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En rueda de prensa, el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, reclamó al juez neoyorquino Thomas Griesa suspender la ejecución de la sentencia “con el objeto de la no aplicación de la cláusula Rufo”. Según Capitanich, los eventuales juicios contra Argentina derivados de la aplicación de esa cláusula acrecentarían la deuda del país suramericano “de 120.000 a 500.000 millones de dólares”.
“A la vez implicarían perjuicios notorios a los funcionarios responsables, desde la presidenta (Cristina Fernández) a sus ministros”, agregó.
La cláusula Rufo fue incluida en los canjes de deuda argentina de 2005 y 2010, a los que se adhirieron el 92,4 % de los acreedores, y les concede el derecho a recibir el mismo pago que los fondos especulativos si el Gobierno argentino realiza un pacto voluntario con ellos antes de 2015, ya que, vencido ese plazo, los bonistas pierden el derecho a reclamar.
Horas antes de la audiencia entre las partes convocada por el juez Griesa, el jefe de Ministros sugirió también a los fondos buitre que ofrezcan garantías legales para blindar al país de nuevos juicios.
“Si el juez o los fondos buitre dicen que la cláusula Rufo no aplica, por qué no pagan un seguro?”, dijo Capitanich.
“Si (la cláusula) no aplica sería un seguro irrisorio, y en consecuencia tendríamos la cobertura legal frente a implicancias sistémicas”, continuó.
El jefe de Gabinete reiteró la voluntad de diálogo de Argentina siempre que existan “condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el ciento por ciento de los bonistas”. Por ese motivo, volvió a solicitar al juez Griesa que dicte una medida cautelar que permita a los tenedores de bonos reestructurados cobrar el último vencimiento de intereses, que se mantiene retenido en entidades bancarias por orden judicial.
El próximo 30 de julio vence el mes de plazo que tiene Argentina para regularizar el pago de los bonos reestructurados antes de ser considerado en un cese de pagos técnico.