Durante los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se inició un lento y constante poblamiento de la Región Occidental.
La llegada de grupos de extranjeros al inhóspito territorio chaqueño trajo consigo progreso y crecimiento económico, sin embargo, las tierras fueron vendidas sin que las autoridades se preocuparan por la situación de los habitantes originales, los pueblos indígenas, entre ellos los componentes de la etnia Sawhoyamaxa.
El loteamiento de las enormes propiedades desplazó paulatinamente a los indígenas, que de pronto se vieron como invasores de las tierras que alguna vez les pertenecieron.
Tras la caída de la dictadura, a inicios de la década de los 90 se inició una lucha por los derechos de los pueblos indígenas y uno de los más olvidados era el respeto por el territorio que habitaron ancestralmente.
Poco a poco, los componentes de la etnia decidieron abandonar las estancias en las que vivían y trabajaban, para ubicarse en las afueras de estos inmuebles. De acuerdo a datos de 2006, la comunidad está conformada por 407 personas.
Luego de varias peleas, en diferentes estratos judiciales, en 1997 se presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto que plantea la expropiación de las tierras de dos empresas, para cederlas a los índigenas. Los inmuebles reclamados tienen una superficie total de 14.400 hectáreas.
El proyecto fue rechazado en 1998. Ante esta situación, la comunidad, acompañada por varias ONGs, presentó una demanda contra el Estado paraguayo ante Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte emitió en 2006 una sentencia que condenó a nuestro país en este caso, por la violación de los derechos a la Protección y Garantía Judicial, a la Propiedad Privada, a la vida y al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica.
La Corte estableció que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño, comporta el deber de repararlo adecuadamente.
De acuerdo a la sentencia, Paraguay debería devolver las tierras a sus antiguos ocupantes, reparar el daño material, reparar el daño inmaterial, suministro de bienes y servicios básicos.
Luego de cinco años de dictaminada la sentencia, en 2011 se iniciaron las reuniones tripartitas entre representantes estatales, de las empresas y de la comunidad indígena.
En setiembre del año pasado se llegó a un acuerdo inicial firmado por las autoridades de Paraguay, dos empresas privadas que ocupan las tierras y los dirigentes de la comunidad indígena sawhoyamaxa.
El acuerdo abrió el camino para la restitución de las tierras ancestrales a los nativos.
Sin embargo, los intentos por cumplir con la sentencia se detuvieron en junio de este año, luego de que las nuevas autoridades tomasen posesión de los cargos tras la destitución de Fernando Lugo.
Luego de 20 años de reclamos, las negociaciones fueron el primer intento del Estado paraguayo porcumplir con la sentencia de la Corte Interamericana.
Varias organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han manifestado su preocupación por la situación pues entienden que “los sawhoyamaxa no han podido realizar sus actividades tradicionales, fundamentales para su supervivencia, y se han visto obligados a vivir en condiciones de miseria junto a una carretera cercana”.
En este sentido, realizan campañas de recolección de firmas exigiendo una rápida acción de las autoridades paraguayas.
El destino de los originales dueños de las tierras paraguayas está en manos de las autoridades que no pueden seguir dejando de lado el reconocimiento de un derecho de quienes forman parte de las raíces de nuestra cultura.