¿Una muerte hará que se fiscalicen las aulas del país?

Las autoridades en Paraguay reaccionan en base a publicaciones y a hechos fatales, lo que quedó demostrado esta semana con la muerte de tres cadetes. Entonces, ¿cuál es la situación de las 12.000 instituciones educativas en el país?

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“No tenemos presupuesto”, dijo Guido Ortellado de la Dirección de Infraestructura dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, argumentando que por ese motivo no se realizan las fiscalizaciones en las instituciones educativas públicas de todo el país.

El Ministerio de Educación y Cultura aplica desde años anteriores el sistema de trabajo conjunto con la Asociaciones de Cooperadoras Escolares, que son grupos organizados de padres de familias y directores de instituciones que se conforman para administrar fondos otorgados por el ente de estado o donaciones.

A través de este sistema se realizan las obras de insfraestructura en todas las instituciones públicas del Paraguay, siendo los padres y directores los encargados de buscar al albañil, buscar hasta tres presupuestos de materiales de construcción para levantar las aulas cuyas dimensiones son fijadas por el MEC a través de la Dirección de Infraestructura.

Dicha dirección tiene a su cargo evaluar el terreno, fijar las dimensiones de las aulas y fiscalizar el desarrollo de las obras, pero ¿esto se realiza realmente? Guido Ortellado cuenta que para todo el país disponen de 30 fiscalizadores, a veces sin presupuesto suficiente o sin móviles, entonces ¿quién garantiza la calidad de las obras?

Meses atrás, ABC Color publicó cómo se negociaban con los fondos entregados a escuelas de Villeta, provenientes de la donación de la Comunidad Europea. En escuelas de Villeta, los propios funcionarios del MEC, incluidos supervisores técnicos, llevaban “de la mano” al contratista amigo para que firme un contrato privado con las escuelas, en el mismo día que se entregaban los fondos para las obras.

Fueron cuatro escuelas las que se vieron obligadas a hacer este proceso, a sabiendas de que se trataba de un político liberal, excandidato, dueño de una metalúrgica, sin experiencia en construcción de obras, pero con una constructora móvil. Incluso presentaba una factura como propietario de una ferretería y venta de materiales, cuya existencia no se pudo corroborar.

Un padre de familia, miembro de las ACEs de una de las escuelas de Villeta, relató a este medio que se compraban materiales de segunda mano, ladrillos quebradizos, y de no ser por él, la viga madre, hecha totalmente de cemento, se habría construido sin cumplir con los requisitos.

El MEC había ordenado la investigación del caso, pero hasta la fecha no han emitido dictamen o resultado alguno sobre la irregularidad denunciada.

Esta experiencia demuestra la vulnerabilidad del mecanismo del MEC de otorgar fondos a los padres y directores, y de la confabulación entre funcionarios y supuestos contratistas que se benefician de la falta de control.

En la escuela básica 1007 Centenario de la Epopeya Nacional ocurrió una desgracia con suerte, el techo de un aula se desplomó totalmente, un domingo por la noche, horas antes de que los alumnos vuelvan a clase. El solo hecho de imaginar que ello ocurra en un aula llena de niños, eriza la piel.

Guido Ortellado confiesa que el 70% de las instituciones educativas del país no fueron fiscalizadas, y que muchas de ellas presentan deterioros importantes en su infraestrutura, falencias en la construcción de baños, o no cumplen con las dimensiones establecidas por el MEC.

“Lo que quiero corregir esa información de que el 27% a 30% estan en buenas condiciones, el resto requiere mantenimiento o aumentar la infraestructura para cubrir la demanda, estamos en un plan de recuperacion de las instituciones”, señala.

Ortellado insiste que falta presupuesto para que se pueda cumplir con la fiscalización de las 12.500 instituciones educativas del país. En cierta forma responsabiliza al Congreso Nacional y al Ministerio de Hacienda de no otorgar los suficiente para llevar a cabo sus funciones.

“Inicialmente tuvimos un presupuesto de 84.000 millones de guaraníes en el rubro 520 para licitación, posteriormente hubo un recorte de casi el 70% de ese presupusto, dejando ese rubro de 26.000 milones de guaraníes para pagar deudas pendientes, o sea que posiblidad de inversión de este año no tenemos y eso se traduce en el estado de las escuelas y se ven con vidrios rotos, sanitarioas desturidos, instalaciones eléctricas precarias y en el peor de los casos con techos caídos”, señala.

El funcionario expresa además que para poder cumplir necesitan 100 millones de dólares a fin de evitar que primero muera alguien.

“No se espera en absoluto que muera nadie o que sea golpeado alguien, solo que se esta respondiendo en la medida de posibilidades o de medios que cuenta el MEC. Si queremos solucionar todo el problema de infraestructura del país necesitamos millones, aproximadamente 100 millones de dólares, para que el MEC pueda mantener sus instituiciones educativas en óptimas condiciones”, agrega.

Las obras que se realizan en las escuelas públicas del país son verificadas por fiscalizadores de obras, quienes deben tener conocimiento de construcción, como arquitectos o ingenieros. Estos a su vez con son controlados por un supervisor técnico de infraestrutura, que no necesita tener conocimiento de construcición, según confirma el propio director de Infraestrutura.

“Hace falta tener conocimiento (de construcción), pero el supervisor es un cargo administrativo, pero estan los fiscales de obras que son los que firman las planillas, las actas de inicio de obra, las de avance y recepcion definitiva de las obras, esos son otros cargos. Infraestrutura no es solo para arquitectos e ingenieros, también tenemos contadores, abogados, personal administrativo competente, que desempeñan un cargo administrativo, pero quienes certifican las calidad de las obras son los fiscales que son ingenieros, arquitectos o técnicos del ramo”, indica.

Ortellado explica además que el supervisor solo debe centrarse en que se realicen las obras, el avance de las mismas y la culminación. La responsabilidad de la resistencia de los edificios y aulas recae sobre los fiscalizadores de obras, destaca.

La Dirección de Infraestructura verifica varios casos actuales como el de la escuela Epopeya de Asunción, también en Hernandarias, Horqueta, Independencia Nacional y Concepción.

En marzo del 2011, se derrumbó el techo del aula de sexto grado de la escuela privada Crecer, hiriendo a 14 niños y una docente, ocasión en que el MEC anunció que tomaría medidas si es que la escuela no ofrecía seguridad, contradiciendo las expresiones de Ortellado quien asegura que solo se fiscalizan las escuelas construidas con fondos del ministerio y que no sean subvencionadas.

Ese mismo mes otra escuela de la compañía San Miguel en Concepción perdió parte de su techo luego de una granizada. Se trata de la escuela básica 1889, mientras que en la escuela 12 de Junio del barrio Concordia de Mariano Roque Alonso dos docentes resultaron heridos luego de que les cayera encima un ventilador de techo.

En febrero del 2011, el colegio nacional Nuestra Señora de la Asunción comenzó a demostrar deterioro en su contrucción con paredes quebradas, pisos hundidos lo que representó un grave peligro de derrumbarse por lo que tuvo que ser clausurado.

Ese mismo mes en Limpio, niños de la escuela San José se llevaron el susto de sus vidas luego de que una parte del corredor se desplomara. Lo peor del caso es que en el lugar donde se registró el derrumbe una empresa había realizado refacciones.

Otro caso emblemático fue la Facultad de Ciencias Químicas cuyo techo raso cayó sobre alumnos, docentes y equipos. Una joven sufrió lesiones a raíz de los pedazos de materiales que cayeron sobre la misma.

Estos son casos más puntuales, aunque existen muchos otros que no salen a la luz, y la pregunta que nos hacemos es ¿debe morir alguien para que se comiencen a verificar el estado de las aulas de todas las instituciones públicas del país?

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