29 de Diciembre de 2017 13:47

 

Sangre, división y lágrimas

Por Héctor Fretes

Este ha sido el resultado del plan cartista de enmienda constitucional, que se mantuvo como eje de la administración de gobierno. Una familia sigue llorando la pérdida de una joven vida, producto del afán desmedido de poder.

En 2011, el entonces empresario Horacio Cartes no tuvo reparo en torcer la voluntad de los convencionales de la ANR, quienes modificaron a su favor los estatutos partidarios a modo de permitir su candidatura para la Presidencia de la República, a la cual llegaría dos años después.

Con el partido político más importante del país en su bolsillo, avanzó hacia el siguiente paso: ganó las generales de 2013 y llegó al poder con el Partido Colorado. Posteriormente tomó el control del partido y solo era cuestión de tiempo para instalar en el escenario político la posibilidad de la reelección.

Primero apeló a los discursos jactándose de las obras impulsadas por su administración, muchas de ellas severamente cuestionadas, bajo la premisa de que “cinco años no son suficientes” y luego extendió sus tentáculos hacia el Poder Legislativo con el propósito de hallar una herramienta jurídica para arropar a su ambición de poder.

“El primer intento”

La herramienta respondió al nombre de enmienda y pretendía en 2016 introducir modificaciones a los artículos 161 y 229 de la Carta Magna; es ahí donde el ambicioso plan de Cartes tropieza con su primer obstáculo: A pesar de los esfuerzos por otorgarle legalidad a la iniciativa, terminó chocando contra la propia Constitución.

La Carta Magna establece la reforma constitucional como única forma de encaminar una eventual reelección, toda vez que haya mayoría absoluta de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y luego la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Para ese entonces la unidad colorada en el Senado ya no era tal y llamativamente los opositores fueron quienes introdujeron el tema como punto de tratamiento durante una sesión registrada en agosto de 2016, donde la mayoría opositora asesta el primer golpe contra la ambición de Cartes y rechaza el proyecto por un periodo de 365 días.

Insistente atropello

Lejos de contribuir a la pacificación del ambiente político y priorizar las múltiples necesidades del pueblo paraguayo en todos los ámbitos, el oficialismo colorado continuó en su afán reeleccionista, y fue apenas en los primeros meses de este año donde se produciría una nueva arremetida, violatoria a la máxima norma que rige al Estado Paraguayo.

La idea de la reelección por vía de la enmienda jamás abandonó la cabeza del oficialismo colorado, puesto a que era el procedimiento menos engorroso. Volvieron a la carga esta vez con nuevos aliados, y sin importar el rechazo masivo que despertó en la mayoría de la sociedad la posibilIdad de violentar la Constitución para provecho de un sector político en específico.

Honor Colorado encontró en el sector llanista del PLRA y el pleno del Frente Guasu, a los aliados con los cuales nuevamente forzarían un plan de enmienda de la Carta Magna; en esta ocasión el líder del partido de movimientos progresistas, Fernando Lugo podría verse beneficiado y en caso de aprobación, entrar en la carrera como candidato a Presidente para el 2018.

Para evitar que ocurra algo similar a lo acontecido en agosto de 2016, esta vez se delineó una fina estrategia que traería consigo una nueva violación a una normativa, como se dice popularmente “entre gallos y medianoche”, la recientemente creada alianza cartista-libero-luguista, compuesta por 25 senadores. Primero se forzaron cambios en el reglamento interno del Senado, que se aprobaron sin intervención del titular de la Cámara de Senadores, en ese entonces Roberto Acevedo, y en la sede de una bancada, no en el pleno de la Cámara Alta.

El ilegal proyecto retiraba al titular del Congreso su atribución de aceptar o rechazar proyectos, y reduce los votos requeridos para las votaciones, y se avanza al paso siguiente, la formación de una comisión directiva que responda a los intereses del bloque de los 25.

El 28 de marzo se concretaría otro avasallamiento a las instituciones legalmente constituidas, y desembocaría en una de las crisis políticas más graves que vivió el Paraguay en la presente década; ese día el senador Julio César Velázquez, vicepresidente 2°, se declara como presidente del Senado, en presencia del senador Robert Acevedo, quien hasta ese momento tenía tal cargo y del vicepresidente primero Eduardo Petta.

Con un Senado oficial y otro paralelo, es este último que en el día 31 de marzo el que terminaría concretando el golpe parlamentario, dando entrada sobre tablas el proyecto de enmienda constitucional y aprobado por el presidente paralelo.

El pueblo protesta y se lo reprime

Dispuestos a no permitir un pisoteo más a la institucionalidad de la República, la gente comienza a ganar las calles y eleva su voz de repudio al golpe parlamentario, los ciudadanos llegan hasta las inmediaciones del Congreso para exigir respeto a la ley.

La Policía contesta con una violenta represión, con gases, balines de goma. Ciudadanos, periodistas y políticos, fueron el blanco de la reacción del aparato represor del Estado, entre ellos el diputado Edgar Acosta, quien acusó impactos de escopeta a la altura del rostro, lo que más tarde le valdría un sinnúmero de cirugías.

El número de ciudadanos creció e incluso superó la resistencia policial. Se menciona que las fuerzas del orden cumplieron alguna orden de abandonar el edificio parlamentario por lo que los manifestantes lograron ingresar y la sede del Poder Legislativo quedó en llamas. Fue la imagen que recorrió el mundo.

Mientras todo esto ocurría y Paraguay se encontraba en los ojos de los medios de comunicación del mundo, en otro punto de la capital, como si se tratase de otro país, el gobierno inauguraba el superviaducto en la intersección de Aviadores del Chaco y Madame Lynch.

El enfrentamiento y la barbarie

El enfrentamiento entre policías y manifestantes se trasladó al microcentro en horas de la noche de ese viernes 31 de mayo, y en la madrugada del 1 de abril se concretó la barbarie, un grupo de policías irrumpe en sede del PLRA, que por entonces concentraba a afiliados y ciudadanos antienmienda.

Las balas acabaron con la vida de Rodrigo Quintana, titular de la Juventud Liberal Radical Auténtica en la localidad de la Colmena, en el departamento de Paraguarí, quien como muchos otros salió a defender la Democracia.

A diferencia de la represión contra manifestantes en las inmediaciones del Congreso, esta vez los policías que participaron en el atraco al principal partido de la oposición, usaron balas de metal, las imágenes del circuito cerrado en que se ve a uno de los uniformados posar su pie sobre el cuerpo tendido del joven político se reiteraba en las redes sociales e indignaba a la ciudadanía.

El joven padre de familia acusó cerca de 9 impactos de balines de escopeta que destrozaron varios órganos internos, en un hecho sin precedentes, pues ni en los peores tiempos de la dictadura stronista se atropelló de esa manera a un partido de oposición, lamentó el presidente del PLRA, Efraín Alegre, quien responsabilizó a Cartes y su entorno, de la sangre derramada en el Centro Democrático, al cual se le agregó el nombre de Rodrigo Quintana, como denominación.

Celeridad selectiva

Si Cartes mantuvo el control del Poder Legislativo en las horas más críticas de 2017, era lógico que también la justicia respondería a sus intereses, con un Ministerio Público que se mostró por demás eficaz para identificar a los responsables del incendio del Congreso, pero no así con un caso de homicidio de un afiliado a un partido opositor.

Ante la presión de la opinión pública y especialmente del PLRA, se avanzó procesando a los autores materiales del fatal atraco, el suboficial Gustavo Florentín, presunto autor de los disparos, y el suboficial Arnaldo Andrés Báez, en calidad de cómplice, el primero había dicho que el ataque fue en respuesta a una agresión con bombas molotov. La imputación alcanzó al comisario Tomás Paredes Palma.

¿Que hay de los que ordenaron el ataque? La pregunta permanece, a pesar de las pruebas que recolectaron los padres del joven asesinado, que compromete seriamente a un hombre cercano al presidente Cartes, que sin tener un cargo en específico, salvo ser gerente en la empresa tabacalera del primer mandatario, ejerció influencia en los organismos de seguridad.

Los padres accedieron al registro de llamadas de las horas claves a finales de marzo y principios de abril, solo en ese periodo de tiempo, hubo 29 comunicaciones telefónicas entre José Ortiz, y el comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, aun así hasta la fecha, el tabacalero no respondió ante a la justicia, mientras que desde el PLRA, lo consideran como el instigador del atropello y posterior homicidio.

Recién 20 días después, con un congreso incendiado, una joven vida perdida, y una profunda división, Cartes da el paso al costado a su pretensión reeleccionista, y su futuro político sería sepultado en las urnas en diciembre de ese año, por la vía democrática, esa que tanto se esmeró en pisotear. 

 
 

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