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“Valoramos positivamente la presentación del Gobierno de Estados Unidos en apoyo a la posición de Argentina”, dijo el jefe de Gabinete de este país, Jorge Capitanich, en rueda de prensa.
Aseguró que “no presentó sorpresas” la audiencia celebrada ayer en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que escuchó los argumentos del fondo de inversiones NML Capital y del Gobierno de Argentina sobre la identificación de bienes argentinos en todo el mundo por una petición de embargo por bonos impagados por este país.
La audiencia se refirió solamente al grado en que pueden buscarse los activos de una nación soberana para reclamar compensaciones, sin tocar el tema de fondo, que es la apelación de Argentina contra un fallo que le ordena pagar 1.400 millones de dólares a tenedores de deuda.
El respaldo a la postura argentina llegó de la mano del subprocurador general estadounidense, Edwin Kneedler, quien sostuvo ante los jueces que pedir a los bancos que informen sobre activos que posee Argentina en el exterior viola el principio de inmunidad soberana.
El fondo de especulación financiera NML Capital, con sede en las islas Caimán, solicita acceso a los registros bancarios para conocer cómo mueve Argentina sus activos por todo el mundo e identificar dónde podría buscar compensaciones por los bonos impagados.
Las preguntas de los magistrados del Supremo durante la audiencia de ayer insinuaron una aparente intención de buscar un punto intermedio entre ambas partes, de modo que se pueda exigir a una nación soberana que informe sobre sus activos, pero no así sobre los bienes relacionados con la diplomacia, la seguridad nacional o los servicios militares.
En medio de la severa crisis económica de 2001, el Gobierno de Argentina declaró una moratoria de pagos sobre más de 80.000 millones de dólares de sus deudas, y NML estaba entre los compradores de bonos depreciados.
En las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, el Gobierno de Argentina propuso un canje de deuda con una importante quita al que se adhirió el 93% de los acreedores, pero el 7 % restante mantiene abiertos litigios contra Buenos Aires para obtener el reembolso íntegro de los bonos.
Capitanich señaló que esperan que el alto tribunal estadounidense emita su veredicto en unos tres meses.