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El primer caso que salió a luz tuvo que ver con el que en el marco de la presunta venta irregular de 5.742 hectáreas de tierras al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por parte de la empresa San Agustín S.A, que se encuentra en los distritos de Altos y Atyrá.
El fiscal René Fernández, en este caso luego de imputar e investigar el hecho acusó y pidió juicio oral para Luis Ortigoza y otras personas más.
“A través de los distintos actos de investigación que fueron realizados durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público ha concluido que existen elementos de convicción suficientes para la elevación de la causa a juicio oral y público, respecto a los hechos que se consideran penalmente relevantes. La investigación habla de la existencia de un perjuicio total de G. 60.000 millones, que es la suma a la cual se obligó el Indert con la operación de la compra-venta del inmueble que en su momento pertenecía a la persona jurídica denominada San Agustín”, señala el fiscal.
Por su parte la fiscala Yolanda Portillo, también abrió otro proceso contra el extitular del Indert, por tentativa de estafa y uso de documentos no auténticos, luego de descubrirse que Ortigoza y un grupo de funcionarios de la institución adjudicaron a un árabe un lote de 10 hectáreas, que resultó ser un aeropuerto de Capitán Bado.
El acta de imputación presentada por la fiscal Portillo refiere que, el 24 de octubre de 2012, se adjudicó a Ali Hatem Barakat el lote agrícola ubicado en la colonia Caaguy Poty, distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay. Dicha propiedad posee una superficie de nueve hectáreas con 9 986 metros y 6 430 centímetros cuadrados. La resolución fue firmada por Ortigoza y Ali Hatem pagó apenas el monto de G. 5.119.323 por la propiedad que está situada a metros de la frontera.
Otra vez la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, integrado por Silvia Cabrera, Alba Delvalle y René Fernández, intervinieron en un caso donde se denunció que 12 lotes -que representan 48.000 hectáreas- ubicados en Lagerenza, departamento de Alto Paraguay, habían sido adjudicados en base a fotocopias de contraseñas expedidas por el Instituto de Bienestar Rural, hoy Indert, así como recibos de pago por las tierras, supuestamente expedidos durante los años 1979 al 1985. El precio supuestamente pagado por las tierras sería el que se encontraba vigente en los años referidos. La Fiscalía estima que estas operaciones habrían causado al Indert un perjuicio de más de G. 14.200.000.000.
Como resultado de las pesquisas se pudo comprobar la participación directa de Luis Ortigoza, quien fue imputado y actualmente está acusado con pedido de juicio oral.
Finalmente el último proceso contra el extitular del Indert también es tramitado ante la fiscala Yolanda Portillo, quien acusó al mismo en el marco de la presunta comisión del hecho punible de estafa al Estado paraguayo, al vender cinco lotes fiscales por menos de su valor, específicamente en Salto del Guairá, Canindeyú.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Justo Cárdenas, donde supuestamente, el ente agrario vendió cinco lotes, que suman siete hectáreas. Dichas tierras, ubicadas en Salto del Guairá, fueron vendidas a G. 840 mil la hectárea, cuando valían entre US$ 3 y 6 millones la hectárea, con el agravante de que nunca pertenecieron al ente agrario, sino que están dentro del Refugio Biológico Mbaracayú, de Itaipú Binacional.
Mediante la denuncia presentada, el Indert rescató del Servicio Nacional de Catastro cuatro de los lotes, los cuales no llegaron a inscribirse en Registros Públicos. Con esto se evitó un perjuicio patrimonial de US$ 48 millones.