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En la madrugada del sábado 1 de abril de 2017, luego de horas de disturbios que acabaron con la quema de la sede del Congreso Nacional y enfrentamientos entre manifestantes y policías por todo el microcentro asunceno, agentes de la Policía Nacional irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Entre los policías que participaron de ese operativo estaba el suboficial Gustavo Florentín, quien según recientes revelaciones estuvo en el Congreso Nacional no solo el 31 de marzo sino también tres días antes, a pesar de que las autoridades policiales aseguraron que Florentín estaba detenido en la Agrupación de Seguridad por un caso de violencia familiar y que solo estuvo presente en la sede del PLRA porque escapó de su reclusión.
Como quedó plasmado en imágenes que recorrieron el mundo, al irrumpir Florentín en el PLRA escopeta en mano, mientras los ocupantes del edificio huían para buscar refugio, el policía disparó, hiriendo de muerte al joven activista liberal Rodrigo Quintana, quien falleció minutos después sin ser auxiliado por los agentes, que huyeron del sitio.
Medio mes antes del violento 31 de marzo, el día 15 de ese mismo mes, el juez penal de Garantías de la ciudad de Luque, Nelson Romero, ordenó la reclusión del suboficial Gustavo Florentín en la Agrupación de Seguridad de la Policía Nacional luego de que el policía fuera denunciado por violencia doméstica. El juez Romero afirmó en abril que había determinado la reclusión de Florentín en esa dependencia policial a pedido del jefe de la Agrupación, quien había asegurado que esa instalación contaba con condiciones aptas para retenerlo.
En los días que siguieron a la quema del Congreso Nacional y la muerte de Rodrigo Quintana, autoridades como el viceministro de Asuntos Políticos, Ariel Martínez –actualmente ministro del Interior– señalaron este hecho e insistieron en que Florentín no debía estar en ninguno de los pelotones policiales que operaron en el microcentro en la noche del 31 de marzo y la madrugada de 1 de abril. El viceministro Martínez dio la inverosímil versión de que el 31 de marzo Florentín escapó de su lugar de reclusión, se equipó y armó, y se coló con el pelotón policial que asaltó el PLRA.
Sin embargo, imágenes de televisión reveladas la semana pasada por ABC TV contradicen esta versión revelando que Florentín no solo no estaba recluido en la Agrupación de Seguridad tres días antes de los disturbios, el 28 de marzo, sino que ese día estuvo presente en el Congreso Nacional como parte del dispositivo de seguridad de la sesión ilegítima de senadores en la que se aprobó la modificación del reglamento interno de la Cámara de Senadores, uno de los detonantes de los incidentes que acabaron con la quema del Parlamento.
La orden de reclusión emitida por el juez Romero, evidentemente, no estaba siendo cumplida.
En las imágenes de ABC TV se ve a Florentín junto al comisario Enrique Isasi, quien en ese entonces era el jefe del grupo de Apoyo Táctico de la Policía Nacional y luego sería promovido a cabeza de la jefatura policial del departamento de Alto Paraná.
El 2 de abril de 2017, un día después de la muerte de Quintana, la fiscala Raquel Fernández imputó al suboficial Florentín por homicidio y ordenó que guarde prisión preventiva en la Agrupación Especializada.
Desde su lugar de reclusión, Florentín afirmaba el 6 de abril lo que sería confirmado por las imágenes de ABC TV: que ya estaba en el dispositivo de seguridad del Congreso antes del 31 de marzo. En esa ocasión dijo que en la tarde de los disturbios estaba en la Comandancia de la Policía con su esposa, que estaba de visita, cuando un oficial de apellido Ortiz le ordenó equiparse e ir a apoyar a sus compañeros en el Congreso. Aseguró haber recibido munición de parte del comisario Isasi antes del asalto al PLRA, pero negó haber sido él quien disparó contra Quintana.
En mayo de 2017, la fiscala Raquel Fernández citó a declarar a suboficial Gabriel González, bajo sospecha de haber dado munición de plomo a Florentín en las inmediaciones del PLRA, aunque el policía negó esa posibilidad. Negó conocer a Florentín o haber dialogado con él en la noche de los disturbios.
En agosto, en una sesión de declaración indagatoria ante el fiscal Hernán Galeano tras haber sido convocado en cinco ocasiones anteriores en las que se abstuvo de declarar, Florentín volvió a afirmar que no fue él quien hizo el disparo que mató a Quintana. Confirmó que estuvo patrullando el Congreso en los días previos al 31 de marzo. Afirmó que recibió una orden de acuartelamiento en los días previos, de parte del comisario Julio César Melgarejo.
Florentín detalló su versión de los eventos del 31 de marzo afirmando que tras salir del Congreso se apostó cerca del Palacio de López y luego en las inmediaciones de la Comandancia de la Policía, tras lo cual fue llevado a la sede del PLRA en una patrullera con el comisario Amado Cantero. En la ocasión acusó a otro policía, el suboficial Arnaldo Andrés Báez, de haber sido el autor del disparo mortal. También afirmó que los ocupantes del edificio del PLRA atacaron a los policías con cascotes y bombas molotov antes del asalto a la sede partidaria.
La abogada del policía, Selva Rodríguez, aseguró que la orden de que los policías ingresaran al PLRA fue dada por el comisario Cantero por instrucciones de una persona de nombre “José”, aventurando que podía tratarse de José Ortiz, empresario cercano al presidente Horacio Cartes. Dijo también, al igual que su defendido, que los comisarios Enrique Isasi y Prudencio Burgos ordenaron que los policías que resguardaban el Congreso en la tarde del 31 de marzo se replegaran para permitir que los manifestantes ataquen el edificio.
La abogada entonces recibió amenazas por parte de altos mandos de la Policía Nacional.
Florentín, por su parte, afirmó que Lorenzo Lezcano, viceministro de Seguridad al momento de los incidentes, le ofreció dinero y una casa a cambio de asumir la culpa por la muerte de Quintana. “Me dio un abrazo, y me dijo que no me preocupara, que vamos a salir de esto, que el instituto policial está conmigo, y que está orgulloso y que el Presidente de la República me manda decir que me da su apoyo”, aseguró el suboficial imputado. Lezcano admitió haber hablado con Florentín tras su detención el 1 de abril, pero negó haberle ofrecido nada a cambio de declararse culpable.
En octubre, abogados de la familia Quintana insistieron en que se analicen los registros de llamadas telefónicas entre personas vinculadas al presidente Cartes y el comisario Críspulo Sotelo, comandante de la Policía Nacional durante el incidente, algo que había sido rechazado por la fiscala Raquel Fernández al considerar que sería “impertinente”.
A principios de octubre, el Tribunal de Apelaciones confirmó a Alcides Corbeta como el juez del caso Quintana. Corbeta se había inhibido del caso alegando amistad con varias personas vinculadas al caso, incluidos policías involucrados en el asalto al PLRA. En diciembre de 2017, el Tribunal de Apelaciones otorgó una prórroga de seis meses al caso Quintana, dando más tiempo a los fiscales para esclarecer el caso ya que el plazo inicial vencía el 5 de diciembre.
En enero, el juez Corbeta ordenó a tres empresas telefónicas, a la tabacalera Palermo y a la empresa constructora Edivi SA que presentaran informes sobre el cruce de llamadas de unas 21 líneas telefónicas en la noche del 31 de marzo. Ese mismo mes, la Fiscalía General ordenó una auditoría del caso. Tras la recusación de la fiscala Teresa Rojas –quien había asumido el caso luego de Raquel Fernández– se designó a la fiscala Silvana Otazú como interviniente.
En marzo, personal del Ministerio Público llevó a cabo una pericia en la sede del PLRA para determinar la trayectoria exacta del proyectil que acabó con la vida de Quintana. La abogada de Florentín criticó el hecho de que esto se hiciera sin presencia de su defendido.
Ahora, a punto de cumplirse un aniversario de la noche sangrienta en que Rodrigo Quintana perdió la vida, y poco tiempo antes de que caduque la prórroga otorgada al caso, Florentín sigue siendo el único imputado, y las personas que dieron la orden de atacar el PLRA siguen sin sufrir consecuencia alguna. Con las recientes revelaciones de ABC TV, el caso vuelve a ocupar portadas de diarios, pero su resolución aún no está a la vista.