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“El gobierno no reconoce las dificultades y problemáticas que tiene respecto a derecho humanos. El canciller (Eladio Loizaga) en varias ocasiones dijo que Paraguay no tienen deudas con relación a DD.HH., y en realidad existen una cantidad de temas pendientes que no están siendo abordados con la profundidad y seriedad que necesitan estos temas”, evaluó Dante Leguizamón, relator del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano gubernamental encargado de relevar y denunciar los casos de violaciones de derechos en nuestro país.
“Debe de haber una política desde lo más alto de compromiso con los derechos humanos para que eso resulte, si no hay una política al más alto nivel no se puede avanzar decididamente”, consideró por su parte Soledad Villagra, también relatora del MNP.
Para hacer un balance más certero hay que reconocer que existen cuestionamientos que ya se acarrean de años y gobiernos anteriores, como es la problemática de hacinamiento y violaciones de derechos básicos en penales y correccionales de todo el país. Sin embargo el Gobierno de Cartes ha sumado hechos graves, uno de los principales, el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana a manos de la Policía, que la propia oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas califica como una presunta “ejecución extrajudicial”.
“El hecho que haya habido una ejecución sumaria dentro de un partido político es muy grave y creo que eso no se puede dejar como una anécdota, no se puede dejar sin que revoluciones toda la investigación fiscal. Acá la Fiscalía está bajo la mira, de lo que resulte de la investigación se va a ver si existe impunidad o no en nuestro país, es grave lo que ocurrió con la ejecución extrajudicial”, remarcó Villagra sobre el asesinato del joven Rodrigo en la propia sede de su partido, el PLRA. Desde varios sectores cuestionan la falta de compromiso de la Fiscalía para llegar principalmente a los responsables morales del atraco al PLRA y posterior muerte de Quintana.
El aprendizaje que debe de quedar de esa grave crisis es que las autoridades nacionales deben de aprender a solucionar los problemas consensuando y respetando la ley, sino esto no pasa de ser el “preludio a una violencia mayor si la clase política no se pone a trabajar con seriedad”, consideró Villagra.
Leguizamón por su parte recordó que durante los incidentes por el tema de la reelección, mucha gente fue detenida irregularmente y presuntamente torturada por la Policía. Eso es algo que el MNP denunció formalmente a la Fiscalía, pero aún no hay avances serios.
“En esa investigación se está avanzando pero no se ha logrado identificar a las personas que realizaron esos hechos. Las personas que fueron detenidas esa noche fueron golpeadas y la sede de la Policía Urbana se constituyó en un lugar donde se le daba la ‘bienvenida’ con golpes de distintos tipos”, rememoró de la noche y madrugada del 31 de marzo y 1 de abril.
Otra de las deudas no “heredadas” por este gobierno es la modificación de la ley de Defensa Nacional que le posibilitó imponer un estado de excepción permanente en el norte del país.
“El país se encuentra en un estado de excepción efectivo desde agosto de 2013, lo que ha generado muchas denuncias de tortura y malos tratos, tanto de policías como militares y aparte las cuestiones relacionadas a la actuación de la justicia en esos caso. Estos hechos tampoco han sido investigados a cabalidad por parte del Ministerio Público y las autoridades (policiales y militares)”, recordó Leguizamón.
Pese a está medida permanente el gobierno ha logrado revertir la sensación de inseguridad que generan los grupos criminales en el norte del país. Es más, todo apunta a agravarse aún más ya que incluso ahora se menciona de afianzamiento del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) con grupos criminales transnacionales como el Primer Comando Capital (PCC).
Algo que se le reconoce al gobierno es una mayor inversión en infraestructura pero que no suple siquiera en lo mínimo las carencias de un sistema penal colapsado en todo el país. “No se puede negar es que estos 4 años se realizaron algunas inversiones relacionadas a la infraestructura de las cárceles y centros educativos, pero eso no cambia los casos de malos tratos que sufren las personas privadas de libertad”, indicó Leguizamón.
Persisten las denuncias en cárceles de tortura, hacinamiento y privaciones de derechos como de acceso a educación, salud y otros, principalmente entre los jóvenes y menores de edad. “Está situación de tortura y malos tratos, si bien está siendo investigada por el Ministerio Público, tampoco el Ejecutivo está tomando medidas específicas respecto”, como apartar a directores investigados y con antecedentes de abusos, dijo el relator del MNP.
El informe del órgano especial de la ONU también se refirió a situación penitenciaria de nuestro país, que califica como una situación de tortura "constante”
A esto se suma el ya frecuentemente denunciado abuso de la medida de prisión preventiva, en el que tenemos el índice más alto de la región. En el ranking de mayor índice de presos sin condena estamos “cuartos en el mundo. El 78% presos en Paraguay son sin condena, prácticamente acá a la gente se le encarcela sin presunción de inocencia”, recordó por su parte Villagra.
Algo que hay que reconocer también, es que los abusos que se denuncian por parte del Estado no son exclusiva responsabilidad de la Presidencia de la República. Una gran cuota de culpa la tienen otros poderes como el Judicial y el Legislativo.
Justamente el problema del abuso de la prisión preventiva involucra principalmente a la Fiscalía y al Poder Judicial. Por su parte, el Legislativo se ve inmerso en el problema al ser uno de los artífices de que el sistema judicial esté subordinado al poder político.
“El copamiento del Poder Judicial viene desde el momento que el Congreso tiene facultades de quitar y poner jueces. Para mí personalmente es gravísimo esa injerencia política partidaria perniciosa dentro los poderes”, consideró Villagra respecto a la influencia que tienen los políticos a través de órganos como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.