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13 de Agosto de 2018 01:30

 

“Firmatón”, servilismo y escándalos en el TSJE

La destitución de Miguel Iturburo, alto funcionario del TSJE quien admitió haber fraguado actas electorales para beneficio de varios políticos, corona un periodo marcado por el servilismo al poder; planilleros y cobros irregulares por parte de los ministros de esta institución.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) mantiene un largo historial de denuncias sobre planilleros y negociados. Sin embargo, sus autoridades siempre se salvaron mutuamente y fueron blanqueadas por la Fiscalía bajo la excusa que sus resultados electorales nunca fueron puestos en duda... hasta ahora.

Esto cambió cuando el entonces jefe de calidad informática del ente, Miguel Iturburo, confesó en audios filtrados por ABC Cardinal haber fraguado actas electorales para los senadores Jorge Oviedo Matto (Unace, imputado) y Lilian Samaniego (ANR, excartista). 

Lejos de haber mostrado las actas de las elecciones del 22 de abril último, el ente aumentó la desconfianza de la ciudadanía al ocultar los documentos. 

Prontuarios de ministros

El titular del TSJE es Jaime Bestard (ANR, cartista) y los ministros integrantes son Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (PRF). 

Los dos primeros avalaron con su firma que Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos se candidaten a la senaduría activa, violando la Constitución Nacional. Ahora Bestard (60) y Wapenka (71) recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para ser inamovibles hasta los 75 años. 

Viáticos irregulares

Los tres ministros arrastran numerosas denuncias de irregularidades. Todos fueron investigados cuando ABC Color demostró que recibían viáticos por viajes fantasmas, pero fueron blanqueados al devolver el dinero y presentar la excusa que todo se trató de un error administrativo.

Alberto Ramírez Zambonini en 2015 también fue imputado por avalar un esquema de planilleros encabezado por su amigo Manuel Radice (PLRA). Fue blanqueado.

María Elena Wapenka (PRF) en menos de cinco años acumuló numerosas denuncias de corrupción y también fue blanqueada.

Percibió viáticos por jornadas en el interior cuando estaba fuera del país. También se descubrió que –al igual que el exdiputado José María Ibáñez (ANR)– mandó nombrar en el TSJE a dos empleadas domésticas de su casa en Encarnación. Fue blanqueada.

Todos los procesos fueron archivados gracias al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, actualmente imputado por el caso de Tráfico de Influencias demostrado con la filtración de audios.

Por su parte, Bestard, durante su gestión, logró un meteórico ascenso para la joven María Fredesvinda Barrios Gómez, quien ingresó en el 2012 como guardia de seguridad y logró convertirse como asesora del titular del TSJE. El hermano de Barrios también tuvo ascensos importantes.

Clientela política

La clientela política permaneció intacta durante el gobierno de Cartes. Esta práctica causa daño especialmente al derecho en igualdad de condiciones de acceder a la función pública, además de perjudicar a las reformas y avances que se intentaron en materia de meritocracia para la selección de los mejores al frente de las responsabilidades y el desempeño.

Es decir que, debido a la mala praxis de la clientela política, numerosas personas capaces, meritorias y con títulos y aptitudes para determinadas funciones fueron dejadas de lado, como en épocas anteriores, privilegiando por encima de ellos la afiliación partidaria o las lealtades personales. El programa gubernamental del empleo público meritocrático no se respeta, pero se trata de cumplir con la formalidad del concurso, aunque en la etapa final siempre ganan, otra vez, los recomendados.

Los efectos perjudiciales de la clientela política no se reducen en anular a los mejores para permitir el reinado de los mediocres, sino que se extiende a los resultados electorales, ya que los caciques políticos recurrieron nuevamente a la compra de votos y al arreo de correligionarios hasta las urnas.

Nadie investiga firmas falsas

Gracias a la presión ciudadana, en enero de 2017 el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se vio forzado a procesar digitalmente las 366.000 firmas supuestamente recolectadas por la ANR para impulsar la reelección de Horacio Cartes.

Esto permitió identificar más de 60.000 firmas irregulares, entre caos de falsificación, personas que firmaron varias veces y rúbricas de fallecidos.

Con la intervención de los fiscales Fabián Centurión y Ángel Ramírez, se logró encontrar 1.142 firmas de muertos. 

Sin embargo numerosas chicanas y convenientes recusaciones impiden hasta ahora que el Ministerio Público haga alguna imputación.

 
 

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