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La condena a un ambientalista por acopiar pilas, la prisión por más de 3 años de un comerciante por matar a dos ladrones en un asalto a su casa (cuya reciente absolución fue apelada por la Fiscalía) y el encarcelamiento por más de cinco meses de un señor al que le confundieron con su hermano, son algunas muestras de la perversidad de nuestro sistema judicial que debe afrontar el ciudadano “común”.
En contrapartida, cuando se trata de personas vinculadas al poder político o económico, esta inflexibilidad se transforma en complacencia, inacción y desidia.
Tal es el caso del “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo, supuesto testaferro del senador colorado Víctor Bogado, favorecido con la benevolencia de la fiscalía en sus dos procesos. En la causa por cobro indebido de honorarios, el entonces fiscal Martín Cabrera planteó la suspensión condicional del procedimiento a cambio de la sola devolución del dinero percibido ilegalmente, y en la de enriquecimiento ilícito, el fiscal Nelson Ruiz pide su sobreseimiento provisional.