14 de Diciembre de 2012 19:00

 

Ley de Educación Superior ¿A favor o en contra?

Por Juan Carlos Lezcano F.

El proyecto de “Ley de Educación Superior” (LES) centró durante los últimos días la atención de la sociedad paraguaya. Desde varios sectores surgen voces a favor y en contra del polémico documento que ya cuenta con media sanción del Senado.

En el año 1998, el gobierno de Juan Carlos Wasmosy promulgó la Ley 1264 “General de Educación”  en la que se establece la organización del sistema educativo.

La citada legislación establece a la Educación Superior como uno de los niveles de la educación formal y establece en su artículo 47 la necesidad de que la misma sea regulada por una “Ley de Educación Superior”.

Han pasado ya quince años desde la aprobación, promulgación y entrada en vigencia de la Ley 1264, sin embargo hasta el momento no se ha establecido la regulación para la Educación Superior.

Según el Dr. Raúl Aguilera, pedagogo y funcionario del Ministerio de Educación y Cultura, de acuerdo a la ley existen tres tipos de instituciones encargadas de la educación superior: las universidades, los institutos superiores y otras instituciones de formación profesional del tercer nivel.

De acuerdo a datos del MEC, en Paraguay existen actualmente 54 universidades creadas por ley, dos de las cuales ya no funcionan; 38 institutos superiores y 324 instituciones de formación profesional.

“Las universidades se regulan en este momento por una ley del año 1993, la ley 136, que es una norma totalmente ya desfasada a esta altura, los institutos superiores que cuentan con ninguna regulación y las instituciones profesionales que se regulan por normas que son solamente del MEC. Entonces, muchas instituciones en este momento están trabajando con normas desfasadas o sin normas”, explicó Aguilera a ABC Color.

Ante esta situación, aseguró el pedagogo, es necesaria una Ley de Educación Superior.

Aguilera relató que ante esta laguna legal, el MEC quedó relegado al papel “de simple porta-papeles” pues solamente debe registrar los títulos expedidos por las instituciones.

“Hay una ley del Mercosur que establece que como mínimo un curso de grado debe tener cuatro años y 2700 horas. Nosotros no podemos pedir en este momento más que eso. Si es que viene y declara eso nosotros estamos obligados a registrar”, afirmó.

“La pregunta es: Está registrando el título de un abogado ¿Será que tiene la competencia o no? El Estado no puede en estos momentos emitir una opinión sobre la calidad de los servicios, especialmente el Ministerio”, agregó.

Aguilera aseveró que lo que se busca con la ley es establecer un papel más fuerte del MEC en la definición y organización de los sistema educativos, además del fortalecimiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) como ente autónomo.

La polémica del actual proyecto

El pasado 25 de octubre, el Senado dio media sanción a un proyecto de “Ley de Educación Superior”, sin embargo la aprobación sorpresiva generó malestar en sectores de la comunidad estudiantil que ya habían expresado su rechazo al proyecto.

Como medida de protesta, alumnos de diversas instituciones tomaron las oficinas del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción exigiendo se retire el proyecto de la Cámara de Diputados.

Durante la última sesión de la Cámara Baja, el tratamiento del proyecto fue postergado por ocho días.

Construcción y contenido

Arturo Cano, representante del Frente Estudiantil, explicó a ABC que el rechazo al proyecto se debe a que primero no se dieron los pasos suficientes para la participación de la sociedad en la construcción del mismo, además de varios cuestionamientos al contenido de la LES.

El estudiante explicó que la educación superior que debería ser vista como un “derecho social” es considerada en el actual proyecto como un “bien de consumo”, primando los intereses lucrativos antes que los educativos.

Cano citó como ejemplo la instalación de un sistema crediticio para los alumnos que catalogó como “sistema que propicia el endeudamiento en lugar de la inclusión”.

Aseveró que la LES contempla la autonomía universitaria pero “para el lucro, la autonomía para la operatividad de los partidos políticos introducidos en la universidad y no una autonomía que permita una formación democrática, solidaria, de los estudiantes que están en una compenetración con la sociedad”.

“Lavado de dinero”

Cano manifestó su preocupación ante el hecho de que la LES propicia un acercamiento desde las “universidades con empresas e individualidades que podrán influir en la dirección de la educación a través de inversiones dentro de las instituciones con exención de impuestos”.

Aseguró que esto podría tener que ver con el “lavado de dinero”.

“Vemos que a través de esta medida lo que si reivindica es que existe una dirección hacia sectores del poder que definen y son los que generan los recursos humanos en este momento a través de la universidad. El estudiante visto como recurso humano creo que también ratifica que no somos como vistos como sujetos activos sino como clientes”, acotó.

“Lo que nosotros proponemos es que esta ley pueda ser rechazada para abrir espacio a una construcción amplia y representativa no solo de la comunidad educativa sino de la sociedad en su conjunto. Una ley producto y reflejo de la necesidad de la sociedad paraguaya en su conjunto”, apostilló.

Contra el “libertinaje”

Aguilera, por su parte, resaltó que la LES permitirá frenar el libertinaje en el que se manejan actualmente las instituciones del nivel terciario.

“La ciudadanía no va a tener ninguna garantía sobre la formación de los profesionales sin una ley. Establecer ciertos parámetros de calidad y que el Estado pueda garantizarle a la ciudadanía que las instituciones que brindan servicios educativos están capacitadas para ello”, puntualizó.

Cano coincidió en este punto, aunque señaló que existen contradicciones pues la precipitosa aprobación de la ley solo permitiría blindar de legalidad al libertinaje existente.

A tiempo para elevar cuestionamientos

Aguilera aseguró que no le corresponde al MEC responder sobre la falta de participación denunciada por los gremios estudiantiles sino que el reclamo debe ser elevado a los diputados y senadores encargados de organizar las audiencias públicas y conversatorios sobre el proyecto.

“Cuando nosotros fuimos convocados en estos últimos cinco años, el ministerio participó. Pero nosotros no podemos opinar si se le dio, se le invitó a otros estamentos. Las veces que era una mesa técnica nosotros estábamos presentes”, afirmó.

Aseveró que todavía hay tiempo de elevar los cuestionamientos a la Cámara de Diputados, que debería tratar el proyecto en los próximos días.

Una ley necesaria

Ambos representantes coincidieron en que una Ley de Educación Superior es necesaria. Aguilera aseguró que durante los últimos 11 años vio pasar unos 50 proyectos y que si bien el actual es cuestionado, los mismo fueron mejorando.

“Nosotros no estamos en contra de un proyecto de LES; debería existir pero creemos que estamos ante la defensa de intereses de dueños de universidades”, agregó Cano.

“Como especialista en el campo de la legislación educativa, estoy seguro de que hace falta que el sistema educativo tenga una Ley de Educación Superior”, finalizó Aguilera.

La decisión queda ahora en manos de los diputados, que estarán bajo la mirada de miles de estudiantes, profesores, funcionarios y autoridades de las universidades, además de los de la sociedad paraguaya.

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