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Y es que no se trata solamente de una idea: los países de América Latina y del Caribe son los que tienen la seguridad como materia pendiente, según el Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo.
Uno de los puntos del extenso informe revela que en Paraguay solo el 25% de la ciudadanía cree que la Policía lo protege de la delincuencia, mientras que casi el 50% piensa que los agentes de la Policía están involucrados en hechos delictivos. El porcentaje restante opina que ni los protege ni delinque.
Asimismo, poco más del 25% lo componen los grupos de personas que confían “mucho” o “algo” en el sistema de justicia criminal, mientras que alrededor del 70% confía “poco y nada”.
Las cifras presentadas en el extenso informe son realmente alarmantes, ya que no solamente hay desconfianza hacia las autoridades por parte de las víctimas de la violencia, sino que también existen dudas acerca del debido proceso, del sistema penitenciario, y quedan en evidencia las deficiencias de los sistemas penitenciarios, con cárceles superpobladas en todos los países de la región.
La violencia y la inseguridad no son solamente ideas del imaginario colectivo o una sensación inherente a un grupo específico de gente, o cifras reveladas en un informe científico de Naciones Unidas.
Son hechos reales que crispan la vida cotidiana de la ciudadanía, que dejan a familias destruidas y tienen un importante costo social; si no, preguntémosle a los padres de Lializ Alexandra Velázquez Gómez, una joven universitaria estudiante de enfermería cuya vida fue segada hace casi una semana cuando un motochorro le robó el celular a un amigo suyo en Ñemby.
También podemos preguntarles sobre lo que siente en la piel y el alma a los familiares de Ángel Hernán Barrientos Chávez, otro joven universitario de solo 21 años, a quien motochorros le acusaron dos tiros mortales para robarle la mochila.
La inseguridad genera problemas sociales como el surgimiento de la aceptación de justicia por mano propia, y aunque todavía es mayor el porcentaje que la rechaza, existe más de 23% de personas que aprobaría la situación.
Además, se ha generado la pululación de sistemas de seguridad privada que superan en número y armamento a las autoridades estatales.
En definitiva, la inseguridad constituye una de los más grandes desafíos de los gobiernos. En Paraguay, al menos un par de miles de personas son asesinadas cada año, y ese es un hecho real, no una sensación.