Acuerdo de punto final

Todo esto se da luego de que los familiares y víctimas accionarán ante un juzgado civil y comercial solicitando ser indemnizados por lo ocurrido aquel domingo 1 de agosto del 2004, luego por negligencia de sus abogados la mayoría de los casos se extinguieron o prescribieron, por los años que transcurrieron y el plazo feneció.

Por ello terminaron perdiendo los juicios, obligandolos a pagar los honorarios de los abogados de los Paiva, que rondarían unos 2 millones de dólares. La parte que pierde el juicio paga las costas. Se habían planteado 178 demandas de resarcimiento económico por el monto de G. 450 mil millones al juzgado civil, y se perdieron unas 110. De está manera, las víctimas del Ycuá no cobrarán unos G. 350 mil millones.

Segunda instancia: Confirman fallo de primera instancia.

Los camaristas Linneo Ynsfrán, Carmelo Castiglioni y Valentina Núñez, por unanimidad, habían ratificado el fallo del juez del 17 de febrero de 2010 por el que se declaró la prescripción de la demanda por la tragedia. Los magistrados argumentan que el hecho ocurrió el 1 de agosto de 2004 y que tenían hasta el 1 de agosto de 2006 para accionar.

Acuerdo de punto final

El abogado del condenado Juan Pio Paiva, Luis Escobar Faella explicó que el “acuerdo de punto final” (haciendo un paralelismo a la “ley de punto final” que se había puesto en vigencia en la Argentina) es para intentar apaciguar el sufrimiento de las víctimas del trágico incendio del 1 de agosto de 2004, en el que fallecieron cerca de 400 personas.

Uno de los puntos es el pago de una indemnización a unas 300 víctimas que aún tienen vigentes sus juicios de indemnización de daños y perjuicios. El dinero pagado a estos demandantes será lo obtenido por la expropiación del local del supermercado siniestrado Ycuá Bolaños, asentado en el barrio Trinidad, de la capital.

Por otro lado indicó que en el acuerdo también se estipula la renuncia a cobrar los honorarios profesionales por parte de los abogados defensores a las víctimas que perdieron los juicios civiles de indemnización de daños y perjuicios.

Según los cálculos del defensor, serían unas 300 las víctimas que perdieron sus demandas por negligencia de sus abogados. A parte de ello los defensores del dueño del supermercado Ycuá Bolaños cobraran parte del dinero del seguro.

El acuerdo, aparte de tener su componente económico, también tiene por finalidad llegar a una “paz social” con las víctimas del incendio, quienes tienen una permanente herida abierta a causa de la considerada mayor tragedia civil ocurrida en nuestro país.