La Policía Caminera existe desde el 31 de diciembre de 1948. Fue creada conforme a la ley Nº 63, la cual establece “La estructura y funciones generales” del ente.
El fin principal de este órgano es velar por la seguridad vial, haciendo que se respeten las normativas de tránsito en las rutas nacionales.
También debe controlar que se cumplan las disposiciones legales establecidas. Dentro de éstas se ubican las condiciones técnicas, administrativas y financieras para que los vehículos de carga, de pasajeros y particulares puedan circular.
El ingeniero Manuel Guzmán, director de la Policía Caminera, habló sobre algunos puntos flojos dentro del ente que imposibilitan la tarea en cuestión de controles ruteros y otras tareas.
Actualmente, la institución cuenta con aproximadamente 250 oficiales. Esta cantidad de efectivos es para la cobertura de todo el territorio nacional.
El número reducido de agentes imposibilita la realización de controles y conformación de tareas, considerando que también se dividen en actividades como guardias en los cuarteles y barreras en las rutas, quedando diezmado así el cuerpo de oficiales.
“Esto no abastece, y nosotros este fin de semana pasado fuimos invitados por el Ministerio Público para colocar barreras donde se necesitan, por lo general 20 personas, para hacer una barrera en forma”, expresó el ingeniero Guzmán.
La Policía Caminera cuenta con 40 cuarteles en el país. En éstos, es necesario que un oficial haga guardia por cualquier eventualidad. Pero cada 15 días los mismos están de franco, lo que hace que la fuerza operativa se reduzca a la mitad.
El ingeniero Guzmán explicó que, “si uno quiere realizar una intervención en forma, nosotros necesitaríamos 1.000 efectivos para poder mejorar nuestro trabajo”.
Los diversos controles que realiza el órgano regulador de tránsito son planificados y fijados en cuestiones de actividades.
“(En cuanto a) la programación de los trabajos tenemos prácticamente fijo que, viernes a la noche, sábado y amaneciendo domingo se hace alcotest. Domingo de tarde se hace regulación de transito”, explicó el director de la Caminera.
De igual forma, los otros días de la semana, en horas de la mañana, también se realizan tareas de regulación de tránsito en puntos específicos como Autopista y las avenidas Mariscal López y Eusebio Ayala.
Las actividades rutinarias son las barreras para el control de exceso de velocidad y el adelantamiento indebido. Así también, con el aumento de biciclos en circulación, los días miércoles, se hacen estrictas las tareas de intervención.
Los trabajos se intensifican debido al aumento del parque automotor. “El presidente de Cipama (Cámara Paraguaya de Motocicletas y Afines) dijo que hay 1.500.000 motos en circulación”, explicó el ingeniero Manuel Guzmán.
Las faltas impagas y abonadas se cargan en un sistema informático. De esta manera, los vehículos de personas que adeudan por infracciones de tránsito cometidas quedan demorados en ruta.
“Con la Ley Nº4.551, que le da 5 días de plazo al que ha trasgredido la norma para que pague su multa. Pasado ese plazo, la ley misma dice que se le puede suspender la licencia”, explicó el ingeniero Manuel Guzmán, director de la Caminera.
El Juzgado de Faltas de la institución, con las multas impagas, luego de haber transcurrido 15 días, suspende todas las licencias. Entonces, la persona que llega a un control es demorada, no solo por deuda, sino también por suspensión de la licencia.
Así, el conductor debe realizar el pago en la hora o el vehículo queda demorado.
La Policía Municipal de cada ciudad tiene la suficiente autoridad dentro de sus municipios para aplicar las multas a los transgresores, siempre y cuando esto no ocurra en rutas nacionales, jurisdicción de la Policía Caminera.
Pasando 10 metros de las rutas, el agente municipal puede hacer cumplir todas las normas.
“Hemos enfrentado casos de corrupción. Siempre hay denuncias. Eso se pasa a una jefatura de asuntos jurídicos; pero cuando se trata de faltas o denuncias nosotros enviamos a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, en situación de darle mayor garantía al uniformado”, manifestó Guzmán.
El ingeniero Manuel Guzmán mencionó que “la institución enfrentó casos en que muchos agentes perdieron el uniforme o fueron separados”, pero que deben existir denuncias concretas para que se tomen esas acciones.
Para evitar denuncias que pueden resultar dudosas, la institución necesita modernizarse. “Necesitamos de cámaras, de filmadoras; algunos jefes han comprado sus propias cámaras, sus propias filmadoras, donde tienen un testimonio, donde documentan todo, y eso la institución no tiene”, declaró el director Guzmán.
Ahora bien, teniendo cámaras y que éstas puedan transmitir y hacer legible el número de chapa permitiría evitar el “encuentro conductor-caminera” y de la misma forma el aumento de multas.