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El reporte “El poder del cacicazgo”, elaborado por la asociación Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), documentó 147 casos de violencia contra comunicadoras en 24 estados del país, 61 más de los registrados en el periodo 2012-2013.
En los últimos años “se ha incrementado el abanico de agresores” que atacan a las comunicadoras que están ejerciendo de manera “libre e independiente”, aseguró Gloria Muñoz, directora del medio digital Desinformémonos, quien compartió su experiencia con otras periodistas en un diálogo celebrado en la capital y moderado por Lydia Cacho.
La mayoría de las periodistas agredidas (el 70 %) cubrían temas políticos en el momento de su agresión, así como sociales (21,7 %) -que incluyen protestas por temas vinculados a los derechos humanos- y de seguridad (8,1 %).
Sin embargo, su labor profesional no se pone en el centro de las investigaciones, sino que se tiende a buscar las causas en su vida privada, coincidieron las participantes.
La activista y columnista Maite Azuela relató cómo recibió una fotografía intimidatoria cuando trabajó sobre casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad, y que, cuando acudió a las autoridades, no le preguntaron “sobre qué estás escribiendo”.
Únicamente le preguntaron “a quién responsabilizas”, lo que consideró “ descabellado e irresponsable”, afirmó.
“Todo el tiempo les tienes que convencer que lo que pasó (...) tiene que ver con tu trabajo; en el fondo dudan que tu trabajo sea tan importante para que merezca una agresión”, aseveró la directora de Cimac, Lucía Lagunes.
La respuesta de las autoridades, incluyendo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, hace que el índice de denuncias formales aún sea bajo, lo que el reporte vincula a la “poca confianza en las instituciones de justicia”.
El mecanismo de protección para defensores de DD.HH y periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha registrado de octubre de 2012 a junio de 2016 la denuncia de 82 mujeres periodistas, que representan el 35 % de quienes están bajo protección de esta instancia.
“Las fiscalías siempre están del lado del agresor, y eso es un problema monumental”, afirmó Cacho, quien con su testimonio señaló que las instituciones de justicia sientan a la víctima con su propio agresor, en un contexto en el que el 54,4 % de los ataques provienen de servidores públicos.
Las mujeres también reciben un trato diferenciado respecto a sus compañeros, ya que cuando sucede una agresión a ellos se les otorga apoyo y a ellas se les tilda de “histéricas”, y se dice que quieren visibilidad o “un premio”, comenta Muñoz.
Asimismo, cuando una periodista da su opinión política públicamente, se considera “un error”, dijo Cacho, quien agregó que esto está relacionado con la idea que aún subyace de que “las mujeres no somos ciudadanas plenas”.
El oriental estado de Veracruz, que acumula el 19,7 % de los casos, se ubica como el más peligroso para las periodistas, seguido por la Ciudad de México (18,7 %) -que de acuerdo con el informe “dejó de considerarse un lugar seguro ” - y Guerrero (8,1 %).
Muñoz señaló que en los últimos años ha tenido que aplicar en la redacción medidas como que las reporteras informen previamente de su trayecto de regreso en las coberturas “de alto riesgo”.
No obstante, echando mano de una perspectiva que cubra el último cuarto de siglo, se han visto avances, como la construcción de redes de protección de periodistas, que “nos han salvado la vida en más de una ocasión y en muchos sentidos”, destacó Lagunes.
La directora de Cimac también resaltó otros aspectos positivos, entre ellos que se ha asimilado que “hacer periodismo con perspectiva de género es hacer periodismo” y la aparición de nuevas generaciones que tomen el relevo.