Falta política de estado en DD.HH.

Los derechos humanos siguen siendo materia pendiente que sucesivos gobiernos posdictatorial no han ubicado en su agenda como política de Estado. Sin embargo, el gobierno que se fue presentó un plan de gobierno, por cierto muy criticado por organizaciones de derechos humanos, porque supuestamente se aparta de la integralidad y transversalidad de derechos humanos.

El respeto irrestricto de los derechos humanos, especialmente en falta de legislaciones y de políticas públicas eficientes orientadas a garantizar, por ejemplo, derechos de pueblos indígenas, de personas con discapacidad, derechos de las mujeres, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, derechos laborales, etc., son hechos preocupantes.

A todo eso hay que sumar la debilidad de instituciones clave que deben velar por los derechos de las personas más vulnerables, en especial la ineficiencia del Ministerio Público ante denuncias de hechos de tortura contra campesinos y luchadores sociales.

Un capítulo especial requiere la masacre de Curuguaty. Ese hecho que derivó en la muerte de 11 campesinos y 7 policías derivó en detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, falta de independencia y de objetividad de la fiscalía en la investigación del caso, inexistencia de pruebas válidas contra las personas detenidas e imputadas y la inadecuada actuación de la Fiscalía, según denuncia de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Las cárceles de la República siguen siendo escenario de violaciones de los derechos humanos. Una de las prioridades expresadas por el gobierno saliente, mencionada en varias ocasiones, fue el mejoramiento del sistema penitenciario. Como parte de esta política, buscó resolver el problema de hacinamiento en los centros de reclusión y avanzar hacia la reforma del sistema penitenciario.

Sin embargo, en la práctica se avanzó poco hacia ese objetivo. Tal es el caso de la penitenciaría nacional Tacumbú, que registró en el mes de julio pasado una población penal superior a las 4.000 personas, a pesar de que la capacidad de ese centro penitenciario es de un poco más de mil internos.

Durante el gobierno saliente también se iniciaron gestiones y acciones para el cumplimiento de sentencias internacionales impuestas al Estado paraguayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La búsqueda de restos óseos de personas víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) continuó de alguna manera en medio de falta de recursos a la Dirección de Reparación y Memoria Histórica para el cumplimiento de su misión. De acuerdo a informes de la Comisión de Verdad y Justicia, durante la dictadura hubo más de 400 desaparecidos.

En cuanto al defensor del pueblo, el actual, Manuel María Páez Monges (ANR), sigue en el cargo a pesar de que su mandato feneció en 2008. Esta deuda más bien corresponde al Parlamento, que, por divergencias políticas, no ha podido armonizar intereses de los distintos sectores políticos para la designación del defensor de una terna confeccionada que aguarda ser estudiada.

Estos y varios otros asuntos vinculados con los derechos humanos aguardan al gobierno que regirá a la República en los próximos cinco años y cuya gestión en favor de esos derechos contribuirá al mejoramiento de la condición de vida de los habitantes de esta tierra.