrebataban las billeteras y teléfonos celulares sin que se les contara el motivo de la incautación.

La policía sintió esa noche que tuvo carta blanca para actuar impunemente y muchos ciudadanos fueron prácticamente asaltados por los uniformados.

Acaba de ser acusado por la Fiscalía el suboficial ayudante de policía Rodi Javier Rivas Román (26) por lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y cohecho pasivo, es decir pedido de coima para liberar a dos manifestantes que participaron de las protestas aquella noche.

Lea más: Detenidos denuncian tortura policial 

De acuerdo a las dos víctimas, Rivas Román les propinó golpes con la mano en la nuca y con cachiporra brazos y rodillas. Además, según la denuncia, les exigió G. 2 millones a cada uno de ellos a cambio de liberarlos.

Ese no fue el único caso denunciado, pero sí el único que llegó a la Justicia. 

Los detenidos de esa noche fueron levantados de las calles en camiones, transportados como ganado. Según se ve en los videos filmados con teléfonos celulares bastaba el simple hecho de estar en la vía pública para ser objeto de apremios.

La policía concentró a la gente que recogía de las calles en la Agrupación Especializada, en el barrio Tacumbú de Asunción. La ley establece que las personas privadas de su libertad deben permanecer en libertad de comunicación, pero aquí la Policía se tomó la atribución de aislarlos y privarlos de todo contacto. Entre los detenidos había incluso menores de edad. 

Afuera los familiares de las personas desaparecidas se comenzaban a congregar, exigiendo saber si sus seres queridos se encontraban allí. Nadie les respondió por largas horas. 

Varias mujeres denunciaron incluso haber sido desnudadas por completo antes de ingresar al predio, como parte de un supuesto procedimiento de seguridad. No hubo abuso sexual y el control fue realizado por personal policial femenino.Sin embargo, se trata de una práctica que viola la intimidad y dignidad de las personas.

Lea más: Hay 211 detenidos en la Agrupación

Los más de 200 detenidos pasaron nla noche a la intemperie, sin las condiciones mínimas para su arresto ni para conciliar el sueño. Es yun procedimiento que atenta incluso contra las normativas a nivel internacional en materia de derechos humanos.

Estas prácticas abusivas y vejatorias estuvieron presentes en toda la intervención policial de la noche. La violencia desplegada dentro de la sede del PLRA y también en Ciudad del Este, donde agentes antidisturbios fuertemente armados disolvieron con golpes y escopetazos una protesta pacífica en la cabecera del Puente de la Amistad.

Pese a los atropellos que fueron ampliamente divulgados por los medios de comunicación y los relatos presentados por el Mecanismo de Prevención de la Tortura, fueron contados fueron los casos de policías procesados por la violencia excesiva aquella noche y madrugada.

El abogado Roberto Rojas, denunció haber sido víctima de secuestro y tortura por parte de policías en represalia por haber filmado con su teléfono los abusos policiales, en una estación de servicio del microcentro de Asunción.

Homicidio doloso en grado de tentativa, torturas, lesión grave, coacción, privación de libertad y lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, son los hechos punibles que le atribuye a los uniformados.

 “Me quitaron de la Esso Shop. De forma arbitraria fui detenido a la fuerza y el castigo que me dieron fue feroz porque me pudieron haber reventado el ojo en la patrullera”, contó. No pudo identificar a ningún efectivo policial porque lo pusieron boca abajo en la patrullera, esposado, y le patearon salvajemente.

Recientemente la fiscala Liliana Zayas Guggiari, de la Unidad Penal Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, acusó al suboficial ayudante de policía Rodi Javier Rivas Román por agresiones físicas y pedido de coima para liberar a dos manifestantes que estuvieron en el Congreso Nacional el año pasado. Es  prácticamente el único caso abierto por brutalidad contra los manifestantes, aparte de lo sucedido en el PLRA.

Fueron horas de terror y desesperación que dejaron en claro lo frágil y vulnerable de la democracia paraguaya.